Trump transfiere funciones de educación especial y derechos civiles a otras agencias federales
La secretaria de Educación, Linda McMahon, ha impulsado acuerdos con otras dependencias para redistribuir funciones, afectando áreas como la Oficina de Educación Especial y la Oficina de Derechos Civiles, que son fundamentales para la protección de estudiantes
Diario Libre USA
La administración del presidente Donald Trump anunció este martes la transferencia de varias funciones clave del Departamento de Educación a otras agencias federales, en una nueva medida que profundiza el proceso de reestructuración de esa institución, de acuerdo con la agencia AP.
Según informó la Casa Blanca, el Departamento de Justicia asumirá la aplicación de las leyes de derechos civiles en el ámbito educativo, mientras que el Departamento de Salud y Servicios Humanos se encargará de supervisar los programas de educación especial.
Además, el Departamento de Justicia tendrá bajo su responsabilidad la protección de la privacidad de los estudiantes y ofrecerá capacitación y orientación a escuelas y distritos educativos.
Promesa de campaña de Trump
Según AP, la decisión se enmarca en la promesa de campaña de Trump de reducir el papel del Gobierno federal en la educación y trasladar mayores competencias a los estados.
El mandatario ha defendido en reiteradas ocasiones el cierre del Departamento de Educación, argumentando que la gestión educativa debe recaer principalmente en las autoridades estatales. Sin embargo, el cierre de la agencia requiere la aprobación del Congreso.
Ante esa limitación, la secretaria de Educación, Linda McMahon, ha impulsado acuerdos con otras dependencias federales para redistribuir funciones tradicionalmente desempeñadas por el departamento.
Con esta medida, el Departamento de Educación suma más de una decena de acuerdos internos mediante los cuales ha transferido parte de sus responsabilidades a otras agencias del Gobierno federal.
Críticas a la reestructuración
Entre las oficinas afectadas se encuentran la Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación y la Oficina de Derechos Civiles, dos de las áreas más relevantes de la institución.
La primera administra miles de millones de dólares en subvenciones federales y supervisa el cumplimiento de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades en los estados. La segunda investiga denuncias de discriminación en escuelas y universidades de todo el país.
La decisión generó críticas por parte de representantes de los trabajadores del departamento.
Rachel Gittleman, presidenta del sindicato que agrupa a los empleados de la agencia, advirtió que la medida podría afectar a estudiantes y familias que dependen de estos servicios.
"Esto dejará a nuestros estudiantes y familias más vulnerables, que han sido excluidos de nuestro sistema educativo, sin los servicios que necesitan y sin protección cuando se enfrentan a la discriminación", afirmó Gittleman en un comunicado.
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