Cuando la muerte se convierte en espectáculo: EE. UU. revive las ejecuciones públicas
El anuncio del Pentágono de transmitir en directo el fusilamiento del exmayor del Ejército Nidal Malik Hasan provocó la condena de la ONU
Diario Libre
Estados Unidos se prepara para mostrar al mundo la ejecución de un condenado a muerte, una decisión que revive una de las prácticas más controvertidas de su historia: convertir el castigo capital en un espectáculo público. Lo que durante siglos congregó multitudes frente a horcas y patíbulos podría regresar el próximo 3 de diciembre a través de una transmisión por internet, esta vez por decisión del Gobierno de una de las principales democracias del mundo.
El anuncio del Pentágono de transmitir en directo el fusilamiento del exmayor del Ejército Nidal Malik Hasan, condenado por asesinar a 13 personas y herir a otras 32 en la base militar de Fort Hood, Texas, en 2009, provocó una condena inmediata de Naciones Unidas.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos advirtió que la retransmisión de una ejecución equivale a hacerla pública y vulneraría la prohibición absoluta de la tortura. El organismo recordó que ha formulado objeciones similares contra las ejecuciones realizadas ante multitudes en Irán y Afganistán.
La decisión, aprobada por el presidente Donald Trump a recomendación del secretario de Defensa, Pete Hegseth, supondría un precedente sin equivalente conocido en las transmisiones oficiales de ejecuciones judiciales estadounidenses.
El fusilamiento está programado para la una de la tarde, aproximadamente a la misma hora en que comenzó la matanza del 5 de noviembre de 2009, y se realizará en la instalación militar donde ocurrió el ataque.
Estados Unidos: de las horcas a las pantallas
Las ejecuciones públicas formaron parte de la historia estadounidense desde el período colonial. Durante los siglos XVIII y XIX, los ahorcamientos eran acontecimientos que podían reunir a miles de espectadores. Las autoridades los presentaban como advertencias contra el delito, mientras las multitudes acudían para presenciar el cumplimiento de las sentencias.
Aquellas ceremonias podían incluir sermones religiosos, discursos de los condenados y la presencia de familias enteras. Según el historiador de la pena capital Michael Radelet, profesor emérito de la Universidad de Colorado, los asistentes no siempre acudían por interés en la justicia, sino también por el atractivo del espectáculo. La muerte de una persona se convertía así en un acontecimiento social.
Uno de los episodios más recordados ocurrió el 14 de agosto de 1936 en Owensboro, Kentucky, cuando Rainey Bethea, un hombre negro condenado por la violación y asesinato de una mujer blanca, fue ahorcado ante una multitud estimada en unas 20,000 personas. El acontecimiento adquirió características de feria popular y produjo una fuerte reacción contra la exhibición pública de la pena capital.
Aunque hubo un ahorcamiento público posterior en Misuri, en 1937, el caso de Bethea suele identificarse como el último gran espectáculo de ejecución pública en Estados Unidos. El rechazo a estas escenas contribuyó a trasladar progresivamente los procedimientos a recintos penitenciarios, con acceso restringido a funcionarios, familiares, abogados, periodistas y testigos autorizados.
Desde entonces, la pena de muerte no desapareció del sistema judicial estadounidense, pero su aplicación quedó generalmente fuera de la vista del público. La ejecución de Timothy McVeigh, responsable del atentado de Oklahoma City de 1995, fue transmitida en 2001 mediante un circuito cerrado de televisión para un grupo limitado de familiares de las víctimas, sin difusión abierta.
- El fusilamiento anunciado para diciembre representaría, además, la primera ejecución realizada por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961 y la primera mediante pelotón de fusilamiento militar desde la Segunda Guerra Mundial.
Irán y Afganistán: castigos ante multitudes
Las ejecuciones públicas no son exclusivas de regímenes autoritarios en términos históricos, pero actualmente se documentan principalmente en países donde existen graves restricciones a las libertades civiles y al control independiente de las instituciones.
Irán figura entre los Estados que continúan utilizando la pena capital en espacios abiertos. Las autoridades han ejecutado a condenados mediante ahorcamiento ante espectadores, una práctica cuestionada por organizaciones internacionales por su carácter intimidatorio y por la exposición de la persona condenada a la humillación pública.
En Afganistán, las autoridades talibanas han organizado ejecuciones en instalaciones deportivas y otros espacios de concentración pública. Estos procedimientos se desarrollan bajo su interpretación de la ley islámica y, en determinados casos, con participación de familiares de las víctimas.
Amnistía Internacional documentó al menos 17 ejecuciones públicas durante 2025: once en Irán y seis en Afganistán, según las cifras recogidas en las informaciones difundidas este viernes sobre el pronunciamiento de Naciones Unidas. Se trata de casos registrados, no necesariamente de la totalidad de los ocurridos.
Corea del Norte también ha sido señalada durante años por testimonios e investigaciones internacionales sobre ejecuciones ante espectadores, utilizadas presuntamente como instrumentos de intimidación. Sin embargo, las restricciones de acceso al país dificultan establecer con independencia la frecuencia y las circunstancias de esos procedimientos.
La diferencia entre estos sistemas y Estados Unidos no reside únicamente en la forma de gobierno, sino también en las garantías judiciales, los mecanismos de supervisión y la publicidad del castigo. En el caso estadounidense, la transmisión anunciada plantea un problema adicional: la posibilidad de que una ejecución judicial sea difundida simultáneamente a millones de personas y permanezca disponible mediante grabaciones.
La ONU: una violación de la dignidad humana
La posición de Naciones Unidas no se limita al cuestionamiento de las ejecuciones públicas. Los mecanismos internacionales de derechos humanos llevan décadas examinando la compatibilidad de la pena capital con la prohibición de la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes y el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad.
En 2026, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos el informe A/HRC/62/37, dedicado específicamente a examinar la pena de muerte desde la perspectiva de la prohibición de la tortura y otros malos tratos, así como de la protección de la dignidad humana.
En relación con el caso estadounidense, la Oficina del Alto Comisionado fue categórica al considerar que transmitir una ejecución en directo equivale a realizarla públicamente y vulneraría la prohibición absoluta de la tortura. La declaración no constituye una sentencia judicial contra Estados Unidos, pero expresa la interpretación del organismo internacional encargado de promover y proteger los derechos humanos.
El debate también afecta a las personas que presencian estos procedimientos, especialmente cuando las imágenes pueden alcanzar a menores de edad o circular sin restricciones por las plataformas digitales.
¿Transparencia judicial o espectáculo?
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha defendido la decisión de permitir que la población observe el fusilamiento. Su argumento es que la sociedad debe comprender que determinados crímenes tienen consecuencias extremadamente graves.
Sin embargo, especialistas estadounidenses en derecho penal discrepan sobre los efectos de esa exposición. Deborah Denno, profesora de la Universidad Fordham y experta en pena de muerte, considera que mostrar el procedimiento podría aumentar la transparencia y permitir que la ciudadanía conozca cómo se aplica realmente el castigo capital.
Elisabeth Semel, codirectora de la Clínica de Pena de Muerte de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, ha planteado interrogantes sobre la dignidad del condenado, los límites de acceso a las imágenes y las motivaciones del Gobierno para promover una transmisión sin precedentes.
El anuncio también llega en medio de cuestionamientos a los métodos de ejecución utilizados en Estados Unidos, particularmente después de que Christa Pike sobreviviera a un intento de ejecución mediante inyección letal en Tennessee a comienzos de octubre, un episodio que reactivó las discusiones sobre los procedimientos y el sufrimiento de los condenados.
El castigo capital en las democracias
Estados Unidos mantiene una posición particular entre las democracias occidentales. Mientras los países de la Unión Europea han abolido la pena de muerte, el sistema estadounidense continúa permitiéndola en determinadas jurisdicciones estatales, en el ámbito federal y en la justicia militar.
Otras democracias, como Japón, también conservan y aplican la pena capital, aunque sus ejecuciones se realizan dentro de establecimientos penitenciarios y sin acceso público general. La existencia de la pena de muerte en un sistema democrático no implica, por tanto, que sus ejecuciones sean públicas.
La distinción es fundamental para comprender el alcance del anuncio estadounidense: una cosa es que un Estado conserve legalmente la pena capital y otra que decida convertir su aplicación en una transmisión accesible a la población.
En Estados Unidos, además, la controversia podría trasladarse a los tribunales. Eugene R. Fidell, especialista en derecho militar vinculado a la Universidad de Yale, ha advertido que el procedimiento podría enfrentar recursos y prolongarse más allá de la actual administración. La fecha anunciada, por consiguiente, no elimina la posibilidad de nuevas disputas judiciales.
Cuando la muerte se convierte en espectáculo
La historia de las ejecuciones públicas muestra que el espectáculo no depende únicamente del método empleado, sino también de la intención de exhibir el castigo ante una audiencia. Las horcas de las plazas coloniales, los ahorcamientos ante multitudes y los fusilamientos en espacios abiertos respondieron, en distintas épocas y sistemas políticos, a la idea de que la muerte de un condenado podía servir como advertencia colectiva.
La transmisión digital introduce una dimensión diferente. A diferencia de las ejecuciones presenciadas por grupos reunidos en un lugar determinado, una emisión en directo puede llegar a espectadores de numerosos países, reproducirse posteriormente y circular fuera del control de las autoridades que la organizaron.
El fusilamiento de Nidal Hasan, de concretarse en las condiciones anunciadas, colocaría a Estados Unidos ante una contradicción señalada por Naciones Unidas: un procedimiento autorizado por su sistema judicial militar sería difundido públicamente mediante una práctica que el organismo internacional considera incompatible con la prohibición de la tortura.
Casi nueve décadas después de que los grandes ahorcamientos públicos desaparecieran de la vida estadounidense, el debate vuelve a concentrarse en una cuestión que trasciende la culpabilidad del condenado: hasta dónde puede llegar el Estado al exhibir la muerte de una persona como demostración de justicia.
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