La JCE y la mirada de otros

La auditoría del IFES fue pagada por el gobierno de los Estados Unidos
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El IFES no ha informado el coto de la auditoría.

La presencia en el país de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) como observadora activa, interviniendo en el actual proceso electoral, trae a la memoria de muchos la famosa Comisión de Asesores Electorales (CAE), dispuesta por el presidente Salvador Jorge Blanco, mediante el decreto 383-86, el 12 de mayo de 1986, cuatro días antes de los comicios presidenciales de ese año, buscando resolver los entuertos surgidos durante el proceso de la campaña electoral.

En la actual coyuntura, el IFES fue solicitado para realizar una auditoría al voto automatizado, labor pagada por el gobierno de Estados Unidos, con fondos de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAlD). Hecho el trabajo, se desconoce el monto de su costo.

Aquella CAE debía colaborar “en todo lo relativo a las elecciones, y asegurar, en unión de los observadores enviados por los organismos internacionales, la limpieza del proceso electoral”. El grupo, presidido por monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, estaba compuesto, además, por el periodista Rafael Herrera, en ese entonces director del periódico Listín Diario, Nicolás Pichardo, Alejandro Grullón, José Miguel Bonetti, Rafael G. Calventi, monseñor Agripino Núñez Collado, Luis Taveras Andújar y Frank Moya Pons, este último como secretario.

Ese grupo podía, según la disposición presidencial, “hacerse asistir de las personalidades del interior del país que considere conveniente para los fines del presente decreto”.

La CAE tenía, como ahora, el IFES la misión de hacer experticias sobre el proceso técnico organizativo de la JCE, cuestionado por los partidos ante el temor de que se perdiera la pureza de los comicios.

Ejerciendo sus funciones de secretario, a dos días de su designación, el 14 de mayo de 1986, Moya Pons informó que no se detectaron irregularidades en los listados del registro electoral. La CAE se trasladó al centro de cómputos de la Junta Central Electoral donde se determinó que no había omisiones de electores como se había denunciado.

Ahora, también, el IFES asegura en un informe que en su evaluación del voto automatizado no se identificó ninguna deficiencia que pudiera causar preocupación por el uso de ese sistema, en las próximas elecciones. Eso fue dicho, en rueda de prensa, por la señora Sopié, jefa de la misión.

Transcurrido 34 años de haber sido designada aquella CAE, el país, pese a los avances técnicos en cuestiones electorales, no se ha podido dar un sistema que sea aceptado sin quejas por los partidos y otros sectores. Siempre asoma el fantasma del posible, y siempre real, fraude electoral. Aquella comisión CAE, que sobrepuso sus funciones a la de la JCE, sólo encontró la fórmula de legitimar que a Jacobo Majluta, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) se le despojara de miles votos de su aliado La Estructura, que le daban la victoria, frente a un resucitado Joaquín Balaguer y su Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Todavía, hoy, no aparecen los votos por un maléfico doble rayado. Y el jovial Jacobo, tuvo que aceptarlo así. Hasta que lo mató un cáncer.

Es por eso que andamos detrás de organismos internos y externos en busca de ayuda, para garantizar la credibilidad y pureza en nuestras elecciones, cosa pocas veces logradas.

Ahí está la historia completa, desde la decapitación de la tiranía de Rafael L. Trujillo, en la que nunca faltó el fraude. Durante las primeras elecciones, tras la tiranía, en 1962, cuando se escogió a Juan Bosch como presidente del país, la embajada de Estados Unidos debió de aportar hasta el papel de las boletas. Bosch fue sistemático en sus sospechas, Así lo testimonia el propio embajador norteamericano de entonces, John B. Martin. Nuestra historia electoral ha sido tortuosa y siempre bajo la mirada tutelar de otros.

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