Diócesis en Nueva Jersey acuerda pago de 180 millones de dólares por demandas de abuso sexual
El obispo Joseph Williams anunció que el acuerdo representa un hito hacia la justicia y la sanación para los sobrevivientes de abuso en la diócesis de Camden
Diario Libre USA
La Diócesis de Camden, en Nueva Jersey, alcanzó un acuerdo por 180 millones de dólares para resolver múltiples denuncias de abuso sexual cometidos por miembros del clero, en uno de los pactos económicos más significativos en la región.
El anuncio fue realizado por el obispo Joseph Williams, quien encabeza la diócesis que abarca el sur de Nueva Jersey y zonas suburbanas de Filadelfia. En una carta dirigida a la comunidad, Williams señaló que el acuerdo representa "un hito en el camino hacia la justicia restaurada, la sanación y el reconocimiento" para los sobrevivientes.
Contexto legal y bancarrota
El convenio se produce en medio de un proceso que se ha extendido por años y forma parte del escándalo de abusos que sacudió a la Iglesia católica en Estados Unidos desde principios de la década de 2000, tras revelaciones iniciales en Boston.
Aunque el monto supera los aproximadamente 80 millones de dólares pactados en casos similares en Boston y Filadelfia, queda por debajo de acuerdos alcanzados en otros estados, como el de la Arquidiócesis de Los Ángeles, que en 2024 acordó pagar 880 millones de dólares.
El acuerdo en Camden se produce menos de un año después de que la diócesis retirara su objeción a una investigación de gran jurado en Nueva Jersey sobre presuntos abusos a menores durante décadas. Posteriormente, la Corte Suprema estatal permitió que esa investigación continuara.
Al igual que otras diócesis en el país, Camden se declaró en bancarrota tras una ola de demandas facilitadas por cambios en los plazos de prescripción. En 2022 ya había acordado pagar 87.5 millones de dólares para resolver acusaciones presentadas por cerca de 300 personas.
- Según abogados de las víctimas, esa suma forma parte del total anunciado ahora.
El nuevo acuerdo aún debe ser aprobado por un tribunal de quiebras antes de entrar en vigor. Mientras tanto, representantes legales de los sobrevivientes calificaron el pacto como el resultado de una "batalla larga y ardua" en busca de reconocimiento y reparación.
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