Admiten a trámite demanda contra ley que limita cuestión de confianza en Perú

Lima, 28 oct (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) de Perú admitió este miércoles a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Gobierno contra la reciente ley dictada por el Parlamento que limita las facultades del Ejecutivo para presentar una cuestión de confianza.

La decisión fue unánime por parte de los seis magistrados que actualmente integran el mayor tribunal de garantías nacional y a su vez órgano dirimente en los conflictos entre poderes del Estado, como sucede en este caso.

La ley dictada por el Legislativo, donde la oposición cuenta con mayoría, interpreta varios artículos de la Constitución de modo que el Gobierno solo pueda presentar la confianza sobre materias de su competencia y no sobre cualquier tema que considerase pertinente, como ocurría hasta ahora.

Con este cambio, el Congreso quiere que no se repita el episodio de 2019, cuando el entonces presidente Martín Vizcarra (2018-2020) disolvió el hemiciclo y convocó a nuevas elecciones, al presentar una cuestión de confianza sobre la renovación del Tribunal Constitucional y que el Parlamento postergara su votación.

La nueva norma fue aprobada por insistencia del Congreso después de que el Gobierno la observara y se negara a promulgarla, al considerar que es inconstitucional y vulnera la separación y el equilibrio de poderes del Estado.

La ley fue ratificada por el Parlamento sin tener en cuenta un proyecto de ley presentado por el Gobierno para regular no solo la cuestión de confianza sino también el proceso de vacancia (destitución) del presidente por parte del Congreso, de modo que hubiese mayores límites para los dos poderes en ambos casos.

Ahora mismo el Congreso puede promover una destitución presidencial por 'incapacidad moral permanente' si votan a favor dos tercios de la cámara, lo que equivale a 87 votos.

Pese a que esta figura fue prevista para casos en los que el presidente pierda sus facultades mentales, el anterior Parlamento lo interpretó como carencia de ética y de ese modo destituyó a Vizcarra en 2020 por sospechas de haber recibido sobornos cuando era gobernador de la región Moquegua (2011-2014).

Sin embargo, para que el presidente pueda disolver el Congreso, la Constitución marca que el Legislativo tiene que negarle el voto de confianza al Ejecutivo al menos dos veces y, con esta nueva norma, el Gobierno ley solo puede presentar esta cuestión bajo presupuestos limitados.

Asimismo, el gabinete del presidente Pedro Castillo opina que esta norma supone una modificación implícita de la Constitución, por lo que no debería haber sido aprobada con mayoría absoluta, sino con la aprobación por dos tercios del hemiciclo en dos legislaturas distintas, como corresponde con los cambios en la carta magna.

Tras haber sido admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad, el Parlamento tendrá ahora un plazo de 30 días laborables para presentar por escrito sus alegatos, por lo que el Tribunal no tendrá un fallo hasta dentro de unos tres meses, aproximadamente.

En este litigio, el Gobierno tiene complicado ganar, ya que el fallo solo será aplicable si cuenta con el apoyo de cinco de los seis magistrados.

El Tribunal Constitucional quedó recientemente mermado con el repentino fallecimiento del magistrado Carlos Ramos, mientras que el Congreso inició un proceso para reemplazar a cinco de los seis miembros de la corte que tienen vencido su mandato desde 2019. EFE

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