El proyecto que crea la DNI elimina viejas amenazas contra la libertad de prensa
El proyecto solo espera una aprobación en segunda lectura de los diputados para ser remitido al Poder Ejecutivo
Ismael Hiraldo
Cuando fue aprobada por primera vez en diciembre del 2023, la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) fue atacada por diversos sectores sociales, hasta que llegó al Tribunal Constitucional en el 2024, que la anuló porque la normativa no fue aprobada correctamente en el Congreso.
Aparte de los vicios en la aprobación congresual, la ley de la DNI fue atacada porque contenía varios artículos que atentaban contra la libertad de expresión y de prensa, lo que provocó que el Poder Ejecutivo la corrigiera con las observaciones de abogados, ejecutivos de medios de comunicación y la Sociedad Dominicana de Diarios.
En su sesión de ayer, los diputados aprobaron en primera lectura la nueva ley de la DNI que ya fue acogida en el Senado y que incorpora todas las correcciones sugeridas por los periodistas.
De acuerdo con varios artículos de la pieza, el proyecto de ley orgánica que crea la DNI, anteriormente conocido como el Departamento Nacional de Investigaciones, establece las garantías legales para el ejercicio del periodismo y entre las disposiciones más relevantes contenidas en la pieza está el artículo 12, que en uno de sus numerales prohíbe a los órganos de inteligencia aplicar "procedimientos especiales de obtención de información" a periodistas para revelar sus fuentes.
El nuevo artículo 12 fue integrado por recomendaciones de la Sociedad Dominicana de Diarios, que consideró que la ley de la DNI no podía valerse de herramientas de inteligencia para obtener datos.
Además, los congresistas modificaron el artículo 13 del proyecto para establecer que toda obtención de información de la DNI que involucre interceptaciones, registros o acceso a datos protegidos deberá contar con autorización y control judicial.
Este nuevo artículo choca directamente con la vieja ley de la DNI que, antes de ser anulada por el Tribunal Constitucional en el 2024, establecía que todos los ciudadanos debían entregar información a la Dirección de Inteligencia sin la obligación de una orden judicial.
Al igual que el artículo anterior, los ejecutivos de medios de comunicación y de diarios en el país consideraron que el artículo manchaba el secreto periodístico y la facultad de la prensa para no revelar sus fuentes.
El nuevo proyecto también introduce un marco de principios éticos y jurídicos en su artículo 11, entre los que destacan la objetividad, necesidad, idoneidad, proporcionalidad, confidencialidad, coordinación, colaboración y el respeto al marco constitucional.
Estos principios, según el propio proyecto, buscan garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Reuniones
Durante el proceso de estudio en el Senado, la comisión permanente de Interior y Policía consultó formalmente al presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado, quien, según consta en el informe legislativo que ya acogieron los diputados, expresó su conformidad con el contenido final del proyecto tras incorporarse las garantías que sugirió.
La iniciativa, presentada por el senador Ricardo de los Santos, propone la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), una entidad civil dependiente del presidente de la República, que actuará como órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia (SNI).
La ley deroga formalmente al actual Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), que tiene una estructura militar, y redefine las funciones de los organismos de inteligencia del Estado.
Entre las atribuciones del nuevo organismo figuran prevenir y contrarrestar amenazas a la seguridad nacional, realizar labores de contrainteligencia, evaluar riesgos estratégicos, apoyar en casos de crimen organizado y ciberseguridad, y cooperar con agencias extranjeras e instituciones del Estado, incluyendo el Ministerio Público.
El texto prohíbe prácticas como la participación del personal de la DNI en actividades políticas, la utilización de menores en labores de inteligencia, la discriminación por razones de orientación sexual o creencias y la interferencia en el ejercicio del periodismo.
Además, la propuesta de ley reconoce el carácter reservado de las actividades, estructura interna, medios y fuentes de información de la institución, e impone penas de prisión de hasta tres años por la divulgación de información clasificada o la usurpación de funciones.
A segunda lectura
Después de aprobarse en primera lectura, los diputados enviaron el proyecto otra vez a la comisión para revisarlo nuevamente y aprobarlo luego en una segunda lectura.
Si se vota sin contratiempos, la pieza iría al Poder Ejecutivo, que deberá determinar si lo acoge o lo rechaza.
Ismael HiraldoPeriodista dominicano. Escribe sobre temas legislativos y políticos.