Jueza federal ordena a Trump suspender investigaciones sobre votantes no ciudadanos
Organizaciones denuncian que las pesquisas generan intimidación entre votantes y afectan la participación electoral
Diario Libre USA
Una jueza federal en California ordenó a la Administración del presidente Donald Trump suspender hasta el cierre de las urnas del próximo 3 de noviembre las investigaciones en nueve estados sobre posibles casos de extranjeros no ciudadanos registrados para votar en Estados Unidos.
La magistrada Araceli Martínez-Olguin, del Tribunal Federal de Distrito en Oakland, concluyó que la investigación gubernamental se basa en datos con numerosos errores y está provocando intimidación entre organizaciones y personas que trabajan para facilitar la participación electoral.
La decisión, emitida el miércoles, quedó suspendida temporalmente hasta este viernes para dar tiempo a la Administración a presentar una apelación.
La orden abarca las pesquisas en California, Connecticut, Georgia, Misuri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin, en medio de los esfuerzos del Gobierno federal por detectar posibles irregularidades relacionadas con la elegibilidad de los votantes antes de las elecciones legislativas de medio término.
La jueza cuestiona la fiabilidad de los datos
En su decisión, Martínez-Olguin advirtió que la ausencia de una base de datos federal que registre la ciudadanía de los residentes estadounidenses dificulta verificar de manera fiable si una persona está legalmente habilitada para votar.
«Incluso en las mejores condiciones, existe una alta probabilidad de error en la revisión, porque no hay una base de datos federal que contenga el estatus de ciudadanía de los residentes de Estados Unidos», escribió la jueza, según el fallo.
La magistrada también cuestionó la rapidez con la que se realizaban las verificaciones. De acuerdo con documentos judiciales, durante una fase intensificada de la investigación, iniciada a finales de agosto, los agentes recibieron instrucciones de dedicar un máximo de 12 minutos a revisar cada persona señalada.
- Las listas utilizadas por los investigadores procedían de distintas fuentes, incluidos gobiernos estatales y locales, así como información disponible públicamente. Para los estados que se negaron a entregar sus registros electorales al Gobierno federal, las autoridades intentaron obtener datos mediante versiones comerciales de esos listados que la jueza calificó de poco fiables.
Los documentos del caso también indican que los investigadores recibieron instrucciones de examinar a ciudadanos naturalizados para determinar si habían votado antes de adquirir la ciudadanía estadounidense.
Organizaciones denuncian intimidación a votantes
La demanda fue presentada por la Asociación de Enfermeras de California, la organización National Nurses United, la Fundación Voto Latino, la ciudad de San Francisco y el condado de Santa Clara.
Los demandantes argumentaron que las pesquisas estaban perjudicando las labores de asistencia y movilización electoral, al generar temor entre ciudadanos que podían ser identificados erróneamente como personas sin derecho a votar.
Martínez-Olguin consideró que esos temores constituían una forma de intimidación que había desalentado a algunas personas de asistir a actos de campaña y participar como observadores electorales.
No obstante, la jueza limitó el fundamento de su decisión al perjuicio denunciado por las organizaciones demandantes en sus actividades de asistencia electoral. No determinó que se estuviera vulnerando el derecho al voto de los miembros de los sindicatos, en parte porque la mayoría vota por correo y no presencialmente.
El abogado de los demandantes, Beau Tremitiere, afirmó que la decisión respalda las preocupaciones de las organizaciones sobre la calidad de los datos empleados y el envío de agentes a domicilios particulares semanas antes de las elecciones.
Seguridad Nacional defiende las pesquisas
En respuesta al fallo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó este jueves que su objetivo es retirar del proceso electoral a los extranjeros que voten ilegalmente y que, según la agencia, diluyan el peso de los votos de los ciudadanos estadounidenses.
La institución agregó que no tiene previsto interrogar ni investigar a personas que considere ciudadanos estadounidenses.
La investigación, conocida como Unlawful Voter Initiative (Iniciativa contra el Voto Ilegal), salió a la luz pública el mes pasado, después de que el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, y el senador demócrata Alex Padilla, de California, divulgaran un informe de un denunciante sobre las pesquisas.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia ha exigido a los estados registros electorales detallados y sin tachaduras, y ha demandado a 30 estados que se negaron a entregarlos. Según la información citada en el proceso, el Gobierno federal ha perdido hasta ahora esos litigios.
La orden judicial representa un nuevo obstáculo para los esfuerzos de la Administración Trump por investigar posibles casos de votación de personas sin ciudadanía estadounidense, una práctica que las investigaciones disponibles han identificado como poco frecuente.
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