Observatorio valora decreto sobre "terrorismo medioambiental", pero pide resultados concretos
La organización advierte que la nueva disposición no sustituye las leyes ambientales vigentes
Plantea que las investigaciones deben alcanzar a propietarios, financiadores, autoridades y beneficiarios de las intervenciones ilegales
Marvin del Cid
El Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas valoró el decreto emitido por el presidente Luis Abinader, que declara de alto interés nacional y prioridad estratégica para la seguridad del Estado la prevención, detección, investigación y combate del denominado "terrorismo medioambiental", aunque advirtió que su efectividad dependerá de cómo se aplique.
El colectivo señaló que una parte importante de las conductas que ahora se pretende enfrentar ya estaban prohibidas y sancionadas por la legislación ambiental dominicana.
A juicio de la organización, la principal novedad consiste en colocar el problema dentro de la esfera de la seguridad nacional y establecer un mecanismo de coordinación entre diferentes instituciones del Estado.
"El Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas valora el decreto que declara de alto interés y prioridad estratégica la prevención, detección, investigación y combate del terrorismo medioambiental", señala el documento, que considera que la medida puede convertirse en un instrumento importante de protección del patrimonio natural "siempre que se traduzca en acciones concretas, investigaciones rigurosas y consecuencias para quienes realmente organizan, financian, autorizan o se benefician de la destrucción ambiental".
La entidad advierte, además, que la aplicación de un término de la gravedad de "terrorismo medioambiental" deberá ajustarse al principio de legalidad, al debido proceso y a las competencias del Ministerio Público y los tribunales.
Más allá del jornalero y el operador de máquina
Uno de los principales planteamientos del Observatorio es que las investigaciones sobre daños ambientales a gran escala no deberían limitarse a las personas encontradas ejecutando directamente las intervenciones.
La organización cita casos ocurridos en Valle Nuevo, Sierra de Bahoruco, Bucanyé, Isla Catalina, el Cinturón Verde de Santo Domingo, Loma Quita Espuela y Boca de Yásica, además de intervenciones en humedales, manglares y dunas costeras.
Según el Observatorio, este tipo de daños requiere con frecuencia planificación, recursos económicos, autorizaciones u omisiones y tiene beneficiarios identificables.
Por esta razón, sostiene que las investigaciones "no pueden detenerse en el jornalero, el operador de una máquina o el conductor de un camión", sino que deben seguir la propiedad, el dinero, las órdenes, los permisos y las responsabilidades institucionales para determinar quién hizo posible y rentable la afectación ambiental.
El planteamiento adquiere especial relevancia después de que Abinader señalara, durante la presentación del decreto, que las autoridades perseguirán tanto a los autores materiales como a quienes los contraten o envíen a realizar actividades ilegales dentro de áreas protegidas. El presidente afirmó que la respuesta deberá aplicarse tanto a dominicanos como a extranjeros.
Para el Observatorio, esa persecución debe alcanzar a cualquier responsable independientemente "de su fortuna, rango, influencia política, militar o económica", aunque subraya que ninguna persona puede ser declarada culpable sin pruebas y sin un proceso judicial.
Pide un plan operativo y resultados verificables
Más allá de la declaración presidencial, el Observatorio entiende que el siguiente paso debe ser convertir el decreto en un mecanismo operativo.
Para ello, propone establecer responsables, plazos, presupuesto e indicadores, además de mecanismos confiables de denuncia, herramientas de trazabilidad financiera y registral, capacidad para paralizar oportunamente las intervenciones, restauración de las áreas afectadas y sometimientos sustentados en pruebas.
También plantea incorporar veeduría científica y ciudadana independiente.
El Observatorio sostiene que el éxito de la disposición no debería medirse por la severidad de la expresión utilizada, sino por sus resultados concretos.
"La eficacia del decreto no se medirá por la fuerza de sus palabras, sino por los resultados", señala la declaración, y pone como ejemplos que una investigación alcance al verdadero beneficiario del daño, que una autorización irregular sea anulada, que un humedal afectado pueda ser restaurado o que una autoridad responda por una omisión.
Sobre el decreto
El Poder Ejecutivo emitió el miércoles 2 de septiembre el Decreto 615-26, que eleva a prioridad estratégica la protección frente a determinadas agresiones graves contra los recursos naturales, los ecosistemas y las infraestructuras ecológicas del país.
La disposición contempla la coordinación entre organismos ambientales, de seguridad, inteligencia y persecución penal, además de mecanismos de denuncia ciudadana.
El decreto establece como activos de especial protección las áreas protegidas, las cuencas hidrográficas prioritarias, los acuíferos, los humedales, los manglares y otras áreas ambientalmente sensibles, así como las infraestructuras relacionadas con el abastecimiento de agua, la irrigación y la energía.
También instruye la elaboración de una Política Nacional de Prevención y Combate del denominado terrorismo medioambiental.
Sin embargo, la propia disposición aclara que la denominación de "terrorismo medioambiental" no constituye la creación de un nuevo tipo penal ni modifica los elementos de las infracciones ya establecidas por las leyes dominicanas.
Para los efectos del decreto, el término se refiere a actos contra recursos naturales, ecosistemas o infraestructuras ecológicas estratégicas que, por sus medios, gravedad y finalidad, reúnan los elementos establecidos en la legislación sobre terrorismo y demás normas penales aplicables.
El Decreto 615-26 surge, además, en un contexto reciente de incendios y otras afectaciones registradas en áreas protegidas del país. El presidente Luis Abinader hizo referencia específicamente al incendio ocurrido en la Sierra de Bahoruco como ejemplo de las agresiones que afectan el patrimonio natural y las fuentes de agua vinculadas a estos ecosistemas.
El Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas es una instancia consultiva, multisectorial e independiente de veeduría ambiental, concebida para dar seguimiento a las políticas públicas relacionadas con el medio ambiente, los recursos naturales y las áreas protegidas. Su puesta en funcionamiento está a cargo de un comité gestor creado mediante el Decreto 105-26 e integrado por representantes de organizaciones ambientales, académicas y de la sociedad civil.
Marvin del CidGuatemalteco con estudios en Ciencias de la Comunicación y amplia experiencia en el campo visual y multimedia. Ha trabajado para varios medios de comunicación en Guatemala y República Dominicana, y sus fotografías han aparecido en importantes publicaciones en diferentes partes del mundo.