Ambientalistas piden al Ministerio Público abrir investigación ante “violación de la ley” en Bucanyé
Exigen que se determine el mecanismo empleado para titulación en área protegida
Jusety Pérez
La Coalición para la Defensa de Áreas Protegida pidió a la Procuraduría General de República abrir una investigación para determinar “posibles responsabilidades por acción u omisión” del Ministerio de Medio Ambiente, Jurisdicción Inmobiliaria y a la Dirección General de Alianza Público Privadas en la titulación de terrenos dentro del paisaje protegido de Cabo Rojo, Pedernales, específicamente en Bucanyé.
Los ambientalistas solicitaron a las autoridades investigar con carácter de urgencia la situación, debido a que, según establecen, estos inversionistas obtuvieron más de 15 títulos en el último año y que también están solicitado permisos para la construcción de un complejo hotelero en esa zona.
“Consideramos pertinente que el Ministerio Público y las autoridades competentes abran una investigación sobre las posibles responsabilidades (por acción y omisión) en las que podrían haber incurrido la Jurisdicción Inmobiliaria, la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y el Ministerio de Medio Ambiente, para que hoy tengamos como resultado que la titularidad de un área protegida (que está estar resguardada por la constitución y las leyes) haya sido transferida a particulares que obtuvieron más de 15 títulos en el último año y que estos estén haciendo ocupación de la misma y solicitando permisos para la construcción allí de un complejo hotelero”, indica la coalición.
En una carta dirigida a la Procuraduría General de la República y a la Dirección de Ética Gubernamental, el colectivo sostuvo que el órgano acusador debe investigar cuál fue el mecanismo utilizado para “vulnerar la normativa vigente para que la Jurisdicción Inmobiliaria emitiera certificados de títulos dentro del paisaje protegido de Cabo Rojo”.
La comisión que se presentó ante la Procuraduría estuvo encabezada por Yolanda León y Luis Carvajal, quienes entienden que estos hechos violan la ley Sectorial de Áreas Protegidas, específicamente en su artículo 9, donde se establece: “Los terrenos pertenecientes al Estado que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas son imprescriptibles e inalienables y sobre ellos no puede constituirse ningún derecho privado”.
Además del artículo 9 de la citada ley, los representantes de la Coalición mencionaron el artículo 16 de la Constitución dominicana que dice: “La vida silvestre, las unidades de conservación que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los ecosistemas y especies que contiene, constituyen bienes patrimoniales de la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles”.
Se refirieron a la publicación de Diario Libre del pasado lunes, en la que el abogado Salvador Catrain, representante de la empresa Oceanus Investment y del empresario español, Elías Hernández, explica que en el 2021 firmaron un acuerdo con la Dirección General de Alianzas Público Privadas, donde se reconoce el derecho a propiedad de Oceanus Investment sobre los inmuebles ubicados en la parcela 40 y una porción de la parcela 41 de D.C. 3 de Enriquillo, Barahona, así también la seguridad jurídica de los mismos.
En ese sentido, en el acuerdo, Oceanus Investment se compromete a transferir al Estado dominicano, a modo de compensación por los compromisos y obligaciones de cara al desarrollo ecoturístico de Pedernales, la cantidad de 1,500,000 metros cuadrados.
Sobre la declaración de los empresarios Salvador Catrain y Elías Hernández Barrera, los representantes de la coalición manifestaron: “Debería de ser de interés del Ministerio Público y de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental procurar con los funcionarios firmantes y la Jurisdicción Inmobiliaria si el acuerdo se ha utilizado como base para la obtención de títulos presumiblemente de origen fraudulento”.
Agrega que en virtud de que el Ministerio de Medio Ambiente recibió una comunicación el 22 de abril del año pasado del inversionista, en las que se les declara propietario de varias porciones de terrenos en el área de Bucanyé y en las parcelas 40L y 40L4, no pueden alegar desconocimiento “de que este proceso de ocupación se estaba llevando a cabo”.
Firmantes de la denuncia
La misiva fue firmada por la Academia de Ciencias de la República Dominicana, la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Cúa Conservation y el Grupo Jaragua.
También la Sociedad Ecológica del Cibao, Inc. (Soeci), la Fundación Acción Verde Inc., la Fundación Moscoso Puello, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma), Guakía Ambiente, las ciudadanas Lissete Gil y Beatriz Cassá.
Jusety PérezPeriodista dominicana, egresada de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).
Continuar con Google