Vulneración del derecho a la educación

La educación es un derecho humano. Es reconocido como derecho fundamental en la Constitución Dominicana y tratados internacionales de los cuales formamos parte. También existen otros derechos y obligaciones relacionados con los menores de edad, que han sido impactados a raíz de la Pandemia del COVID 19. Todas las personas y los distintos sectores económicos en algún sentido han sufrido con esta situación. Pero probablemente la educación y los niños están siendo los más afectados en la República Dominicana.

Se podría afirmar que hemos retornado a una virtual normalidad. Las distintas áreas productivas en su mayoría están operando, aunque con ciertas, y en algunos casos mínimas, limitaciones. Inclusive los lugares que la ciencia ha establecido como los más propensos a la propagación del virus. Sobre los bares, el Profesor Jeffrey E. Harris publicó un estudio científico en Noviembre bajo el título “Análisis geoespacial del brote de Coronavirus en Septiembre 2020 en la Universidad de Wisconsin-Madison: ¿Contribuyeron un grupo de bares locales?”. Se evidencia en dicha publicación cómo los hábitos de bebida de tan pocos, impactan a tantos. Un artículo en el medio NPR de la autoría de Rosemary Misdary recoge datos en este sentido. De igual modo, cada día la literatura médica aporta nuevos estudios que confirman que los niños no son el principal foco de propagación. El análisis riesgo beneficio demuestra que el daño de mantener las escuelas cerradas, es mayor. Por esto organismos internacionales como UNICEF, UNESCO, OMS, Sociedades Médicas entre otros relacionados, indican como última opción el cierre de las escuelas.

Entre los más recientes estudios que han sostenido que no se puede afirmar que los niños diseminan el COVID 19, tenemos el Institut Pasteur en Francia y el Hospital Vall dHebron en Barcelona. A su vez, la Profesora Emily Oster de Brown University en los Estados Unidos de América, al analizar la data del Estado de Nueva York, concluye que la escuela presencial no parece incrementar el riesgo de propagación del virus, tanto para los estudiantes como para el personal educativo. La literatura abunda. Está disponible para todo aquel que desee tomar una decisión basada en los datos científicos. Por tanto, aún no existen evidencias médicas y/o científicas para mantener las escuelas cerradas. No se justifica la prohibición o dificultad de acceder al derecho a la educación. Lo que no se concibe es cómo se considera que el placer, la diversión, ingesta de alcohol o fumar hookah, entre otras, es más relevante para nuestro país que garantizar y no obstaculizar el derecho educación a las futuras generaciones. Parecería que en República Dominicana existe un derecho fundamental que el Estado debe garantizar a las actividades lúdicas por encima del derecho a la educación. Siempre ha habido consenso sobre la importancia del interés superior del niño, pero recientemente no se percibe como tal.

Las últimas declaraciones del Gobierno sobre la tasa de positividad afirman que esta debe ubicarse en un 5% para abrir los colegios. ¿Cuál es entonces la base para permitir que las demás áreas productivas sí estén abiertas? Esto no obedece a razones científicas y/o médicas. Otro argumento que asoma en ocasiones es que no se puede permitir que el sector privado avance con las clases y que el público se quede rezagado. Felicitamos al gobierno por implementar el plan de educación a distancia y hacer un gran esfuerzo por salvar el año escolar. Pero no podemos aceptar que se penalice al sector privado ante las deficiencias del sector público. No hace falta mayor análisis para saber que en este país siempre han existido esas diferencias. El mismo Estado está impidiendo el acceso a la educación. Castigando al sector privado por contar con los planes y herramientas necesarias para educar. Igualando el nivel de educación de todos. Pero no para una mejoría ni alcanzar la excelencia académica. Bajo esa misma línea de razonamiento, si algunos sectores no tienen acceso a comida, vivienda o salud, ningún Dominicano debería tener la posibilidad de procurarlos por sus propios medios.

No obstante lo anterior es preciso resaltar que desde el Estado se han preparado planes para la semi presencialidad del sector público. Esto incluye escuelas, centros concertados y algunas instituciones que ofrecen servicios de guardería a los más pequeños. Además del plan y protocolo, cuentan con las instalaciones adecuadas. Otras se localizan en lugares que no han sido fuertemente impactados por la Pandemia. Estas condiciones demuestran que sí hay lugares que podrían abrir de manera paulatina en el sector público.

El Presidente Luis Abinader se comprometió a gobernar para todos los Dominicanos. Reconoció que puede equivocarse y podría cambiar su postura de ser así. Señor Presidente, urge abrir las escuelas. La educación sufre.

La autora es abogada y Directora Ejecutiva de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AINEP)

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