Farmacéuticas de EEUU acuerdan pagar UU$26,000 millones por su rol en crisis de opiáceos

Un monto “histórico” de 26,000 millones de dólares: esta es la suma que el laboratorio Johnson & Johnson y tres distribuidores de medicamentos acusados de contribuir a la epidemia de opiáceos están dispuestos a pagar para poner fin a unas 4,000 demandas judiciales en Estados Unidos.

J&J aceptó pagar 5,000 millones de dólares en nueve años, y los distribuidores estadounidenses McKesson, Cardinal Health, y Amerisource Bergen, que suministran un 90 % de los medicamentos del país, pagarán 21,000 millones en 18 años, anunció el miércoles la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, en un comunicado.

Con este acuerdo “histórico” las compañías esperan enterrar unas 4,000 demandas en su contra presentadas por muchos estados del país y comunidades locales, y evitar juicios, precisó James, que ofreció una conferencia de prensa para explicar el acuerdo junto a fiscales de otros seis estados.

“Johnson & Johnson, McKesson, Cardinal Health, y Amerisource Bergen no solo ayudaron a encender el fósforo, pero siguieron alimentando el fuego de la adicción a los opiáceos durante más de dos décadas. Hoy, hacemos que rindan cuentas e inyectamos miles de millones de dólares en comunidades de todo el país”, sostuvo la fiscal.

El acuerdo también prevé cambios en la industria farmacéutica para poner fin a la epidemia y evitar que se repita.

Johnson & Johnson, que se niega a admitir culpabilidad, dejará de vender opiáceos a nivel nacional, y McKesson, Cardinal Health, y Amerisource Bergen “finalmente han acordado coordinar y compartir su información con un monitor independiente para garantizar que este incendio no se extienda aún más”, dijo James.

“La gente está muriendo”

El acuerdo, que fue catalogado de “histórico” por la fiscal, ya fue aprobado por Nueva York y otros seis estados del país (Carolina del Norte, Connecticut, Delaware, Luisiana, Pensilvania y Tennessee). Pero todavía debe recibir el visto bueno de otros estados en un plazo de 30 días, y de numerosas comunidades en 150 días.

“Queremos que estos dineros lleguen a nuestras comunidades lo más rápido posible, y que sea el máximo monto posible, porque la gente está muriendo, y queremos salvar vidas”, dijo el fiscal de Carolina del Norte, Josh Stein, quien espera que más de 40 estados suscriban el compromiso.

Al menos dos estados, Washington y West Virginia, criticaron públicamente el acuerdo por considerar que recibirían poco dinero y prometieron pelear sus casos en los tribunales.

El fiscal de West Virginia, Patrick Morrisey, se quejó de que el acuerdo otorga solo migajas a los estados más pequeños ya que los fondos son decididos en base a la población “y no a la intensidad de la crisis de los opiáceos”.

Una batalla jurídica

Si es confirmado, este será el mayor acuerdo en la larga batalla legal entre los gobiernos estatales y locales y la red de fabricación y distribución de opiáceos -incluidas farmacias y médicos o consultoras como McKinsey-, que durante años cerraron los ojos al consumo abusivo de poderosos medicamentos contra el dolor.

Pero no abarca a todos los fabricantes ni distribuidores: otros laboratorios que son blancos de demandas judiciales como Purdue -fabricante del medicamento OxyContin, que muchos consideran uno de los primeros responsables de la epidemia-, Teva, Allergan o Endo no se unieron al acuerdo.

Tampoco incluye a las grandes cadenas de farmacias estadounidenses como CVS o Walgreens, objeto de demandas judiciales por su papel en la distribución.

La batalla es a veces comparada con la que tuvo lugar contra las tabacaleras en los años ‘80, que culminó con un acuerdo amistoso entre los fabricantes y la casi totalidad de los estados en 1998, por casi 250,000 millones de dólares.

Una serie de acuerdos amistosos fueron anunciados estos últimos meses, cuando las demandas llegaron a los tribunales, incluido uno de J&J con el estado de Nueva York por 230 millones de dólares, y otro del laboratorio Purdue, acusado de estar en el origen de la crisis con su medicamento OxyContin.

El acuerdo con Purdue, que prevé una restructuración completa del laboratorio propiedad de la familia Sackler y el desembolso de 4,500 millones de dólares a las comunidades afectadas por la epidemia, debe aún ser confirmado por un tribunal de quiebras, ya que la compañía se declaró en moratoria.

La promoción agresiva de medicamentos contra el dolor muy adictivos desde mediados de la década de 1990 es considerada por muchos como el desencadenante de la crisis de los opiáceos, que ha provocado más de 500,000 muertes por sobredosis en los últimos 20 años en Estados Unidos.

Al tornarse adictos a estos opiáceos entregados con receta médica, muchos pacientes comenzaron a consumir luego potentes derivados ilícitos como la heroína o el fentanilo, en el origen de muchas sobredosis.

La epidemia se agravó durante la pandemia de coronavirus: más de 93,000 personas murieron por sobredosis ligadas en gran parte a los opiáceos en 2020, según estadísticas publicadas hace una semana.

AFP

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