Poca aplicación de las normas y cabildeo: las deficiencias que detecta la OCDE en la integridad
El organismo señala una brecha entre las reglas y su aplicación y plantea regular el cabildeo como la influencia sobre las decisiones públicas

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que la República Dominicana enfrenta importantes deficiencias en la aplicación efectiva de sus normas de integridad gubernamental y carece de un marco regulatorio para transparentar el lobby o cabildeo y la influencia ejercida sobre las decisiones del Gobierno.
Elsa Pilichowski, directora de Gobernanza Pública del organismo, señaló que uno de los principales retos del país consiste en cerrar la brecha entre las reglas existentes y su cumplimiento en la práctica.
"El desafío más importante para la siguiente fase de la agenda de integridad de la República Dominicana", sostuvo la funcionaria durante la presentación oficial del Estudio de la OCDE sobre Integridad en la República Dominicana, en el Palacio Nacional.
Pilichowski explicó que, en numerosas áreas, el país ya dispone de reglas sólidas, pero advirtió que estas solo producirán resultados si se aplican efectivamente.
De acuerdo con el informe, República Dominicana cumple el 78 % de los criterios de la OCDE en materia de regulación, pero apenas llega al 22 % en aplicación práctica.
Según la representante, el promedio de los países de la organización es de 80 % en regulación y 45 % en implementación. Aunque reconoció que la dificultad para llevar las normas a la práctica es generalizada, sostuvo que existe un amplio margen de mejora para República Dominicana.
Vacío regulatorio sobre el lobby
A las deficiencias de implementación se suma una brecha normativa que la OCDE identifica particularmente en el lobby o cabildeo.
Pilichowski advirtió que República Dominicana no cuenta actualmente con regulaciones destinadas a garantizar la transparencia y la integridad en las actividades de cabildeo y en otras formas de influencia sobre las decisiones públicas.
"Existen oportunidades claras para desarrollar un marco regulatorio integral que reconozca no solo que el cabildeo es bueno y que la influencia es una influencia legítima sobre el gobierno, sino también que es una influencia que necesita ser regulada, que debe ser transparente y sobre la cual debe haber rendición de cuentas", indicó.
- En promedio, los países de la organización alcanzan un 43 % en la parte normativa, mientras que el nivel de aplicación se sitúa en el 38 %.
Financiamiento político y acceso a información
Pilichowski también utilizó el financiamiento político como ejemplo de un ámbito en el que disponer de normas no garantiza por sí mismo su efectividad.
Explicó que una implementación adecuada requiere asegurar el cumplimiento constante de las obligaciones de presentación de informes, que la información esté disponible oportunamente y que los órganos responsables de la supervisión dispongan de los recursos y capacidades necesarios.
Otra de las debilidades señaladas corresponde al acceso a la información pública. La OCDE plantea introducir un principio de apertura por defecto y establecer un órgano de supervisión con personal independiente y facultades suficientes para recibir denuncias, revisar casos y emitir decisiones vinculantes.
Para Pilichowski, estos elementos no constituyen simples detalles técnicos, sino "salvaguardas fundamentales" para fortalecer el sistema de integridad del país.
Reconoce avances del país
Pese a las deficiencias identificadas, Pilichowski reconoció los avances realizados por República Dominicana en integridad, transparencia, rendición de cuentas y gobernanza pública.
Destacó el compromiso político con esta agenda y el desarrollo de un modelo en el que la integridad sea una responsabilidad compartida entre distintas instituciones públicas.
El presidente Luis Abinader afirmó que el estudio permite medir las instituciones dominicanas con estándares internacionales y convertir sus resultados en acciones concretas.
"La verdadera transformación ocurre cuando la integridad deja de ser solamente una obligación y se convierte en una cultura", expresó el mandatario.
Asimismo, señaló que el país entra en una nueva etapa en la que corresponde pasar "del diagnóstico a la acción, de las recomendaciones a las reformas y de las reformas a resultados que los ciudadanos puedan comprobar".
La actividad estuvo encabezada por el gobernante; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz; el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Mairení Rivas Polanco; y otros funcionarios.



Jesús Vásquez