AI denuncia 39 ejecuciones extrajudiciales cometidas en Etiopía en 2019
Nairobi, 29 may (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció este viernes la violencia de las fuerzas de seguridad en Etiopía durante los conflictos intercomunitarios acaecidos en 2019, en los que la organización documentó al menos 39 ejecuciones extrajudiciales.
Esas ejecuciones sucedieron en la región de Oromía, una de las más importantes del país y donde vive la etnia más numerosa, que ocupa gran parte del centro-sur y rodea la capital etíope, Adís Abeba, precisó AI en un informe.
Cuatro de esos ejecutados, por ejemplo, murieron en el distrito de Goro Dola, tras haber sido arrestadas arbitrariamente por el Ejército de Etiopía (EDF) y fueron descubiertas cuando los soldados sacaron sus cuerpos sin vida de las celdas de detención a la mañana siguiente del arresto.
Se trata de víctimas de una oleada de detenciones arbitrarias que condujo el EDF en busca de miembros del Frente de Liberación Oromo (OLF), una organización independentista considerada terrorista hasta 2018, y del Ejército de Liberación Oromo (OLA), una escisión de los anteriores que surgió cuando el OLF dejó las armas para volver al país y ejercer la política.
El informe de AI, titulado, 'Más allá de la aplicación de la ley: violaciones de los DD.HH. por parte de las fuerzas de seguridad etíopes en Amhara y Oromía', denuncia que 'miles de personas' permanecieron detenidas en las zonas de Guji Occidental y Guji Oriental (dos localidades de Oromía en el sur del país) y luego fueron trasladadas al Campamento de Entrenamiento Militar de Tolay, donde les forzaron a autoincriminarse en sesiones de grupo.
Al menos 2.000 detenidos que no aceptaron la autoinculpación fueron trasladados y permanecieron durante meses en otro centro de detención, con condiciones 'particularmente punitivas por la falta de comida y sitios donde dormir, así como el uso de torturas y otros malos tratos', asegura la organización pro derechos humanos.
En el escrito de AI, elaborado con entrevistas a 80 víctimas y testigos de los hechos, también se recogen tratos similares durante los hechos violentos ocurridos en la región de Amhara en el noroeste del país, donde vive la segunda mayor etnia, en 2019.
En enero de ese año, al menos 150 personas fueron asesinadas en conflictos entre comunidades y por peleas entre la etnia qimant y la ahmárica, y a manos de la milicia amhárica Fanno. Los hechos se produjeron en muchos casos bajo la inacción de las EDF, que tenían mandato de no intervenir.
Amnistía teme que peligre el buen rumbo que tomó Etiopía cuando el primer ministro Abiy Ahmed, que llegó al poder a principios de 2018, comenzó a abolir leyes que reprimían a la prensa, la oposición y la sociedad civil, decidió liberar a miles de presos, muchos de ellos políticos, y legalizó partidos que denominaba el antiguo Ejecutivo como terroristas.
'Mientras se dieron unos primeros pasos hacia la mejora de los derechos humanos en el país, persisten antiguos patrones de violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad que amenazan con descarrilar un bienestar a largo plazo', estima la organización defensora de los derechos humanos en su informe.
La gestión de Abiy de las manifestaciones políticas o de los miles de desplazados que provocan los conflictos entre comunidades -Etiopía es el segundo país del mundo con más nuevos desplazados por conflicto- ha sido cuestionada por varias organizaciones y ONG por los abusos cometidos y otras ilegalidades. EFE

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