Jueza acusa a Kristi Noem de actuar por hostilidad racial al intentar eliminar el TPS para haitianos
El TPS, que protege de la deportación a unos 350,000 haitianos, seguirá vigente
AFP
Una jueza federal bloqueó la decisión de la administración Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes haitianos y cuestionó duramente la actuación de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a quien acusó de actuar de forma "arbitraria y caprichosa", e incluso por una posible hostilidad hacia los inmigrantes no blancos.
En una sentencia de 83 páginas, la jueza Ana Reyes sostuvo que Noem carece de la autoridad legal para eliminar el TPS, que protege de la deportación a unos 350,000 haitianos y les permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
"Los demandantes sostienen que la secretaria Noem tomó deliberadamente su decisión de poner fin al TPS por hostilidad hacia los inmigrantes no blancos. Eso parece muy probable", escribió la magistrada en el fallo.
- La jueza fue más allá al subrayar que, aunque Noem tiene derecho a expresarse libremente, no puede actuar al margen de la ley.
"Kristi Noem tiene derecho, en virtud de la Primera Enmienda, a llamar a los inmigrantes asesinos, parásitos o aprovechados, o cualquier otro término inapropiado que se le ocurra", escribió Reyes. "Sin embargo, está obligada a respetar escrupulosamente la ley".
El fallo responde a una demanda presentada por cinco ciudadanos haitianos y frena la expiración del TPS prevista para este martes, evitando de momento la expulsión masiva de beneficiarios del programa.
Antecedentes del TPS para Haití
El TPS fue creado en 1990 para proteger a migrantes provenientes de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras crisis graves.
Haití fue incluido en el programa tras el devastador terremoto de 2010 y su estatus ha sido renovado en varias ocasiones, la más reciente en 2021 durante la administración Biden.
La administración Trump ha impulsado el desmantelamiento de varios programas de TPS, incluidos los de Haití, Venezuela y Nicaragua, al argumentar que incentivan la migración irregular y han sido prolongados indebidamente por gobiernos demócratas.
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