Los detalles del proyecto que busca frenar arrestos en cortes migratorias durante audiencias
La legislación cuenta con el respaldo de Adriano Espaillat, Dan Goldman, Nydia Velázquez y el miembro de alto rango del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Robert García
Diario Libre USA
El congresista estadounidense de origen dominicano, Adriano Espaillat, y otros miembros del Congreso introdujeron ayer una nueva legislación que busca proteger a los inmigrantes que siguen vías legales para migrar a Estados Unidos y asisten a sus comparecencias judiciales, evitando que sean arrestados por la Administración Trump.
Entre otras cosas, el proyecto, identificado como Ley de Protección del Debido Proceso en Inmigración, prohibiría a oficiales o agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) arrestar o detener a una persona que se encuentre físicamente en las instalaciones de una corte de inmigración con el propósito de asistir o participar en una audiencia, excepto en virtud de una orden judicial.
- Estas protecciones se extenderían a las personas cuyo caso de inmigración aún esté activo y no haya resultado en una orden final de deportación, según una nota de prensa que detalla el proyecto.
Además de Espaillat, la legislación cuenta con el respaldo de Dan Goldman (NY-10), Nydia Velázquez (NY-7) y el miembro de alto rango del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Robert García (CA-42).
Arrestos en las cortes de inmigración
En una nota de prensa compartida por el despacho de Espaillat, se advierte que, en respuesta a la campaña de arrestos impulsada por la Administración Trump, agentes federales se han apostado en las salidas de las salas de audiencia, usando mascarillas y, en muchos casos, sin la identificación adecuada, deteniendo a las personas tan pronto concluyen sus audiencias, incluso después de que los propios abogados del DHS solicitan la desestimación o terminación de los casos.
Denunció que estas tácticas, a las que calificó de "cebo y captura", han afectado a inmigrantes no violentos y sin antecedentes penales, incluidos solicitantes de asilo, estudiantes y personas con permiso temporal que ingresaron legalmente al país.
El congresista consideró que la anulación de solicitudes de asilo pendientes y la colocación inmediata de estas personas en procesos de expulsión acelerada constituye una violación del debido proceso para quienes están cumpliendo con los procedimientos legales.
En ese sentido, explicó que la Ley de Protección del Debido Proceso en Inmigración implementaría salvaguardas para proteger a los inmigrantes que están siguiendo vías legales y asistiendo a sus audiencias obligatorias, evitando que sean blanco de las políticas migratorias de la actual administración.
"El debido proceso es una protección fundamental en nuestra Constitución. Sin él, todos los demás derechos, privilegios y protecciones contra el abuso de poder se derrumban", afirmó Espaillat.
"Con este proyecto de ley, reafirmamos que Estados Unidos de América es una democracia, un país libre. Un día en la corte debe ser un día pacífico de interacción civil entre los gobernados y la ley, y no una emboscada", agregó.
Lo que establece el proyecto
- Prohíbe a agentes migratorios arrestar o detener a cualquier persona que se encuentre físicamente en una instalación de la Corte de Inmigración de la EOIR con el propósito de asistir o participar en una audiencia, salvo que exista una orden judicial.
- Prohíbe a oficiales o agentes del DHS arrestar o detener a una persona inmediatamente al llegar o al salir de una instalación de tribunales de inmigración si su presencia responde a una audiencia, excepto con una orden judicial.
- Aplica estas restricciones a cualquier persona cuyo caso de inmigración esté activo y no haya resultado en una orden final de deportación.
- Cubre casos ante un juez de inmigración o ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, incluyendo procedimientos pendientes de apelación o solicitudes para reabrir, reconsiderar o impugnar una orden final de deportación.
- Incluye una excepción que permite la intervención de agentes del DHS cuando sea necesario para prevenir un acto de violencia inminente o una amenaza específica y verificable contra la vida, la seguridad pública o la seguridad nacional.
- Restringe los arrestos al llegar o salir de citas con ICE o cualquier componente del DHS.
- Establece que cualquier arresto en estos casos requerirá autorización por escrito de un supervisor de alto nivel que determine la base legal y deberá ser reportado al Inspector General del DHS dentro de los 30 días siguientes.
- Ordena a la Oficina del Inspector General presentar un informe al Congreso sobre el cumplimiento de esta legislación por parte del DHS, incluyendo el número de arrestos e intentos de arresto, su base legal y las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento, así como la orientación o capacitación ofrecida a los empleados del DHS.
La Ley de Protección del Debido Proceso en Inmigración cuenta con el respaldo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), The Door, el Vera Institute of Justice, la New Sanctuary Coalition y Kids in Need of Defense (KIND).
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