Espaillat respalda decisión que impide arrestos de ICE en cortes migratorias de Nueva York
La decisión judicial representa un avance en la lucha por los derechos de los inmigrantes y la transparencia en el sistema

El congresista dominicano-estadounidense Adriano Espaillat respaldó este miércoles la reciente decisión de un juez federal que bloquea temporalmente los arrestos realizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro y en las inmediaciones de los tribunales de inmigración de Nueva York, al considerar que estas acciones afectan el debido proceso y generan temor entre las comunidades inmigrantes.
"ICE no tiene lugar en nuestros tribunales. Los inmigrantes que siguen el debido proceso no deberían temer la amenaza de detención y deportación cuando se presentan ante la corte de inmigración", expresó Espaillat mediante una nota de prensa.
"Debemos seguir defendiendo la justicia y la transparencia en nuestro proceso migratorio. Los estadounidenses y los inmigrantes en este país lo merecen; nuestros valores así lo exigen", continuó.
La decisión representa un nuevo revés para las políticas migratorias implementadas durante la Administración Trump, que permitían a agentes de ICE arrestar a inmigrantes mientras acudían a sus audiencias judiciales.
Durante meses, organizaciones defensoras de derechos civiles y abogados de inmigración denunciaron que estas prácticas intimidaban a las personas que intentaban cumplir con los procedimientos legales establecidos.
Espaillat, actual presidente del Caucus Hispano del Congreso, ha mantenido una postura crítica frente a ICE y ha reiterado en múltiples ocasiones su apoyo al desmantelamiento de la agencia, argumentando que sus operaciones han provocado miedo, separación familiar y violaciones a los derechos humanos de inmigrantes y solicitantes de asilo.
Como parte de sus labores de supervisión congresual, el legislador ha participado en visitas a centros de detención administrados por ICE para evaluar las condiciones en las que permanecen detenidos migrantes y familias.
En distintas ocasiones, ha denunciado públicamente condiciones inhumanas y falta de transparencia en instalaciones federales.
Acciones legales y supervisión congresual contra políticas de ICE
La Sección 527 de la Ley de Asignaciones Presupuestarias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para el año fiscal 2024 autoriza a miembros del Congreso a visitar instalaciones de ICE sin previo aviso. Sin embargo, durante 2025 varios legisladores denunciaron que funcionarios de la agencia bloquearon o limitaron dichas inspecciones.
Ante esta situación, el 30 de julio de 2025, Espaillat y otros once congresistas presentaron una demanda contra la Administración Trump-Vance para impugnar una nueva política de ICE que imponía un período de espera de siete días para realizar visitas de supervisión y restringía el acceso a oficinas de campo de la agencia.
La demanda fue sometida ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia por abogados de las organizaciones Democracy Forward y American Oversight, quienes argumentaron que la medida constituía una obstrucción ilegal a la supervisión congresual.
- Posteriormente, el 17 de diciembre de 2025, el tribunal suspendió temporalmente la política de ICE y reafirmó el derecho de los miembros del Congreso a realizar visitas de supervisión sin previo aviso a centros de detención y oficinas donde permanezcan inmigrantes bajo custodia.
En paralelo, Espaillat, junto al congresista Dan Goldman, la congresista Nydia Velázquez y el congresista Robert García, presentó la Ley de Protección del Debido Proceso en los Tribunales de Inmigración.
La propuesta busca impedir que agentes del DHS arresten o detengan a personas que asisten a audiencias migratorias, salvo que exista una orden judicial. Además, ampliaría la protección a inmigrantes cuyos casos continúan activos y aún no concluyen con una orden final de deportación.
Organizaciones proinmigrantes y defensores de derechos civiles recibieron con satisfacción la reciente decisión judicial, al considerar que representa un paso importante para restaurar la confianza en el sistema migratorio y garantizar que las personas puedan comparecer ante la corte sin temor a represalias o detenciones arbitrarias.

