Medina promulga ley de Mecenazgo

El presidente Danilo Medina promulgó la Ley 340-19 que establece el régimen de incentivo y fomento del mecenazgo cultural en la República Dominicana.

La legislación fue aprobada recientemente por el Senado y la Cámara de Diputados, luego de varios años en ambos hemiciclos. Fue el entonces diputado y cantautor Manuel Jiménez quien se encargó liderar el proyecto.

“Esta ley tiene por objeto establecer un régimen de fomento e incentivo a las iniciativas y aportes económicos y de otra índole de mecenazgo del sector privado, sean personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, para que contribuyan al financiamiento, total o parcial, de programas y proyectos para el desarrollo cultural de la nación”, según dice el primer artículo de la ley. SR.

El artículo dos establece entre los objetivos que persigue la ley, estimular y proteger la formación de profesionales en los ámbitos de la creación artística, gestión, gerencia y administración de proyectos, orientados al fomento, desarrollo, innovación y modernización del sector cultura.

Artistas visuales, gestores, coleccionistas, entidades culturales serán beneficiados con los incentivos fiscales de la ley de mecenazgo.

El artículo quinto crea para su aplicación la Dirección General de Mecenazgo, como órgano autónomo y descentralizado del Estado, con personalidad jurídica, con autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Cultura.

De igual modo establece el Consejo de Mecenazgo integrado por el ministro de Cultura o su representante, quien lo presidirá, el ministro de la Presidencia o su representante, el ministro de Hacienda o su representante; un rector escogido por los demás rectores de las universidades del país; un representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada; un especialista en gestión de programas, planificación cultural, designado por el presidente de la República; un especialista en gestión financiera impositiva, cultural, designado por el presidente de la República. El director general de Mecenazgo no tendrá derecho a voto y fungirá como secretario.

Excluyen del consejo a organizaciones

Directivos de la Federación Dominicana de Arte y Cultura, Fundación Cultural Cofradía, la Fundación Teatro Popular Danzante y la Red Cultural realizaron recientemente una visita al Congreso Nacional para saludar su aprobación y posterior envía al Poder Ejecutivo de la ley de Mecenazgo, sin embargo lamentaron que las entidades culturales fueran excluidas del órgano, como figuraban inicialmente.

“Al mismo tiempo que celebramos su aprobación, criticamos de manera enérgica la tendencia verticalista y antidemocrática definida en la estructura y forma de funcionamiento del Consejo de Mecenazgo, el cual será el órgano rector de la Dirección de Mecenazgo que deberá ser creada. Allí, de forma inexplicable e inconsulta, se excluyó la participación de “dos representantes de las ONGs culturales de mayor representatividad nacional, a ser elegidos entre ellos”, como bien lo establecía el proyecto de ley y había sido consensuado con el sector; quedando así como una ley cultural sin participación del sector artístico-cultural que le da sustento”, explicaron en un documento enviado a DL.

“De igual manera, fue excluida la representación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que como institución académica superior es la de mayores méritos, experiencias y resultados en el campo de las políticas culturales y relaciones con el sector desde hace más de cincuenta años. También se excluyó la Liga Municipal Dominicana, la cual debiera jugar un rol protagónico para la expansión de la dinámica sociocultural en todos los territorios y alcaldías del país, como lo establecen las políticas de desarrollo municipal. A ello se suma la exclusión de la diáspora como beneficiaria de los proyectos a ser aprobados e implementados bajo la cobertura de la ley. Ante tales exclusiones, la Dirección General de Mecenazgo será una institución adscrita al Ministerio de Cultura, con una estructura elitista dirigida esencialmente por altos funcionarios gubernamentales, entre ellos los ministros de Hacienda, Cultura y la Presidencia y un representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada; lo cual no da seguridad del conocimiento pleno del sector ni de la transparencia y objetividad en las asignaciones de los fondos para el desarrollo de proyectos culturales”.

Fijan sus esperanza en que para la elaboración de un reglamento funcional, sean tomado en cuenta y que el mismo sea “inclusivo, participativo y democrático, acorde a lo establecido en el artículo 64 de la Constitución sobre los Derechos Culturales y a lo consensuado con el sector en la Estrategia Nacional de Desarrollo”, indica el documento.

Severo Rivera

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Periodista. SubEditor de Revista en Diario Libre. Presidente de la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae)