EE. UU. deporta migrantes a países que no son los suyos: ¿qué está ocurriendo después?
Un cubano reclamó su teléfono en un hotel de Malabo, lo que llevó a un enfrentamiento con la policía local
Diario Libre
Un incidente con policías armados en Guinea Ecuatorial expone una política que permite a Washington expulsar personas hacia países con los que algunas no tienen vínculo alguno
Un cubano deportado por Estados Unidos se acercó a unos policías en un hotel de Malabo para pedirles que le devolvieran el teléfono celular. Quería comunicarse con sus familiares y con un abogado.
La petición terminó con personas de rodillas y policías apuntándoles con armas.
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El incidente, ocurrido el 5 de septiembre en Guinea Ecuatorial y reconstruido por Reuters mediante videos y entrevistas con tres testigos, permite observar qué puede ocurrir después de una de las políticas migratorias que Estados Unidos ha ampliado desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca: deportar extranjeros a un país que no es necesariamente el suyo.
- Son las denominadas third-country deportations, o deportaciones a terceros países.
En el hotel Bamy de Malabo permanecían 31 personas deportadas desde Estados Unidos cuando ocurrió el enfrentamiento. El grupo incluye ciudadanos de diferentes países y forma parte de las 53 personas enviadas a Guinea Ecuatorial entre noviembre de 2025 y julio de 2026, procedentes de 11 países africanos, además de Cuba, Jamaica, Brasil y Georgia, según el rastreador Third Country Deportation Watch citado por Reuters.
El conflicto comenzó cuando el ciudadano cubano reclamó su teléfono confiscado. El egipcio Ahmed Soliman empezó a grabar y, según declaró a Reuters, varios agentes intentaron quitarle el aparato, lo sujetaron por el cuello y posteriormente le ordenaron ponerse de rodillas mientras le apuntaban.
Soliman aseguró que permaneció entre 10 y 15 minutos en esa posición hasta que el director del hotel intervino y la situación se calmó. Reuters verificó la localización y fecha del video, aunque señaló que no pudo establecer de manera independiente todo lo ocurrido antes del enfrentamiento.
Un país distinto al de origen
Lo que llevó a esas personas hasta Malabo no es una deportación convencional.
Normalmente, una persona expulsada de Estados Unidos es enviada a su país de nacionalidad o a otro territorio contemplado por las reglas migratorias. Sin embargo, la legislación estadounidense permite recurrir, bajo determinadas circunstancias, a otro país dispuesto a recibirla cuando las opciones anteriores resultan impracticables, desaconsejables o imposibles. Esa posibilidad está recogida en la sección 1231 del Título 8 del Código de Estados Unidos.
La administración Trump ha convertido esa facultad en una pieza de su estrategia para acelerar las expulsiones, especialmente en casos en los que devolver directamente a una persona a su país resulta difícil.
Aquí aparece una de las controversias centrales.
Reuters ha documentado que muchos de los enviados a terceros países habían obtenido previamente protección de jueces migratorios estadounidenses precisamente porque se determinó que podrían enfrentar tortura u otros abusos si regresaban a sus lugares de origen.
El Gobierno estadounidense sostiene que la práctica es legal.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo a Reuters que utiliza todas las opciones legales disponibles para ejecutar deportaciones y afirmó que, una vez que una persona deja de estar bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas —ICE—, esa agencia deja de ser responsable de ella.
De Liberia a Guinea Ecuatorial
La trayectoria de cinco de los migrantes ilustra hasta qué punto el destino puede cambiar.
Estados Unidos intentó enviarlos en agosto a Liberia. Eran tres cubanos, un brasileño y una camerunesa. Cuando el avión aterrizó, se negaron a bajar.
De acuerdo con Reuters, posteriormente les dijeron que serían trasladados hacia Estados Unidos, pero el avión terminó volando a Malabo, donde fueron obligados a desembarcar.
Liberia había acordado recibir hasta 1,200 deportados de terceros países durante un período de 12 meses. Su Gobierno afirmó que serían considerados "huéspedes", podrían abandonar el país voluntariamente y tendrían derecho a solicitar asilo allí.
Las condiciones son distintas en Guinea Ecuatorial.
Personas recluidas en el hotel de Malabo han denunciado falta de atención médica adecuada, dificultades para recibir asistencia jurídica y fuerte deterioro psicológico, según abogados y organizaciones citadas por Reuters. El Gobierno ecuatoguineano no respondió a las solicitudes de comentarios de la agencia sobre el incidente del hotel.
¿Por qué Estados Unidos hace esto?
El propósito declarado por Washington es facilitar y acelerar la expulsión de personas que no tienen derecho a permanecer en Estados Unidos, incluso cuando no sea posible enviarlas directamente a su país.
La administración ha negociado para ello acuerdos con gobiernos de África, América Latina, el Caribe y otras regiones.
Según Third Country Deportation Watch, proyecto de Human Rights First y Refugees International, desde enero de 2025 Washington ha alcanzado acuerdos o entendimientos con al menos 35 países y más de 23,000 personas habían sido trasladadas a 26 terceros países hasta mediados de agosto de 2026. La mayoría fue enviada a México. Las organizaciones, críticas de la política de Trump, sostienen que los acuerdos carecen en numerosos casos de transparencia.
Reuters ha documentado acuerdos con países africanos como Guinea Ecuatorial, Liberia, Ghana, Sierra Leona, Camerún, República Centroafricana y República Democrática del Congo.
El problema legal
Que Estados Unidos pueda deportar a una persona a un tercer país no significa que pueda enviarla legalmente a cualquier lugar bajo cualquier circunstancia.
Estados Unidos ha incorporado a su legislación obligaciones derivadas de la Convención contra la Tortura. Una persona no puede ser trasladada legalmente hacia un país donde existan las condiciones legales necesarias para concluir que probablemente será sometida a tortura.
La disputa está en qué procedimiento debe ofrecer el Gobierno antes de subirla al avión.
En abril de 2025, un juez federal ordenó que los afectados recibieran aviso previo y una oportunidad real de explicar si temían persecución o tortura en el nuevo destino. La Corte Suprema suspendió esa orden en junio de 2025 mientras continuaba el litigio; no resolvió entonces definitivamente si la política era legal.
El conflicto continuó. El 25 de febrero de 2026, un tribunal federal volvió a declarar ilegal la política utilizada por el Departamento de Seguridad Nacional y estableció que debía existir aviso y oportunidad de presentar objeciones específicas sobre el tercer país.
Sin embargo, una corte de apelaciones suspendió esa decisión el 16 de marzo mientras resuelve el recurso presentado por el Gobierno. A comienzos de septiembre de 2026 el litigio seguía pendiente, por lo que las deportaciones pueden continuar mientras los tribunales determinan definitivamente qué procedimiento exige la ley.
¿Pierden sus derechos al ser deportados?
La expulsión de Estados Unidos termina la custodia de ICE, pero no elimina los derechos fundamentales de una persona.
El país receptor pasa a ejercer jurisdicción sobre ella y queda obligado por su legislación y por los tratados internacionales que haya ratificado. Guinea Ecuatorial, por ejemplo, es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención contra la Tortura y de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
Precisamente por ello, organizaciones defensoras de 14 personas enviadas desde Estados Unidos presentaron en junio una denuncia ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Solicitaron, entre otras medidas, detener nuevas repatriaciones y garantizar acceso a abogados.
Las organizaciones afirmaron entonces que seis personas habían sido enviadas desde Guinea Ecuatorial hacia sus países de origen pese a manifestar temor a persecución o tortura. Tres terminaron nuevamente en Guinea Ecuatorial después de que sus países se negaran a recibirlas y los abogados perdieron contacto con otras tres, según Reuters.
República Dominicana también tiene un acuerdo
El 12 de mayo de 2026, los gobiernos dominicano y estadounidense firmaron un memorando de entendimiento no vinculante que permite el ingreso temporal y excepcional al país de un número limitado de nacionales de terceros Estados.
El acuerdo excluye a haitianos, menores no acompañados y personas con antecedentes penales. Estados Unidos asumirá los costos del mecanismo.
Cancillería ha insistido, sin embargo, en que el esquema dominicano no es equivalente a un acuerdo de "tercer país seguro" ni al tipo de situación que mantienen personas indefinidamente mientras intentan evitar regresar a lugares donde alegan riesgos.
Según explicó el ahora excanciller Roberto Álvarez, el mecanismo dominicano está diseñado para personas que no hayan ingresado al sistema migratorio estadounidense ni solicitado asilo en Estados Unidos. Permanecerían en territorio dominicano solo durante algunos días antes de ser trasladadas a su país de origen, con apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones.
El rastreador Third Country Deportation Watch señalaba a comienzos de agosto que, aunque Estados Unidos había firmado el acuerdo con República Dominicana, no se conocían públicamente transferencias de nacionales de terceros países hacia territorio dominicano bajo ese mecanismo.
El episodio de Malabo muestra por qué estos acuerdos han dejado de ser únicamente una discusión jurídica sobre deportaciones: una vez que el avión sale de Estados Unidos, el interrogante pasa a ser quién se hace responsable de esas personas, bajo qué estatus permanecen en el país receptor y qué ocurre si tampoco pueden —o temen— regresar al país del que originalmente salieron
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