Policía usó apps de COVID para aumentar la vigilancia global

“Usted ha sido identificado como participante en actos de violencia en la mezquita de Al Aqsa”, decía el mensaje en árabe. “Haremos que rinda cuentas”.

Ramlawi, que entonces tenía 19 años, fue uno de los cientos de personas que según abogados de derechos civiles recibieron ese mensaje el año pasado, en el apogeo de uno los periodos más turbulentos de la historia reciente en Tierra Santa. Muchos, incluido Ramlawi, dicen que sólo vivían o trabajaban en el vecindario y no tuvieron nada que ver con los disturbios. Lo que él no sabía es que la temida agencia de seguridad interna, el Shin Bet, estaba valiéndose de la tecnología masiva de monitoreo desplegada para rastrear contactos de coronavirus con el fin de emplearla en contra de residentes y ciudadanos de Israel para fines sin ninguna relación con el COVID-19.

En los desconcertantes primeros días de la pandemia, millones de personas en todo el mundo les creyeron a los gobiernos que dijeron que necesitaban información confidencial para las nuevas herramientas tecnológicas que podrían ayudar a frenar la propagación del coronavirus. A cambio, lo gobiernos tuvieron acceso a una enorme cantidad de datos privados de salud de la gente, imágenes de su rostro y direcciones de sus domicilios.

Ahora, desde Beijing a Jerusalén y de Hyderabad, India, a Perth, Australia, The Associated Press ha descubierto que las autoridades emplearon estas tecnologías y datos para impedir desplazamientos de activistas y personas comunes y corrientes, acosar a comunidades marginadas y vincular la información médica de la gente a otras herramientas de vigilancia y seguridad. En algunos casos, los datos se compartieron con agencias de espionaje. La cuestión ha cobrado una nueva urgencia tras casi tres años de pandemia. Recientemente, los estrictos protocolos de China contra el virus provocaron el mayor y más claro rechazo público al gobierno autoritario del país desde las protestas prodemocracia de la Plaza de Tiananmen, en 1989.

Durante más de un año, periodistas de la AP entrevistaron a fuentes y revisaron miles de documentos para seguir la pista de cómo tecnologías de las que se dijo eran herramientas para “aplanar la curva” de los contagios se utilizaron para otros fines. De la misma forma en que el equilibrio entre la privacidad y la seguridad nacional cambió tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el COVID-19 le ha permitido a las autoridades justificar la integración en la sociedad de herramientas de seguimiento que se han mantenido mucho después de que los confinamientos concluyeron.

“Cualquier intervención que incremente el poder del Estado para monitorear a los individuos tiene una cola larga y es un sistema de trinquete”, dijo John Scott-Railton, investigador de la organización de monitoreo de internet Citizen Lab, con sede en Toronto. “Una vez que lo tienes, es muy improbable que desaparezca algún día”.

Código rojo

En China, el último país de gran tamaño que mantuvo estrictos confinamientos contra el COVID-19, los ciudadanos fueron obligados a instalar apps en sus celulares para poder moverse libremente por la mayoría de las ciudades. A partir de datos de telecomunicaciones y resultados de pruebas de PCR, las aplicaciones producen códigos QR personales que cambian de verde a amarillo o rojo en función de la situación de salud de la persona.

Las apps y los confinamientos forman parte de las amplias políticas de prevención de la pandemia de China que han llevado al público a un punto de quiebre. El mes pasado, cuando un incendio en un apartamento en la ciudad de Urumqi dejó al menos 10 muertos, muchos culparon a las políticas de tolerancia cero frente al COVID-19. Eso provocó manifestaciones en las grandes ciudades de todo el país, la mayor muestra de desafío al gobierno en décadas, tras la cual el gobierno anunció que sólo verificaría los códigos de salud en “lugares especiales”, como escuelas, hospitales y hogares de ancianos.

La semana pasada, el gobierno fue más allá y dijo que eliminaría un código de salud de nivel nacional para facilitar los viajes entre provincias. Pero las ciudades y las provincias tienen sus propios códigos, que han sido más predominantes. En Beijing la semana pasada, los restaurantes, las oficinas, los hoteles y los gimnasios aún requerían códigos locales para permitir la entrada.

En los últimos años, los ciudadanos chinos han necesitado un código verde para abordar vuelos internos o trenes, y en algunas ciudades incluso para ingresar al supermercado o subir a un autobús. Si se descubría que habían estado en contacto cercano con alguien que dio positivo a COVID-19, o si el gobierno imponía una cuarentena local, el código se volvía rojo y se quedaban confinados en casa.

Hay evidencia de que los códigos de salud han sido usados para sofocar la disidencia.

AP

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