Imagen de la aviación civil

Dejar las pistas de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de las Américas Doctor José Francisco Peña Gómez sin energía eléctrica puso en peligro la vida de decenas de personas, provocó un grave daño a la imagen de República Dominicana, y el Gobierno dominicano tiene la obligación de dar una respuesta que convenza a la sociedad dominicana y la comunidad internacional.

Se trató de un sabotaje, las autoridades así lo establecieron; pero una semana después no se sabe si fue contra el Estado Dominicano o en contra de la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), que administra la mayoría de los aeropuertos del país. Cortar los cables de electricidad y dejarlos tirados en la pista del principal aeropuerto del país para impedir el aterrizaje de aviones es un atentado a la seguridad y a la aviación civil.

Con ese acontecimiento, además de poner en riesgo la vida de los pasajeros que venían en cinco aviones que fueron desviados hacia otros aeropuertos y uno tuvo que regresar a Puerto Rico, se afectó otros diez vuelos y miles de pasajeros tuvieron que reprogramar sus viajes. Esto, evidentemente, provocó un daño incalculable a la seguridad de las operaciones aéreas; aunque las autoridades no lo admitan ya afecta nuestra imagen y nos puede provocar sanciones a la aviación civil que afectarían nuestro turismo y nos dejaría miles de millones en pérdidas.

La señal que hemos enviado, desgraciadamente, se puede interpretar como que no es seguro volar hacia República Dominicana, y esto tiene un efecto negativo en la imagen del país y para las operaciones aéreas calificadas como ejemplo de la región. Este hecho no se debe minimizar bajo ninguna circunstancia, no debe pasar como un caso más, no debe pasar como un simple cortocircuito ni como un robo de cables, porque la respuesta de las autoridades debe satisfacer a la sociedad y a los que dirigen la aviación civil internacional.

República Dominicana está entre los países categoría I en aviación civil internacional. ¿Saben qué nos costó cumplir con todas las exigencias, incluida la seguridad? Años de sanciones para una aerolínea dominicana poder volar aviones hacia Estados Unidos, miles de millones de pesos en inversiones para garantizar unas operaciones aéreas seguras y un país que apuesta al turismo no se puede dar el lujo de una degradación de categoría por fallas en la seguridad en los aeropuertos.

Sería interesante saber cuáles mensajes han recibido la Junta de Aviación Civil (JAC) y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), que regula la aviación civil internacional, y en qué medida han advertido que esto puede afectar el espacio que nos hemos ganado en más de 20 años de esfuerzos para colocarnos entre los países más seguros en materia de operaciones aéreas.

Este acontecimiento no puede quedar en una justificación como la que ofreció el director del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac), Carlos Febrillet Rodríguez, de que “no hay ningún aeropuerto 100 % seguro”; tampoco en el famoso cortocircuito. De hecho, ya la vicepresidenta Raquel Peña manifestó ante el país que se trató de un sabotaje, porque el autor o los autores cortaron los cables y los dejaron en la pista de aterrizaje, y el informe emitido por las autoridades aeronáuticas y Aerodom estableció que “cortaron de manera intencional y planificada los cables eléctricos del circuito que alimenta el sistema de luces de pista del aeropuerto”.

El presidente Luis Abinader tiene que asumir este tema como una prioridad; el Gobierno debe poner todo su empeño en establecer quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del sabotaje, cuál fue el objetivo y hacer todas las diligencias posibles para que sean sancionados. La investigación que han iniciado la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Defensa no deben dejar dudas sobre los responsables, el objetivo y las sanciones deben convertirse en una garantía de la seguridad de nuestras operaciones aéreas.

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