Una mirada retrospectiva a nuestra democracia

El paso del tiempo es lo único que permite poner en perspectiva los múltiples factores que inciden en una determinada coyuntura política. La mirada desde la distancia ofrece frescura y a la vez profundidad para diferenciar lo que fue relevante o no, lo que tuvo peso en el discurrir de los acontecimientos o lo que fue meramente fugaz que en el momento pudo parecer de una importancia mucho mayor. Esa perspectiva que da el tiempo permite a las sociedades pasar balance, sacar conclusiones y seguir adelante.

En las últimas cuatro décadas, la sociedad dominicana ha tenido tres coyunturas políticas de crisis cuyos desenlaces tuvieron mucho que ver con en el desarrollo de su sistema de gobierno, su democracia y su gobernabilidad. Una fue la transición política de 1978, la segunda fue la crisis político-electoral de 1994 y la más reciente la crisis electoral de 2020. En cada caso, la manera cómo los actores políticos y sociales relevantes actuaron y tomaron decisiones en medio de múltiples presiones y demandas fue crucial para que la vida política dominicana tomara un determinado curso en lugar de otro.

En 1978 el país vivió un momento estelar de su historia política pues fue la primera vez que se produjo una transferencia pacífica de mando de un partido político a otro producto de unas elecciones luego del triunfo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y su candidato presidencial Antonio Guzmán tras doce años de gobierno del presidente Joaquín Balaguer, el cual estuvo marcado por grandes restricciones a las libertades públicas, fuerte politización de las fuerzas militares, fraudes electorales y un alto grado de confrontación y violencia política en el contexto de la Guerra Fría.

Aún cuando el PRD obtuvo una indiscutible mayoría a nivel presidencial y congresual, fuerzas militares y políticas del balaguerismo pusieron resistencia al cambio democrático, por lo que, al final, el nudo de la transición política pudo desenredarse porque al partido de Balaguer se le otorgó, mediante el denominado “fallo histórico” de la Junta Central Electoral (JCE), cuatro senadurías adicionales, que no había ganado, para que pudiera tener mayoría en el Senado y de esa manera preservar una cuota importante de poder ya que esta cámara legislativa tenía la facultad de designar los jueces de los tribunales del país, los miembros de la JCE y los miembros de la Cámara de Cuentas, además de retener una capacidad de veto ante cualquier reforma constitucional que pudiese impulsar el PRD.

El aplomo, la prudencia y el sentido práctico que mostró el presidente Guzmán para entender las restricciones de la coyuntura política hizo posible que las fuerzas políticas y militares balagueristas y el propio Balaguer terminaran aceptando el triunfo del PRD y dieran paso al cambio político, al tiempo que el presidente Guzmán mostró sabiduría y fortaleza en el manejo de la cuestión militar y otros aspectos cruciales de la transición democrática. A partir de ese momento se produjo una liberalización creciente del sistema político y un proceso de democratización que ha perdurado hasta el presente.

Dieciséis años después de aquella transición política, la democracia dominicana, que ya había avanzado considerablemente en su proceso de consolidación, fue puesta a prueba en la crisis político-electoral de 1994. Tras un proceso electoral que fue fuertemente cuestionado por observadores nacionales e internacionales, los mismos actores que se enfrentaron en 1978 volvieron a ser protagonistas de un enfrentamiento que pudo dar al traste con la estabilidad política y la gobernabilidad.

No obstante, justo cuando el país parecía estar al borde del precipicio político, las tres principales fuerzas políticas del país en esa coyuntura (PRD, PRSC y PLD) actuaron con sensatez y prudencia al decidir buscar, con la mediación de monseñor Agripino Núñez Collado y del jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA John Graham, una salida negociada a la crisis que desembocó en una reforma constitucional que redujo el nuevo período de gobierno de Balaguer a dos años e introdujo cambios institucionales importantes en los ámbitos electoral y judicial. El papel del Dr. José Francisco Peña Gómez fue particularmente notable pues este, aún sintiendo con razón que había sido despojado de su triunfo electoral, prefirió ceder para preservar la paz y la estabilidad en lugar de radicalizar sus fuerzas de apoyo y causar una fuerte disrupción en la vida política nacional.

Por su parte, el proceso electoral de 2020 puso de nuevo a prueba la fortaleza institucional de la democracia dominicana y el sentido de compromiso y responsabilidad de sus principales actores políticos. La súbita e inesperada suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero puso en extrema tensión a la vida política nacional que dio lugar a movilizaciones de diversos sectores sociales, especialmente jóvenes, que encontraron en la Plaza de la Bandera, situada justo al frente de la Junta Central Electoral (JCE), el lugar que sirvió no solo de espacio físico para las protestas sino también de símbolo de la causa que defendían.

La suspensión de las elecciones municipales fue un hecho grave sin precedentes en la historia electoral dominicana en la etapa post Trujillo. La protesta social se dirigió contra la JCE y contra el propio gobierno, aunque luego una comisión de expertos de la OEA atribuyó de manera inequívoca que la suspensión de las elecciones se debió a fallas técnicas, falta de planificación y ausencia de rigor en las pruebas a los dispositivos que se usaron para el voto electrónico. A la crisis electoral se sumó el impacto en el país de una pandemia global que hizo necesario declarar el estado de emergencia que, a su vez, generó más tensiones y conflictos que enrarecieron el ambiente político nacional.

No obstante, los principales actores políticos –del gobierno y de la oposición- volvieron a actuar con la responsabilidad que han actuado en otras coyunturas críticas. La JCE, a pesar de tener la credibilidad en el suelo, fue reponiendo poco a poco su capacidad de actuación y finalmente logró, con ajustes en el calendario electoral debido a la pandemia, que se celebraran exitosamente tanto las elecciones municipales como las elecciones presidenciales y congresuales. Por otra parte, a diferencia de otros países de la región, en los que las protestas pacíficas de jóvenes fueron enfrentadas por los gobiernos con brutalidad policial, en el país no hubo entre los manifestantes un solo detenido, un solo golpeado y mucho menos asesinado, lo que evitó qaue la crisis escalara y se hiciera inmanejable por los canales institucionales normales.

La oposición política, liderada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato presidencial Luís Abinader, salió victoriosa en la contienda electoral. La voluntad popular fue respetada, el candidato del partido de gobierno reconoció el triunfo de Abinader la misma noche de las elecciones y al día siguiente el presidente Danilo Medina designó la comisión de transición que trabajó con las autoridades entrantes en la preparación de una transferencia pacífica, ordenada y democrática del poder.

En comparación con otros países de América Latina, en los que las situaciones de crisis o protestas en tiempos recientes han desembocado en violencia, inestabilidad e ingobernabilidad, la manera como los actores políticos dominicanos respondieron a una situación realmente compleja, es admirable. La existencia de partidos políticos con suficiente fortaleza y de líderes responsables que, aún en medio de enfrentamientos viscerales, son capaces de actuar en función de preservar la estabilidad política y la gobernabilidad, es algo que distingue a la democracia dominicana, lo que no es del todo o siempre apreciado por algunos sectores de la vida nacional.

Desde luego, tenemos retos enormes para mejorar la calidad de las instituciones, pero en tanto se avanza en ese proceso hay que valorar lo que hemos alcanzado en el desarrollo y consolidación de nuestra democracia y poner cuidadosa atención al discurso, tan popular en estos tiempos, que procura deslegitimar la política, los partidos y las instituciones del sistema democrático. La experiencia en otros países de nuestra región muestra que si este discurso prospera lo más probable es que se genere un vacío que no necesariamente será llenado con más democracia sino con algún tipo de fórmula autoritaria que nos hará añorar lo que hemos logrado durante ya más de cuatro décadas desde la transición democrática de 1978.

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Flavio Darío Espinal

Abogado y profesor de Derecho Constitucional de la PUCMM. Es egresado de la Escuela de Derecho de esta universidad, con una maestría de la Universidad de Essex, Inglaterra, y un doctorado de la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Socio gerente FDE Legal.