Tribunal declara en rebeldía a agroempresario acusado de evadir juicio por daños ambientales
Está acusado de deforestar más de 150 tareas, como resultado de la eliminación de especie de la vegetación nativa
Diario Libre
La Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San José de Ocoa declaró en rebeldía al propietario de una empresa agroforestal dedicada a la cosecha de aguacates, quien, de acuerdo con el Ministerio Público, ha faltado de forma reiterada reiterada a las audiencias en el juicio que se le sigue por deforestación y otros daños ambientales en un área boscosa del municipio Sabana Larga.
La Procuraduría General de la República informó que el citado tribunal ordenó, de igual forma, el arresto del empresario Manuel Castillo Pimentel, presidente de Macapi S.A., tras ser declarado en rebeldía por el juez Alfis Castillo.
La autoridad judicial tomó esa decisión en respuesta a la petición de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren), que acusa al empresario por daños ambientales en la Loma Redonda, ubicada en el municipio Sabana Larga, provincia San José de Ocoa.
La decisión fue tomada durante la audiencia celebrada el pasado miércoles 23 de enero, a la cual el imputado no asistió sin ningún tipo de justificación.
El presidente de Agroforestal Macapi tampoco fue a las cinco audiencias celebradas con anterioridad, con el alegato en esas ocasiones de tener problemas de salud.
En julio de 2022, la Proedemaren sometió a la justicia a Manuel Castillo Pimentel, a quien acusa de ser responsable de daños ambientales que perjudicaron los recursos del suelo, la biodiversidad (flora, fauna y recursos hídricos), además de causar impacto ambiental en torno a la Loma Redonda.
Estos daños incluyen la deforestación de más de 150 tareas, como resultado de la eliminación de especie de la vegetación nativa, como nin, jobo de puerco, guama, uva, palo hediondo, lino, caimito, candelón, cucaracha, bejucos, almácigo, caya, jabilla, bayahonda, entre otras.
Además, con sus acciones afectó una fuente hídrica, la cual dejó al borde del colapso, esto, como consecuencia de la deforestación en un área aproximada de cuatro tareas.
En adición a esto, construyó una explanada de 13 mil metros cuadrados y varios caminos carreteros con una longitud de nueve kilómetros y anchura de tres a cuatro metros.
La Procuraduría dice, que no conforme con ese daño ambiental, removió la superficie de suelos de las laderas, sin contar con un plan aprobado acorde a los términos que impone la Ley 64-00 sobre el Medio Ambiente.
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