“Cometemos un grave error ventilando únicamente estos problemas en las redes sociales”

  • Diario Libre USA entrevista a la abogada dominicana destacada en el extranjero Claudia de Windt
$!“Cometemos un grave error ventilando únicamente estos problemas en las redes sociales”
Claudia de Windt

La especialista en Derecho Internacional del Medio Ambiente, Claudia de Windt, entiende que los ciudadanos deben salir de las redes sociales y dejar de ventilar solo en estos medios las exigencias de responsabilidad y rendición de cuentas a los gobiernos.

“La democracia es más que procesos electorales. La sociedad una vez elige a sus representantes también tiene, no solo el derecho, sino el deber de exigirles responsabilidad y rendición de cuentas. Como ciudadanos cometemos un grave error ventilando únicamente estos problemas en las redes sociales”, dice en una entrevista con Diario Libre USA.

De Windt es una abogada dominicana, con un desempeño de casi dos décadas en el Departamento de Desarrollo Sostenible y Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OA), en el que dirigió iniciativas sobre reforma legislativas, derecho ambiental, derechos humanos, inversiones y prevención de conflictos, entre otras.

A su destacado currículum en el extranjero, que incluye colaboraciones con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en América, y catedrática adjunta de la Facultad de Derecho del Washington College of Law, American University, se le suma haber colaborado en la autoría de la Ley General sobre Medio Ambiente de la República Dominicana.

Ahora, junto con Sheila Abed, exministra de Justicia de Paraguay, y María Amparo Alban, abogada medioambiental ecuatoriana, es de las fundadoras del nuevo Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad (IIJS), con sede en Washington, del que es su directora ejecutiva.

Diario Libre USA conversó con De Windt sobre la nueva entidad y su visión de otros temas actuales.

–¿Por qué se hace necesario crear un Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad? ¿Las entidades existentes no están haciendo su trabajo?

Existe un vacío en la región, creado por la fragmentación y la compartimentalización de las agendas, tanto en los sectores públicos, privados, como en el tercer sector, más conocido como la sociedad civil.

Cada uno persigue sus intereses y habla su propio lenguaje, las agendas no se comunican. Los silos y la falta de articulación generan desconfianza en las políticas y las decisiones. La pandemia ha desnudado esto mucho más. En cada rincón de la región vemos más las grietas sociales y ambientales, la inequidad que ya existía se ha agudizado.

El IIJS surge como un nuevo modelo cooperativo con una perspectiva de género diferenciada. La democracia requiere trabajo, diálogo y concertación, más aún en este momento de “sociedad en riesgo” que vivimos. Ya no podemos hablar de nosotros y ellos, tenemos que hablar de nosotros en lo nacional y lo multilateral para lograr esa mirada de sociedad, país hacia dentro y esa mirada colectiva hacia el exterior. Tenemos que hablar de solidaridad.

Lo que mueve las economías en las Américas -por cierto, basadas principalmente en recursos naturales- es el sector privado. El IIJS es privado en esencia, pero con una misión de interés colectivo, y tiene el potencial de construir puentes y trascender conocimiento y valores entre sectores y actores.

En este sentido, nuestros servicios se basan en generar compromiso, diplomacia, la cooperación. Apoyando los esfuerzos técnicos y políticos, así como los roles de los múltiples actores en los temas de justicia ambiental y climática, la sostenibilidad de los negocios, el desarrollo, las inversiones y el comercio, en un marco de estado de derecho y de la reconstrucción verde post pandemia.

–¿Cuáles son las debilidades más preocupantes en la justicia y la sostenibilidad ambiental de la región?

Las debilidades resultantes de nuestras interacciones con la naturaleza. Ni la legislación y ni el sistema de justicia en su aplicación han logrado el balance en esta relación, lo que nos ha llevado a la mayor crisis ética y moral de nuestro tiempo.

Aproximadamente, el 50 por ciento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible están siendo socavados o no cumplidos. Lo mismo los Acuerdos Multilaterales Ambientales. Esto se ve en los cambios en los ecosistemas y el uso del suelo; el riesgo y la extinción de especies (más de un millón amenazadas o en peligro de extinción y notoriamente en el Caribe), el comercio ilegal y mal regulado de vida silvestre y el cambio climático agravado por la delincuencia ambiental desenfrenada. Estos desafíos son también causa de la conflictividad socioambiental (más de 1700 conflictos en la región).

La sociedad reclama cada vez más y se espera que la justicia responda. Al haber mayor judicialización, los jueces se convierten cada vez más en guardianes, tanto de la democracia, de la constitución y de la sostenibilidad. Sin embargo, esta gran responsabilidad requiere especialización, conocimiento y manejo, tanto de la ciencia como de la ley en la ponderación.

–El tema medioambiental genera muchos conflictos privados y públicos. En la República Dominicana no es raro que el nombre de un funcionario o un militar sea mencionado en una litis ambiental. ¿Cómo debe actuar la sociedad civil para que haya menos impunidad cuando el poder se impone?

En los escenarios políticos, cuesta priorizar los temas ambientales. Sin embargo, no hay un día en el que no haya un titular sobre conflictos ambientales. Es muy acertada tu pregunta.

Primero pienso que es importante destacar el papel que juegan cada uno de los poderes del Estado en las democracias paritarias, no solo la sociedad civil. Cada uno tiene su espacio. El Congreso, por ejemplo, como representante del pueblo tiene una facultad importantísima en el ejercicio del control político y puede pedir que un funcionario público rinda cuentas sobre por qué ha actuado de una manera y no de otra. Lo he visto en acción en varios países de la región.

La democracia es más que procesos electorales. La sociedad, una vez elige a sus representantes, también tiene, no solo el derecho, sino el deber de exigirles responsabilidad y rendición de cuentas. Como ciudadanos cometemos un grave error ventilando únicamente estos problemas en las redes sociales. Generalmente agrava la situación. La sociedad civil en muchos países es la principal aliada de las autoridades en la sostenibilidad.

–¿Considera que la Ley General sobre Medio Ambiente vigente en la República Dominicana está acorde con la realidad actual del sector?

Hablar de la Ley 64-00 me pone algo nostálgica pues fue el primer proyecto en que colaboré con el país como funcionaria internacional. Esta es la ley general más vanguardista que existe en el hemisferio, no porque haya trabajado en ella, sino porque es la más reciente en las Américas. Sin embargo, cabe mencionar que ninguna ley puede cubrir todas las situaciones emergentes. Es imposible que el legislador pueda anticipar todas los escenarios. Las interacciones y necesidades humanas, los ecosistemas y el impacto o el daño ambiental evolucionan por esencia.

Si bien podría argumentarse que hay algunos temas que podrían incluirse o desarrollarse para mejorar cuestiones como la dispersión, competencias y facilitar la implementación, no se puede perder de vista el hecho de que se trata de una ley marco, que se auxilia instrumentos como las normas, reglamentos y de los instrumentos de política ambiental que contribuyen a su implementación.

–La pandemia del COVID-19 se enfoca en un tema mundial de salud, pero ¿se pueden visualizar repercusiones medioambientales a las que se les debe prestar atención?

La pandemia del COVID-19 existe y agrega presión a vulnerabilidades subyacentes. Se espera que los factores subyacentes de vulnerabilidad que afectan el bienestar en la región como la persistente desigualdad -incluída de género-, la pobreza y el desempleo, aumenten mientras que el PIB se desploma como resultado de la pandemia.

Estos factores, junto con la crisis climática y la contaminación del aire, el mayor riesgo para la salud pública ambiental en las Américas, vinculado al aumento de casos y muertes por COVID 19, añaden presión y amplifican los riesgos existentes, aumentando la susceptibilidad de las comunidades de la región.

A mayor pobreza y desigualdad, mayor degradación ambiental. Lo mismo: a mayor degradación ambiental menos salud y más pobreza. Las medidas preventivas y de respuesta en vigor han tenido algunos efectos positivos no intencionales. Es decir, la reducción de la contaminación y de las emisiones de carbono.

Por otro lado también hay impactos negativos como en el tema de plásticos y manejo de residuos sólidos y sanitarios. Sabemos que el 75 por ciento de las enfermedades infecciosas son zoonóticas. Y que, si invadimos los espacios de la naturaleza, debemos estar preparados para compartir otras cosas con ella.

Si bien no hay una sola receta para la transformación necesaria post pandemia, esta exige una visión integral y capaz de considerar todos los aspectos de la crisis mundial. El modelo post pandémico requiere políticas de protección social coherentes, específicas y ampliadas que incorporen los efectos positivos no intencionales de las medidas preventivas y de respuesta en vigor. Es decir, la reducción de la contaminación y de las emisiones de carbono, evitándose el retorno al modelo que contribuyó a la causalidad de la pandemia.

–La República Dominicana celebrará elecciones el próximo 5 de julio. El nuevo gobierno asumirá en una crisis por la pandemia. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le haría en materia de justicia y sostenibilidad a esa nueva administración?

Jamás presumiría de tener todas las respuestas que debe tener una administración. Sin embargo, puedo afirmar con certeza que el éxito y la eficacia en la respuesta a la pandemia y la preparación para la próxima vez deben ser una decisión coherente, no opcional, de lo nacional a lo mundial.

Dadas las circunstancias, es hora de reaccionar ante una sociedad en riesgo y, sin arrogancia, ir generando nuevas soluciones a nuevas y urgentes demandas sociales en el marco del estado de derecho.

La mentalidad debe ser una de colectivo, resiliencia y de gestión del riesgo. Planear ante la incertidumbre, responder con prevención, respetando siempre los derechos fundamentales. Es claro que los desafíos son muchos. Pero, no hay que reinventar la rueda. Empezar donde estamos, con lo que tenemos y hacer lo mejor que se pueda.

Se necesita un liderazgo diferente para el manejo de la crisis, incluso con perspectiva de género. Respeto por la verdad, la honestidad, empatía para cerrar la brecha de la desigualdad. Esto no borrará el shock económico, pero lo haría más soportable. Se trata de un liderazgo responsable.

Los pueblos que no aprenden de su historia están destinados a vivirla de nuevo. Es hora de repensar y prestar atención al equilibrio entre la humanidad y la ecología y al enfoque común de la sociedad.

–Usted es una dominicana que se ha destacado en el exterior. ¿Cuál es la causa que más le ha costado defender y aún no ha logrado el resultado que espera?

La justicia. La justicia como valor social, más allá de lo que es legal, lo que es justo. Es muy fácil hablar de justicia o de hacer justicia, pero es difícil internalizar y asumir el costo -incluido político- que conlleva la verdadera justicia basada en la participación, la distribución equitativa de las cargas y beneficios socioambientales en las sociedades.

–¿Y de cuál se siente más satisfecha?

Ser dominicana y lo que ello representa. En este contexto, como dominicana me ha dado gran satisfacción aportar al avance del derecho internacional y los sistemas de justicia en la región en las cuestiones medioambientales. Los jueces y los fiscales de las Américas han dado pasos firmes en la última década para mantener ese balance entre ser humano y naturaleza, así como para preservar la diversidad en nuestra identidad. El derecho a un medioambiente sano y equilibrado es más real gracias a su esfuerzo.

–¿Qué es lo que más extraña de su país?

La mar. Verla todos los días. Mis dos abuelos, a su manera, fueron hombres de mar. Uno inmigrante gallego que extrañando su ría me enseñó a querer muy de cerca nuestras costas. Por otro, el almirante De Windt, un naturalista, explorador, con apenas unos 14 años en la primera tropa Boy Scout, descubre la Cueva de las Maravillas, y luego, en su servicio público, se destaca por su defensa del ambiente en varios cargos y la protección de nuestra mar con su legado en la Ley 3003. Ambos, un gran ejemplo e inspiración que nuestra mar me hace recordar.

También, extraño la sonrisa del dominicano. No importa que tan mal lo esté pasando, siempre está ahí. El impulso de la mujer dominicana. Las mujeres en mi familia, mi mamá, abuela, mis tías, me enseñaron a vivir con la verdad, a ser decidida y segura en mis actos, flexible y adaptable, pero siempre con amor y en los zapatos del otro, con gran responsabilidad social, empatía y cuidado.

Y por supuesto el mangú... y las semillas de cajuil que venden en los semáforos.

–¿Cómo la gente común puede ser apoyada por usted y el equipo en el nuevo Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad?

En primer lugar, bajo el pilar de innovación queremos que el IIJS sea una caja de resonancia para las buenas ideas en el marco de nuestra misión. Estamos abiertos a conversar, escuchar y pensar juntos en soluciones de vanguardia. Nuestro enfoque de un puente entre la justicia sostenibilidad y prosperidad da lugar a ello.

Segundo, siendo una entidad privada en esencia, pero con una misión de interés colectivo, nuestros servicios, por naturaleza, deben tener un impacto material y positivo en el interés colectivo de la gente. En nuestra página web tenemos algunos ejemplos de estos servicios.

¿Qué tipo de iniciativas locales ustedes abrazarían? De la República Dominicana, ¿qué espera darle seguimiento desde el Instituto?

Esperamos trabajar con distintos sectores en el país, en fortalecer la cooperación y las alianzas con los actores internacionales para la sostenibilidad. Tender esos puentes para lograr mayor acceso a programas, no solo de ayuda financiera, sino en cuanto al desarrollo e implementación de políticas públicas y medidas sociales complementarias para lograr justicia, sostenibilidad y prosperidad.

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20200627 https://www.diariolibre.com

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