Caso Julio Iglesias entra en una segunda fase: el cantante pasa de denunciado a demandante
El artista reclama 50,000 euros a Yolanda Díaz y se querella contra elDiario.es y cinco periodistas; organizaciones españolas e internacionales denuncian un posible intento de intimidación
Diario Libre
El caso de Julio Iglesias ha entrado en una segunda etapa judicial. Después de que dos extrabajadoras denunciaran al cantante por presuntas agresiones sexuales, trata de personas y vulneraciones laborales, ahora es el artista quien acude a los tribunales contra una dirigente política y los responsables del medio que publicó la investigación.
La defensa de Iglesias presentó ante el Tribunal Supremo de España una demanda civil contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por considerar que sus declaraciones públicas constituyeron una intromisión ilegítima en el honor y la intimidad del cantante.
- En paralelo, Iglesias interpuso una querella penal contra elDiario.es, su director, Ignacio Escolar, y los periodistas Juan Luis Sánchez, María Ramírez, Ana Requena y Elena Cabrera. Los acusa de injurias con publicidad, calumnias y un delito contra la integridad moral.
Aunque este giro puede describirse coloquialmente como una contrademanda, jurídicamente no lo es. Las acciones no están dirigidas contra las dos extrabajadoras que formularon la denuncia original, sino contra una funcionaria que comentó públicamente el caso y contra los periodistas que investigaron y publicaron las acusaciones.
Demanda contra Yolanda Díaz
- Iglesias reclama 50,000 euros a Yolanda Díaz
La demanda contra Díaz solicita que la vicepresidenta reconozca que vulneró el derecho al honor del artista, se retracte públicamente, pague una indemnización de 50,000 euros por daños morales y asuma las costas del proceso.
El conflicto se originó por declaraciones realizadas por Díaz en enero en la red social Bluesky y en el programa La Hora de La 1, después de conocerse los testimonios de las extrabajadoras.
"Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias", escribió la vicepresidenta, quien también habló de abusos sexuales y de una supuesta situación de esclavitud.
La defensa del cantante sostiene que Díaz presentó los señalamientos como hechos comprobados y transmitió una imagen de culpabilidad, pese a que no existe una sentencia contra Iglesias.
Ambas partes acudieron previamente a un acto de conciliación. Díaz rechazó retractarse porque no consideró que sus palabras vulneraran el honor ni la presunción de inocencia del artista. Ante la falta de acuerdo, Iglesias abrió la vía civil ante el Tribunal Supremo, competente por la condición de aforada de la vicepresidenta.
Acciones legales contra elDiario.es
La segunda parte de la estrategia judicial está dirigida contra elDiario.es y cinco de sus responsables. La querella acusa a los periodistas de haber participado en un supuesto "montaje periodístico" destinado a dañar la reputación de Iglesias.
El cantante exige la eliminación de las informaciones y anticipa que reclamará una indemnización de "importante cuantía", aunque el monto no ha sido especificado.
Reacciones de asociaciones
ElDiario.es rechazó retractarse y aseguró que dispone de horas de grabaciones y documentación recopilada durante tres años de investigación junto con Univision Noticias.
Escolar también negó que el medio utilizara actrices para simular los testimonios.
Explicó que las mujeres que aparecen en los videos son las extrabajadoras entrevistadas y que únicamente se doblaron sus voces para proteger sus identidades.
La querella ha provocado una reacción conjunta de asociaciones, sindicatos y organizaciones de medios españolas. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) concedió amparo a Ignacio Escolar y consideró la acción "abusiva e intimidatoria".Según la federación, la querella amenaza los derechos a la libertad de expresión y de información.
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) se adhirió al pronunciamiento y respaldó a Escolar, Cabrera, Requena, Ramírez y Sánchez. Ambas entidades sostienen que el objetivo de la acción es silenciar al medio, aunque esa valoración deberá ser examinada por los tribunales.
FAPE recordó que la jurisprudencia española protege las informaciones de interés público cuando han sido contrastadas de manera diligente.
La Asociación de la Prensa de Sevilla también se sumó al respaldo y advirtió que este tipo de iniciativas puede producir un efecto disuasorio sobre el ejercicio profesional del periodismo.
El Club Abierto de Editores (CLABE), que representa a más de 230 grupos empresariales y 1,500 cabeceras, adoptó una posición más cautelosa: reconoció el derecho de Iglesias a acudir a los tribunales, pero alertó de que las acciones judiciales no deben convertirse en mecanismos para intimidar periodistas, condicionar decisiones editoriales o desalentar investigaciones de interés público.
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