EE. UU. persigue procesos por fraude a ayudas públicas que involucran a dominicanos
Los acusados utilizaron identidades robadas para obtener beneficios de desempleo, alimentación y salud, generando un impacto significativo en los recursos públicos

La justicia estadounidense mantiene varios procesos por fraude a programas de asistencia pública que involucran a ciudadanos dominicanos. Durante 2026 se han dictado condenas y presentado acusaciones por el uso de identidades robadas para obtener beneficios de desempleo, alimentación, salud y vivienda.
Karin L. Contreras, de 45 años, fue condenada el 6 de noviembre a 27 meses de prisión en Washington D. C. por participar en una conspiración que intentó obtener más de un millón de dólares en subsidios por desempleo durante la pandemia.
La Fiscalía federal estableció que la red utilizaba datos personales robados para conseguir tarjetas prepagadas y retirar dinero en cajeros automáticos. Contreras utilizó 12 tarjetas para retirar 23,000 dólares entre el 1 y el 14 de julio de 2020.
El grupo obtuvo más de 550,000 dólares. La jueza Beryl A. Howell también impuso a Contreras dos años de libertad supervisada y el pago de 551,674.78 dólares en restitución.
Raúl Fernández Vicioso, de 38 años, residente en Massachusetts, recibió el 5 de octubre una condena de dos años de prisión.
Participó en un esquema que utilizó más de 100 identidades robadas para conseguir unos 440,000 dólares en ayudas alimentarias y más de 700,000 dólares en beneficios por desempleo.
Detalles de los fraudes
Los responsables crearon 24 hogares ficticios. Parte de los fondos sirvió para comprar alimentos destinados a un restaurante administrado por Fernández Vicioso. El tribunal ordenó pagar 1.1 millones de dólares en restitución.
También en Massachusetts, Wilfredo Payano Batista, de 39 años, está acusado de cobrar 17,682 dólares en ayudas por desempleo durante 21 semanas en las que permanecía preso por delitos relacionados con drogas.
Según la Fiscalía, obtuvo más de 48,000 dólares en beneficios por desempleo y un préstamo de 20,832 dólares mediante una identidad robada. Fue acusado formalmente en agosto y su proceso continúa pendiente.
El 4 de noviembre, Danis Piron Lara, de 51 años, se declaró culpable en Massachusetts de obtener 57,289 dólares en cobertura médica y 15,186 dólares en asistencia alimentaria utilizando datos de otra persona.
Un día antes, Cledis Germán Romero, de 40 años, compareció ante un tribunal acusado de conseguir 16,205 dólares en beneficios médicos con una identidad robada.
El 30 de octubre, Erpawi Roque Collado, de 54 años, se declaró culpable de obtener 24,128 dólares en asistencia alimentaria entre 2016 y 2025. Su sentencia está prevista para enero de 2027.
Rodolfo Armando Fernández Guzmán enfrenta cargos por obtener presuntamente 166,479 dólares en beneficios de alimentación, cobertura médica y vivienda.
En Rhode Island, Jesús Matos Pérez, de 52 años, fue condenado en julio a 18 meses de prisión por obtener alrededor de 75,000 dólares en ayudas públicas mediante identidades ajenas.
William José Alejandro Arias Amador, de 45 años, recibió una pena de 12 meses y un día por un fraude similar.
- En Florida, Juan Francisco de la Cruz Mejía, de 38 años, fue condenado en junio a 52 meses de prisión por obtener 105,057 dólares en beneficios por discapacidad y generar otros 108,057 dólares en pagos indebidos de Medicare.
En octubre de 2024, Luz Paulino recibió una condena de 54 meses de prisión por fraude con préstamos de emergencia de la pandemia.
Ese mismo año, Yohauris Rodríguez Hernández fue sentenciado a 79 meses por participar en un esquema de fraude a subsidios por desempleo.
El Departamento de Justicia informó que entre junio y septiembre de 2026 realizó actuaciones contra más de 160 acusados por fraudes a los programas de ayuda de la pandemia, en expedientes que involucraban unos 245 millones de dólares en pérdidas pretendidas.




Omar Santana