El grave daño de las bebidas adulteradas

La comercialización de bebidas adulteradas se convirtió en un gran negocio para sectores que operaron con facilidad e impunidad en los últimos años, pero con un elevado costo para la sociedad dominicana. Con sus laboratorios clandestinos ganaron millones de pesos, cientos de personas han perdido la vida al consumir bebidas con metanol y se ha provocado un grave daño a prestigiosas marcas registradas de alcohol en la República Dominicana.

Lo que esta gente le ha estado vendiendo a la población es veneno. Solo en abril murieron 132 personas, llevando luto y dolor a muchos hogares, y cientos resultaron intoxicados, con lesiones graves a su salud. El pasado año murió una cantidad similar, lo que evidencia que los controles estatales han fallado y la gente quedó desprotegida. Los responsables deben pagar, deben recibir sanciones ejemplares que envíen una señal a la sociedad.

Esas personas fallecidas fueron envenenadas y eso no puede pasar como un caso normal, estamos frente a un caso grave que no se debe tolerar. Son víctimas de una mafia que coloca en colmados y otros establecimientos comerciales bebidas adulteradas, falsificadas y otras provenientes del contrabando. Son actos propios de gente indeseable que solo les importa el enriquecimiento, sin importar las vías para conseguir el dinero ni las consecuencias.

Han creado marcas de bebidas elaboradas con metanol, líquido altamente tóxico, y han alterado bebidas de renombre que son vendidas en cualquier establecimiento comercial provocado serios daños a la gente y a marcas establecidas a base de mucho esfuerzo. Además de las muertes, esto representa pérdida de mucho dinero para empresas de producción de alcohol y pérdida de empleos. Esa gente debe recibir las sanciones que merecen.

Estamos ante un problema de salud pública, y el Gobierno ha respondido regulando la importación y comercialización del metanol y, a través de Pro Consumidor, presentó 14 expedientes por ante la Procuraduría, de 12 colmados y dos fábricas de bebidas, para que procesen a los responsables de esos negocios. Como siempre, estamos reaccionando a un problema que se viene denunciando hace muchos años.

Según el decreto 275-21, los importadores de precursores del metanol, etanol, isopropanol y propanol deberán contar con un inventario por separado de cada tipo de producto y justificar debidamente cada merma o pérdida a las direcciones de Aduanas y de Control de Drogas, así como indicar la relación entre la cantidad importada de estos productos y el volumen de bienes producidos. Pero, eso no es suficiente si no se acompaña de más prevención, si no hay supervisión para evitar el uso de esta y otras sustancias en la alteración de bebidas alcohólicas.

Es evidente que estos casos han dejado al desnudo una gran debilidad de parte de las instituciones que deben velar por la calidad de lo que consume la gente. El Ministerio de Salud Pública y Pro Consumidor deben trabajar de manera permanente para prevenir este tipo de casos, para garantizar a la población que lo que consume es de calidad y no pone en riesgo su salud. La prevención no existe, lamentablemente en la mayoría de los casos lo que hacemos es reaccionar para corregir el problema.

Aspiramos a que con estas nuevas medidas se le dé un uso correcto al metanol y que las autoridades puedan perseguir a los responsables de las personas que han sido envenenadas con bebidas adulteradas, a esos que hicieron mucho dinero sin importar que estaban envenenando personas. Que las autoridades dediquen los recursos necesarios para aplicar políticas que garanticen el control de la calidad de los productos y servicios que recibe la población. Que haya supervisión preventiva para dar garantía de que lo que consume no te vas a matar.

José María Reyes