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Restricciones a refrescos, dulces y otros productos con cupones de alimentos entran en vigor el 1 de enero

Las nuevas normas afectarán a aproximadamente 1.4 millones de beneficiarios en Indiana, Iowa, Nebraska, Utah y Virginia Occidental

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Restricciones a refrescos, dulces y otros productos con cupones de alimentos entran en vigor el 1 de enero
ARCHIVO/El interior de una tienda minorista en California que muestra su participación en el programa SNAP. (FUENTE EXTERNA)

A partir del 1 de enero, los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), mejor conocidos como cupones en Indiana, Iowa, Nebraska, Utah y Virginia Occidental enfrentarán nuevas restricciones sobre los alimentos que pueden adquirir con sus beneficios, incluyendo refrescos, dulces y bebidas azucaradas.

Estas medidas convierten a los cinco estados en los primeros de al menos 18 que buscan limitar el acceso a productos considerados poco saludables dentro del programa federal, que entrega ayuda alimentaria a unos 42 millones de estadounidenses.

La iniciativa surge del esfuerzo conjunto del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, quienes instan a los estados a excluir alimentos asociados con enfermedades crónicas como obesidad y diabetes.

Forma parte de la campaña "Hagamos que Estados Unidos Vuelva a Ser Saludable". "Los contribuyentes no pueden seguir financiando programas que enferman a las personas y luego pagar tratamientos por esas mismas enfermedades", afirmó Kennedy en diciembre.

Sin embargo, especialistas en políticas sanitarias y representantes de la industria minorista advierten que los estados no están preparados para los complejos ajustes que requieren las nuevas normas: no existen listas completas y uniformes de productos restringidos, las definiciones varían por estado y tienda, y los sistemas de cobro deberán adaptarse.

Además, los estudios continúan ofreciendo resultados contradictorios sobre si limitar compras con SNAP mejora la salud.

La Federación Nacional de Minoristas prevé filas más largas, confusión y reclamos en los supermercados. "Será un desastre cuando la gente intente pagar y sus compras sean rechazadas", advirtió Kate Bauer, experta en nutrición de la Universidad de Michigan.

Un informe de asociaciones comerciales estima que la implementación costará a los minoristas estadounidenses cerca de $1,600 millones inicialmente y $759 millones por año en mantenimiento. "Castigar a los beneficiarios de SNAP significa que todos pagaremos más en el supermercado", señaló Gina Plata-Nino, directora de SNAP en el Food Research & Action Center.

Las nuevas restricciones suponen un giro respecto a la política federal vigente desde 1964, que permite usar el beneficio para "cualquier alimento destinado al consumo humano", salvo alcohol, tabaco y comidas calientes listas para comer.

Propuestas anteriores para excluir productos como papas fritas, helado o cortes de carne caros fueron rechazadas por el Departamento de Agricultura debido a costos, dificultades operativas y evidencia insuficiente sobre su impacto en salud. Pero bajo la segunda administración Trump, los estados han sido alentados —e incentivados— a solicitar exenciones, y muchos lo han hecho.

¿Qué cambia en cada estado?

En total, las nuevas reglas afectan a cerca de 1.4 millones de beneficiarios. Las prohibiciones varían:

  • Utah y Virginia Occidental: refrescos y bebidas azucaradas.
  • Nebraska: refrescos y bebidas energéticas.
  • Indiana: refrescos y dulces.
  • Iowa: normas más amplias que abarcan alimentos sujetos a impuestos, como bebidas y dulces, pero también ciertos alimentos preparados.
  • Plata-Nino alerta que la falta de precisión en las listas dificultará las compras: "Los avisos a los hogares no detallan claramente todo lo que estará prohibido".

Para personas como Marc Craig, residente de Des Moines que vive en su auto desde octubre, las nuevas reglas suponen un obstáculo adicional. "No es solo lo que puedo comprar. Es la vergüenza en la caja. Nos tratan como si no fuéramos personas", dijo.

Las exenciones aprobadas tendrán una duración inicial de dos años, con posibilidad de extenderse tres años más. Cada estado deberá evaluar el impacto en salud pública y operatividad.

Pero expertos advierten que las restricciones no abordan el problema de fondo. "Esto no resuelve que los alimentos saludables no son accesibles ni asequibles, mientras que los alimentos no saludables son baratos y omnipresentes", señaló Anand Parekh, de la Universidad de Michigan.

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