Bajo presión, el Congreso aprueba el Código Procesal a seis días del ultimátum del TC
El proyecto ahora va al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación
Ismael Hiraldo
En menos de una semana —el jueves 11 de diciembre— se cumple el mandato del Tribunal Constitucional, emitido hace un año, que ordena al Congreso confeccionar una nueva ley para el Código Procesal Penal. Por ello, este viernes, apurados por el tiempo, los senadores dieron la aprobación final al proyecto y lo enviaron al Poder Ejecutivo.
Bajo la presión del tiempo, con un paquete de modificaciones entregado por los diputados y en medio de denuncias de supuesta ilegitimidad en el estudio de la pieza, los senadores aprobaron en única discusión y a unanimidad el proyecto de ley para cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional, emitida en diciembre de 2024.
Por la delicadeza de muchos de sus artículos, el proyecto del Código Procesal Penal se mantuvo viajando de una cámara legislativa a otra: primero se originó en el Senado, luego pasó a la Cámara de Diputados, allí fue modificado y, por último, regresó al Senado.
Lo que trae el código
- El nuevo Código Procesal Penal establece que los procesos judiciales deberán tener un máximo de cuatro años de duración, con la posibilidad de agregar un año adicional cuando el caso sea declarado complejo.
- Además, incorpora mayores protecciones para las víctimas de violación sexual mediante artículos que prohíben su exposición en los medios de comunicación.
- El proyecto aprobado indica que la fuga o rebeldía de un imputado interrumpe el plazo de cuatro años que debe durar un proceso judicial, el cual vuelve a contarse cuando el acusado comparece nuevamente.
- La iniciativa también dispone que el Ministerio Público tendrá ocho meses para concluir el proceso preparatorio cuando el imputado esté bajo prisión preventiva.
- Asimismo, define con mayor precisión la conducta dilatoria del imputado y establece que las estrategias de los abogados no podrán ser consideradas tácticas dilatorias para alargar un proceso.
- Además, añade que la conducta de un imputado no perjudicará a coimputados que hayan actuado diligentemente.
- El proyecto también restituye la facultad del Ministerio Público de ordenar peritajes en la etapa preparatoria, manteniendo el diseño original del código.
- Asimismo, aborda la prescripción de las penas, las recusaciones, la rebeldía ilegal, el manejo y acceso a las pruebas, los plazos para la prisión preventiva, el plazo razonable y la ampliación de la protección a las víctimas.
Aprobado bajo críticas
Aunque los propios legisladores reconocieron que no están de acuerdo con muchos artículos del Código Procesal Penal porque requieren mayor consenso, admitieron que, si no aprobaban la pieza, el país correría el riesgo de retroceder a la vieja ley promulgada en 2002.
El senador Antonio Taveras, quien presidió la comisión que estudió el proyecto durante meses, admitió que no está conforme con algunos artículos del nuevo código, pero invitó a sus colegas a votar a favor por el riesgo de que el país quede sin un código procesal si se agota el plazo del 11 de diciembre.
Mientras, el senador Ramón Rogelio Genao aseguró que el Código Procesal Penal "es perfectible" y que seguramente será modificado nuevamente en un futuro próximo, pero urgió su aprobación al considerar que el sistema de justicia enfrentaría graves riesgos si no se votaba.
En la misma sesión, el vicepresidente del Senado, Pedro Catrain, negó que el nuevo Código Procesal Penal sea una pieza diseñada para beneficiar exclusivamente al Ministerio Público y agregó que "algunos sectores quieren obstaculizar" su aprobación para buscar reconocimiento público.
Los escándalos y la prisa
La premura por aprobar el nuevo código generó una oleada de diferencias en el Congreso: acusaciones de intromisión de la procuradora Yeni Berenice Reynoso, la incorporación de artículos considerados delicados y señalamientos sobre falta de legitimidad en el estudio de la pieza.
Hace un mes, cuando el proyecto llegó a la Cámara de Diputados, el legislador Eugenio Cedeño denunció que, aunque la aprobación fue legal, no fue legítima, pues se hizo mediante la conformación de una comisión que no contaba con el aval de todos los diputados.
Además, legisladores de la oposición como Carlos de Pérez criticaron que, aunque el proyecto es positivo en términos generales, otorga "poderes excepcionales" al Ministerio Público en aspectos como la lectura de acusaciones o la realización de acuerdos durante juicios de fondo.
Aun así, el proyecto fue aprobado en ambas cámaras porque, si no era votado antes del 11 de diciembre, la ley saldría del ordenamiento jurídico dominicano, tal como advirtieron los jueces del Tribunal Constitucional.
La polémica sentencia
En diciembre de 2024, la alta corte anuló por completo el Código Procesal Penal de 2015 porque, al aprobarlo, se omitieron aspectos reglamentarios que justificaban su exclusión del sistema judicial.
Con la aprobación de este viernes, el proyecto pasa ahora al Poder Ejecutivo para ser promulgado antes del próximo jueves y evitar así que se cumpla la sentencia mandataria del Tribunal Constitucional.
Ismael HiraldoPeriodista dominicano. Escribe sobre temas legislativos y políticos.