EE. UU. hace permanente el programa de fianzas para visas de paseo a solicitantes de 50 países
La fianza para visas B-1 y B-2 se eleva a un máximo de 20,000 dólares, impactando a miles de solicitantes
Diario Libre USA
El Gobierno de Estados Unidos convirtió en permanente el programa que exige a ciudadanos de determinados países pagar una fianza para solicitar visas de turismo y negocios, una medida que afecta principalmente a naciones africanas y cuyo monto máximo fue elevado de US$15,000 a US$20,000.
La disposición del Departamento de Estado entra en vigor este lunes tres de agosto y sustituye el programa piloto implementado en agosto de 2025. La normativa final fue publicada en el Federal Register y establece que el mecanismo podrá aplicarse a ciudadanos de alrededor de 50 países identificados por sus altas tasas de permanencia ilegal, deficiencias en los procesos de verificación o determinados factores migratorios.
La fianza se aplica a personas que solicitan visas B-1, destinadas a viajes de negocios, y B-2, para turismo y otras visitas temporales. Los solicitantes afectados deberán pagar el monto establecido por un funcionario consular como condición para la emisión de la visa.
A diferencia del programa piloto, que contemplaba fianzas de US$5,000, US$10,000 o hasta US$15,000, la regulación permanente elimina la opción de US$5,000 y eleva el límite máximo a US$20,000. Los montos de US$10,000 y US$15,000 permanecen disponibles.
La medida afecta a quienes solicitan visados B-1/B-2 para viajar a EE. UU., procedentes principalmente de países de África occidental y oriental, como Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda, así como de cuatro países de América: Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela.
- La suma no constituye un pago definitivo por la visa. La fianza es reembolsable si la solicitud es rechazada o, en caso de que la visa sea aprobada, si el viajero cumple con las condiciones de su visado y abandona Estados Unidos dentro del período autorizado.
Medidas anunciadas
Buscan reducir las estadías ilegales. La administración del presidente Donald Trump puso en marcha el programa piloto como parte de sus esfuerzos para reducir las estadías más allá del período autorizado y reforzar el cumplimiento de las normas migratorias.
Según el Departamento de Estado, durante 2024 cerca de 45,500 visitantes procedentes de los países incluidos en el programa excedieron el tiempo permitido por sus visas. Sin embargo, durante los primeros diez meses del programa de fianzas, la cantidad de personas de esas nacionalidades que se quedaron más allá del período autorizado fue inferior a 50, de acuerdo con la información utilizada para justificar la permanencia de la medida.
El Gobierno estadounidense estima, además, que localizar, detener y deportar a visitantes que permanecen ilegalmente en el país después del vencimiento de sus visas cuesta alrededor de US$18,000 por persona.
Impacto económico
El programa redujo las solicitudes. Los datos del primer año también muestran un impacto significativo en la cantidad de personas que solicitaron visas B-1 y B-2 procedentes de los países afectados.
Inicialmente, el Departamento de Estado calculaba que alrededor de 2,000 solicitantes tendrían que pagar la fianza. Sin embargo, aproximadamente 20,000 solicitantes quedaron finalmente sujetos al requisito.
Casi la mitad decidió no pagar la fianza y, durante el período del programa piloto, la emisión de visas de negocios y turismo a ciudadanos de los países incluidos en la lista cayó un 83%.
El Departamento de Estado sostiene que la regulación permanente contribuirá a mantener la reducción de la demanda de visas B-1 y B-2 entre ciudadanos de los países sujetos al programa.
- La medida ha generado críticas de quienes consideran que impone una carga económica excesiva a ciudadanos de países de bajos ingresos que buscan viajar legalmente a Estados Unidos para visitar familiares, hacer negocios o aprovechar oportunidades educativas.
La lista de países afectados comenzó con Malawi y Zambia en agosto de 2025 y posteriormente se amplió hasta alcanzar 50 naciones. La mayoría se encuentra en África, aunque también incluye países de Asia, el Caribe, Centroamérica, Oceanía y Sudamérica.
El Departamento de Estado también mantiene la posibilidad de incorporar nuevos países al programa en el futuro, de acuerdo con los criterios establecidos por la regulación.
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