Republicanos investigan táctica de la DEA que permitió que grandes cargamentos de fentanilo en EE. UU.
James Comer critica la política de la DEA que prioriza la vigilancia sobre la incautación de fentanilo

Republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos investigan una controvertida estrategia de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que permitió que grandes cantidades de fentanilo llegaran a las calles mientras agentes federales daban seguimiento a los cargamentos para construir casos más amplios de narcotráfico.
El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, solicitó el lunes al fiscal general Todd Blanche documentos relacionados con la estrategia de la DEA de vigilar, en lugar de incautar, importantes cargamentos de fentanilo.
La solicitud se produce luego de que informantes de la DEA en Nuevo México, uno de los estados más afectados por la crisis del fentanilo, denunciaran que agentes recibieron instrucciones de no intervenir ante cargamentos que contenían cientos de miles de pastillas de esta droga.
La semana pasada, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, demandó al Departamento de Justicia para obtener algunos de los mismos registros solicitados por el comité, informó The Associated Press (AP).
"Si bien los agentes de la DEA pueden no tener los recursos para interceptar todos y cada uno de los envíos conocidos, una política que les ordene no interceptar envíos importantes es inconcebible y sin duda ha provocado daños considerables y la pérdida de vidas", escribió Comer en la carta, de la cual AP obtuvo una copia.
La DEA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de AP.
La investigación del Congreso y la demanda de Nuevo México se producen dos meses después de que una investigación de AP revelara que agentes de la DEA supervisaron repetidamente importantes cargamentos de fentanilo en Nuevo México entre 2023 y 2025, mientras las autoridades federales reunían pruebas para presentar casos penales.
El fentanilo no fue incautado en varios de esos operativos pese a que Estados Unidos atraviesa la epidemia de drogas más letal de su historia. Al mismo tiempo, la DEA mantenía una campaña de concientización denominada "Una pastilla puede matar", que advierte que incluso pequeñas cantidades de la sustancia pueden resultar mortales.
El año pasado, la Casa Blanca designó al fentanilo como un "arma de destrucción masiva".
Protocolos cambiaron durante el gobierno de Biden
Comer solicitó los registros correspondientes únicamente al gobierno del expresidente Joe Biden y cuestionó lo que describió como una "relajación de los protocolos de mitigación de riesgos del fentanilo" establecidos durante el primer mandato del presidente Donald Trump.
De acuerdo con el legislador, esos protocolos debían evitar que grandes cantidades de fentanilo llegaran a las calles.
La política adoptada en 2017 establecía que los agentes debían "incautar o impedir de cualquier otro modo la distribución" del fentanilo "tan pronto como fuera posible".
Sin embargo, el Departamento de Justicia modificó esas normas en 2024 para otorgar a los agentes mayor discreción sobre cuándo intervenir para impedir el tráfico de la droga, argumentando "los beneficios que se obtendrían al preservar la investigación".
Según reportes de AP, la estrategia, conocida como dejar que las drogas "pasen desapercibidas", continuó durante el segundo gobierno de Trump y formó parte de una investigación que precedió al mayor decomiso de fentanilo en la historia de la DEA.
La operación fue anunciada en mayo de 2025 por la entonces fiscal general Pam Bondi.
Durante esa investigación, las autoridades incautaron unos 3 millones de pastillas de fentanilo. Sin embargo, cantidades aún mayores no fueron confiscadas, mientras agentes en Albuquerque observaban a presuntos narcotraficantes ingresar a hoteles con mochilas que, según las autoridades, podían contener hasta 100,000 pastillas.
Un antiguo supervisor de la DEA que participó en el caso y que ahora figura entre tres denunciantes que han alertado sobre esta práctica afirmó que toda la red pudo haber sido desmantelada seis meses antes.
Investigación busca determinar si la práctica se repitió
Este mes, el organismo de control interno del Departamento de Justicia anunció una revisión a nivel nacional de las políticas y de las investigaciones que utilizan escuchas telefónicas para determinar si las autoridades federales recurrieron a una estrategia similar en otras partes del país.
El administrador de la DEA, Terry Cole, defendió el trabajo de la agencia durante una entrevista con Fox News y respaldó la revisión anunciada por el inspector general.
"Nuestras investigaciones son a largo plazo, complejas y se llevan a cabo conforme a la ley", declaró el administrador de la DEA, Terry Cole, en una entrevista este mes con Fox News, donde acogió con beneplácito la revisión del inspector general. "Continuaremos haciéndolo, pero debemos mantenernos completamente enfocados en el adversario".


