Observatorio Ambiental espera por decreto para ser una realidad a dos años de anunciarse
La promulgación de un decreto presidencial en fase de borrador es lo que finalmente materializará la creación del Observatorio
Marvin del Cid
La promulgación de un decreto presidencial en fase de borrador es lo que finalmente materializará la creación de un Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas que hace dos años fue convenido entre el presidente Luis Abinader y la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas mediante la firma de un acuerdo.
El viceministro de Áreas Protegidas, Carlos Batista, explicó a Diario Libre que el borrador del decreto que crea el observatorio fue aprobado -luego de varias revisiones por ambas partes- por el ministro de Medio Ambiente y remitido en octubre pasado a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para su revisión. Una vez agotado ese proceso, el decreto deberá ser firmado y promulgado por Abinader.
Batista señaló que, si el borrador es aprobado, la promulgación podría producirse "en cualquier momento", lo que permitiría finalmente la creación formal del observatorio acordado en enero del 2024.
Desde la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, el ambientalista Nelson Bautista valoró que el proceso haya avanzado. Recordó que el observatorio aún no existe legalmente ni ha iniciado funciones, pese a que se trata de un compromiso asumido por el Estado dominicano hace casi dos años.
"Esperamos que el proceso de revisión del borrador en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo concluya a la mayor brevedad posible y que el decreto sea firmado y promulgado por el presidente de la República, de modo que el Observatorio pueda comenzar a operar con reglas claras, transparencia y participación efectiva", expresó Bautista.
Un proceso no lineal: estancamiento y reactivación del diálogo
El diálogo entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas se estancó durante gran parte del 2024, pese a la firma del acuerdo en enero de ese año.
Durante ese primer año, los avances en la implementación del observatorio fueron limitados y no se tradujeron en la creación formal del mecanismo.
Fue a inicios del 2025 cuando las conversaciones se retomaron de manera formal, tras una reunión celebrada en la sede del Ministerio de Medio Ambiente, en la que participaron el ministro Armando Paíno Henríquez, el viceministro Carlos Batista, otros funcionarios y representantes de la Coalición.
En ese encuentro se acordó reactivar el proceso, definir un plan de acción y establecer un calendario de reuniones orientado a avanzar en la elaboración del decreto que daría base legal al observatorio.
Esa reactivación marcó un punto de inflexión en un proceso que, hasta ese momento, no había mostrado resultados concretos, y explica por qué, a casi dos años de la firma del acuerdo, el observatorio aún no ha sido puesto en funcionamiento.
El acuerdo: alcance real y compromisos asumidos
El Acuerdo de Colaboración, firmado el 2 de enero de 2024 en el Palacio Nacional, reconoce la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil, la transparencia y el uso de información técnica y científica en la gestión ambiental y en la gobernanza del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
En ese marco, el Ministerio de Medio Ambiente y la Coalición se comprometieron a proponer e impulsar la creación de un observatorio ambiental concebido como un espacio independiente, multisectorial y colegiado, con funciones de análisis, seguimiento y generación de insumos técnicos para apoyar la toma de decisiones públicas.
El documento establece que el observatorio tendría entre sus funciones la recopilación y análisis de información, la evaluación de políticas públicas ambientales, el seguimiento al cumplimiento del marco legal vigente y la elaboración de informes y recomendaciones.
Sin embargo, el acuerdo no crea directamente el observatorio, no define su estructura operativa, ni establece su composición, financiamiento o reglamento interno.
De forma expresa, el texto señala que su ejecución no genera obligaciones presupuestarias automáticas ni implica delegación de competencias legales del ministerio, dejando su materialización sujeta a un decreto del Poder Ejecutivo.
La coalición y las entidades firmantes
Según el acuerdo, la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas está integrada por la Academia de Ciencias de la República Dominicana, el Grupo Jaragua, la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Fundación Acción Verde, la Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci), la Fundación Moscoso Puello, la Federación de Campesinos hacia el Progreso, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma), Cúa Conservation Agency y Guakia Ambiente.
El acuerdo también fue suscrito por la Fundación Propagas, la Fundación Sur Futuro y Plan Sierra, organizaciones que firmaron en calidad de testigos, según lo establece el documento.
Marvin del CidGuatemalteco con estudios en Ciencias de la Comunicación y amplia experiencia en el campo visual y multimedia. Ha trabajado para varios medios de comunicación en Guatemala y República Dominicana, y sus fotografías han aparecido en importantes publicaciones en diferentes partes del mundo.