Juez mantiene paralizadas obras para centro migratorio en almacén de Maryland

Un juez federal extendió este miércoles la suspensión de las obras para convertir un gran almacén en el estado de Maryland en un centro de procesamiento de inmigrantes, en medio de crecientes disputas legales y comunitarias sobre el uso de instalaciones industriales para detención migratoria.

Según informó la Associated Press, la decisión judicial se produce mientras funcionarios federales revisan un plan que contempla alojar a decenas de miles de inmigrantes en edificios industriales reconvertidos en distintas partes del país.

El Departamento de Seguridad Nacional adquirió en enero un almacén de 76,645 metros cuadrados cerca de la ciudad de Hagerstown, en el condado de Washington County, por 102.4 millones de dólares.

De los 11 almacenes comprados en todo el país, se esperaba que esta instalación fuera una de las primeras en abrir, con capacidad para albergar entre 500 y 1,500 detenidos.

¿Qué implicaciones legales tiene la suspensión de las obras en Maryland?

Sin embargo, el gobierno federal ha enfrentado una fuerte oposición nacional al proyecto, lo que llevó al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a revisar el plan para el almacén.

De acuerdo con AP, mientras funcionarios del condado de Washington aprobaron una proclamación declarando su "apoyo inquebrantable" al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el estado presentó una demanda contra el proyecto.

La demanda sostiene que el gobierno federal no realizó las evaluaciones ambientales requeridas y señala que el edificio se ubica en una zona inundable. Además, argumenta que las autoridades no solicitaron comentarios públicos sobre el plan hasta más de un mes después de la compra del inmueble.

Diversos grupos comunitarios expresaron preocupaciones antes de que concluyera el período de comentarios públicos el 5 de marzo. No obstante, la demanda indica que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas emitió al día siguiente un contrato por valor de 113 millones de dólares para renovar el edificio, con una fecha estimada de finalización para el 4 de mayo.

Poco después, un juez federal emitió una orden de restricción temporal que detuvo las obras.

Tras una audiencia celebrada el miércoles, el magistrado concedió una orden judicial preliminar de mayor duración que solo permitirá trabajos limitados, como la instalación de una valla y labores de calefacción y refrigeración, hasta que se dicte una sentencia definitiva, reportó AP.

El Departamento de Seguridad Nacional expresó su desacuerdo con el fallo judicial.

"Seamos honestos sobre lo que está sucediendo", señalaba el comunicado oficial. "Esto no tiene que ver con el medio ambiente. Se trata de intentar impedir que el presidente Trump haga de Estados Unidos un país seguro".

Reacciones oficiales y comunitarias ante el proyecto migratorio

En documentos judiciales presentados previamente, el gobierno federal indicó que "el ICE está reconsiderando los planes y el alcance del almacén".

El gobernador de Maryland, Wes Moore, calificó la orden judicial preliminar como un "importante y bienvenido paso adelante". Por su parte, el fiscal general estatal, Anthony Brown, afirmó que la decisión demuestra que "nadie, ni siquiera el gobierno federal, está por encima de la ley".

El delegado estatal Matthew Schindler, también opositor al proyecto, declaró en entrevista con la agencia que el plan de las autoridades migratorias estaba "superando la rendición de cuentas".

Añadió: "No queremos que nuestra comunidad se vea perjudicada por haber escatimado esfuerzos".

La demanda presentada en Maryland es una de tres procesos legales pendientes en tribunales federales relacionados con este tipo de proyectos. En otras localidades, autoridades también han intentado bloquear la conversión de almacenes, alegando que la infraestructura de agua y alcantarillado es insuficiente.

"El condado de Washington se ha convertido prácticamente en el epicentro de todas estas disputas sobre almacenes", declaró Kyle McCarthy, integrante de la organización Hagerstown Rapid Response, que se opone al proyecto.

"Hemos contribuido a mostrar un modelo de cómo otras comunidades pueden luchar y evitar que esto suceda. Hemos estado obstaculizando el proceso en cada oportunidad posible."

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