Abogado de Uribe se la juega en la Fiscalía por la libertad del expresidente

La defensa del expresidente colombiano Álvaro Uribe destapó este miércoles otra de sus cartas en el proceso por fraude procesal y soborno de testigos que le abrió la Corte Suprema de Justicia al pedir su libertad a la Fiscalía, entidad a la que fue transferido el caso.

Uribe está en detención domiciliaria desde el pasado 4 de agosto por decisión de la Corte, que consideró que hay riesgos de que el exmandatario, fundador del partido Centro Democrático, obstruya la justicia, por lo que permanece en su hacienda 'El Ubérrimo', en el departamento caribeño de Córdoba.

El abogado Jaime Granados sustentó la petición de libertad para su defendido en un argumento técnico orientado a 'la adecuación de la investigación' ya que al renunciar Uribe a su escaño en el Senado y perder el fuero parlamentario, el proceso salió de la órbita de la Corte Suprema y pasó a la Fiscalía.

Según el letrado, el caso no puede seguir bajo la Ley 600 del año 2000, basada en un sistema mixto de carácter inquisitivo en el que quien conduce el proceso es juez y parte, sino que debe manejarse según la Ley 906 de 2004 del sistema penal acusatorio, en el que hay un fiscal que investiga, un juez de control de garantías que toma decisiones y un juez de conocimiento que es el que dirige el eventual juicio.

'Así, es evidente que ante esta nueva realidad procesal la detención preventiva ordenada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no tiene cabida, desde el punto de vista constitucional, en un proceso que se debe regir por la Ley 906 de 2004', manifestó Granados en su solicitud al fiscal general, Francisco Barbosa.

Con base en esa situación, el abogado pidió a la Fiscalía 'disponer la libertad inmediata' de su defendido.

Esto significa que Uribe podría quedar libre en un plazo razonablemente corto de tiempo si la Fiscalía acepta su petición.

AUSENCIA DE IMPUTACIÓN DE CARGOS

Granados refuerza su tesis con el argumento de que al no haber sido el expresidente imputado aún por la Fiscalía no hay base jurídica para mantenerlo bajo la 'medida de aseguramiento', que en este caso es la detención domiciliaria.

'Un desconocimiento de esta situación implicaría la clara configuración de un defecto procedimental absoluto (...) así como una violación directa de la Constitución', manifestó Granados en la solicitud al fiscal general.

Uribe, que fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, ya se refirió hoy a la posibilidad de quedar libre en un mensaje en su cuenta de Twitter en el que afirmó: 'La libertad es un bien inapreciable, pero para mí la honorabilidad es lo prioritario, por eso el énfasis en las pruebas'.

Este proceso se remonta a 2012 cuando Uribe demandó ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos al congresista Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo (PDA), que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Sin embargo, el magistrado José Luis Barceló, instructor del caso, no solo archivó la demanda contra Cepeda sino que le abrió una investigación a Uribe por supuesta manipulación de testigos.

RESPUESTA DE LA CONTRAPARTE

En respuesta a la estrategia del abogado Granados, Cepeda confirmó hoy que recusó al fiscal general para que no conduzca el caso ya que puede configurar un probable conflicto de intereses dada la amistad de Barbosa con el presidente colombiano, Iván Duque, quien a su vez es pupilo de Uribe y milita en su partido, el Centro Democrático.

'Hemos radicado la recusación del fiscal general, Francisco Barbosa, y de la señora vicefiscal (Martha Janeth Mancera), esperamos ahora que la Corte Suprema se pronuncie', dijo sobre la petición de que se nombre un fiscal ad hoc para el caso.

En vista de que un fiscal ad hoc debería ser escogido de una terna propuesta por Duque, Cepeda reiteró 'que ni el presidente de la república, ni la señora vicepresidenta (Marta Lucía Ramírez) podrían enviar ternas en caso de que sea aceptada la recusación' y dijo esperar que sea la Corte Suprema quien lo nombre.

'Es evidente que ahora queda suspendida toda clase de acciones y procedimientos hasta que no se resuelva este asunto', manifestó.

FISCALÍA PROMETE AUTONOMÍA

La Fiscalía General emitió por su parte un comunicado en el que señala que el traslado del proceso de la Corte Suprema a su competencia se realizará 'en los próximos días' y solo una vez se haya dado ese paso podrá asignarle un fiscal.

'El fiscal a quien corresponda el caso asumirá con autonomía, adelantará las acciones investigativas y tomará las decisiones necesarias con absoluta responsabilidad y rigor, en estricto respeto por las garantías constitucionales que le asisten al procesado, las víctimas y demás involucrados', señaló la institución.

En vista de la controversia pública, la Fiscalía instó 'a la sociedad y a los diferentes actores públicos a respetar el rol autónomo e independiente que cumple la entidad y cada uno de los funcionarios como parte de la rama judicial'.

EFE

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