Combatir la corrupción y eliminar la impunidad

Los escándalos de corrupción han estado presentes en todos los gobiernos después de los siete meses de gestión del profesor Juan Emilio Bosch Gaviño, en 1963, y es uno de los factores que no nos deja desarrollarnos como nación. Muchos políticos han aprovechado el Estado para enriquecerse sin sanción en la mayoría de los casos, fundamentalmente por la debilidad institucional y por un sistema de impunidad creado para su protección.

El Estado ha sido depredado por gente que ha ido a la política a buscar fortunas, que ha visto la política como una forma de ascenso social y económico. La situación ha llegado a niveles alarmantes; pero peor aun, una buena parte de la sociedad ha visto el fenómeno como normal y, sorprendentemente, ha llegado hasta a aceptarlo. El daño es incalculable, porque este flagelo ha impedido que la República Dominicana solucione sus problemas fundamentales.

La transparencia ha estado ausente; muchos políticos, de todos los partidos, se prepararon para ejercer el poder y acumular dinero a los ojos de la población, sin ninguna sanción. Los líderes se han quedado en el discurso y en las promesas, han sido permisivos con su gente, con los de su entorno, han permitido que se afecte al Estado con miles de millones de pesos. Transparencia Internacional coloca a República Dominicana entre los países con más altos niveles de corrupción del mundo, con una puntuación de 28 sobre 100 y en el lugar 137 de 180 países.

El problema es tan grave, que un expresidente del país llegó a afirmar hace 25 años, que la corrupción se llevaba cada año RD$30,000 millones, un monto similar al Presupuesto de la Nación en ese entonces (hoy es superior) y prometió un sistema para que las personas acusadas de corrupción tuvieran que demostrar en justicia cómo se enriquecieron; pero cuando llegó al poder lo olvidó y permitió que mucha gente de su partido se enriqueciera y acumulara enormes fortunas. Esa gente compite hoy con los empresarios y con los ricos tradicionales del país.

La sociedad ha esperado por mucho tiempo un plan serio de lucha contra la corrupción, un compromiso real; a los gobernantes no les ha interesado y la señal que se envió desde el poder es que se puede llegar a administrar los fondos públicos y enriquecerse sin sanción. Ningún político se ha atrevido a impulsar una iniciativa para eliminar este flagelo y la población ha tenido que forzar ese proceso, igual como lo hizo con el problema de la educación dominicana.

La solución al problema de la corrupción y la impunidad llegará, es un proceso indetenible, no porque lo quiera un político en particular, llegará porque la gente se empoderó y decidió que se debe poner freno y crear las condiciones para que al Estado se vaya a servir, no a servirse y quien se equivoque pague el precio que imponen nuestras leyes. La Marcha Verde y las protestas de la Plaza de la Bandera son buenos ejemplos. Además, el movimiento de las sombrillas amarillas demostró qué tan fuerte es la sociedad cuando se unifica con un propósito; por su lucha hoy se destina un 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación.

Para nadie es un secreto que la principal demanda de la sociedad en los últimos cuatro años fue la transparencia y el cese de la impunidad. Eso se convirtió en un sentimiento nacional que se llevó del poder al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y abrió las puertas al triunfo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato Luis Abinader; la sociedad abrazó a Luis Abinader en su demanda de cambio y lo hizo compromisario de ese reclamo de lucha contra la corrupción.

El presidente Abinader tiene el compromiso de marcar la diferencia y ha comenzado a dar señales muy positivas. El anuncio de un plan contra la corrupción administrativa y de reformas institucionales, que incluye una reforma constitucional para darle independencia real al Ministerio Público así lo demuestra. Es un plan tan amplio, que tal y como ha dicho el presidente, es como refundar el Estado dominicano, para que haya transparencia en el gasto, mayores controles administrativos, fortaleza institucional y capacidad para sancionar a los corruptos.

Sólo la lucha real contra la corrupción, la independencia judicial y fortaleza institucional que garantice el cese de la impunidad permitirán fortalecer nuestro sistema democrático, solucionar los problemas de la nación y evitará movimientos sociales similares a los de otros pueblos de América Latina que han afectado la democracia en la región. Necesitamos un Estado fuerte, plural y transparente, en el que todos los ciudadanos estén al alcance de la ley. Ojalá que el presidente Abinader pueda ejecutar su plan anticorrupción y las reformas institucionales planteadas. Ojalá que se logre poner fin a la corrupción y a la impunidad.

José María Reyes