AI pide al nuevo presidente tunecino que levante el estado de Emergencia

Túnez, 23 oct (EFE).- Amnistía Internacional instó este miércoles al nuevo presidente electo de Túnez, Kaïes Said, a poner fin de forma urgente a los abusos en nombre de la seguridad, incluido el uso excesivo de medidas represivas como el estado de emergencia, en vigor desde finales de 2015.

En un comunicado con motivo de la ceremonia de jura del cargo que tendrá lugar esta jornada, la organización pidió al mandatario que otorgue prioridad a las políticas que defienden los derechos humanos.

Entre ellas destacó la necesidad de que se comprometa a aplicar las recomendaciones de la comisión de Justicia Transicional, que facilite la elección a los miembros que faltan del Tribunal Constitucional y que mantenga en vigor la moratoria sobre la pena de muerte.

'El presidente Kaïes Said tiene una oportunidad vital para tomar medidas contra las reformas estancadas y señalar su compromiso con los derechos humanos al primar estas medidas clave', dijo Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y África del Norte.

Moyaref insistió en la urgencia de levantar el estado de Emergencia, una prerrogativa concedida a los presientes tunecinos desde 1978 y que fue usada para la represión en tiempos de la dictadura.

Recuperada por el fallecido presidente Beji Caïd Essebsi tras la cadena de atentados que sufrió Túnez en 2015, otorga al poder Ejecutivo amplios poderes para suspender el derecho a la libertad de expresión, reunión, asociación y movimiento.

'Se ha utilizado repetidamente para imponer medidas de emergencia de una manera a menudo arbitraria, discriminatoria y desproporcionada, lo que llevó a una serie de violaciones de los derechos humanos', recordó AI.

La organización advirtió de que el decreto 'carece de supervisión judicial y constitucional, y puede renovarse indefinidamente'.

'Los estados de emergencia deben ser excepcionales y temporales. No deberían convertirse en la nueva normalidad. Deben revisarse periódicamente de manera genuina y las decisiones sobre la renovación no deben dejarse exclusivamente en manos del Ejecutivo', señaló Morayef.

El comunicado de AI también puso el foco sobre la necesidad de avanzar en el sistema de rendición de cuentas, actualmente frenado por los obstáculos puestos al trabajo de la Comisión de la Verdad y la Dignidad (IVD).

La comisión publicó sus hallazgos y recomendaciones en diciembre de 2018, incluida la reforma del sector judicial y de seguridad, la protección del derecho a la vida, y la libertad frente a la tortura y malos tratos.

'Diez meses después, el gobierno aún no ha presentado un plan para implementar las recomendaciones o publicar el informe de la IVD en el boletín oficial, según lo exige la ley', subrayó.

'Pedimos al nuevo presidente que acelere el proceso de justicia transicional publicando el informe en el boletín oficial e instando al gobierno entrante a adoptar un plan claro para aplicar las recomendaciones' de la comisión, que remitió a la Justicia 173 casos de violaciones graves de derechos humanos, indicó.

'Para curar las heridas del pasado, las víctimas deben ser desagraviadas, y hay mucho más trabajo por hacer para garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las graves violaciones de los derechos humanos y evitar la repetición de las mismas', dijo Heba Morayef.

Morayef subrayó la necesidad de completar la formación del Tribunal Constitucional, estancado igualmente debido a la falta de consenso parlamentario.

'El Tribunal Constitucional desempeña un papel crucial para garantizar que se respeten los derechos y libertades consagrados en la Constitución de Túnez. El presidente debe instar al Parlamento a elegir a los miembros restantes de la corte sin más demora', señaló.

Por último, la responsable de AI insistió en la necesidad de mantener la moratoria sobre la pena de muerte, una cuestión polémica ya que el presidente electo se ha mostrado en diversas ocasiones favorable a este castigo.

Aunque no se aplica desde 1991, los tribunales siguen dictando sentencias de muerte, especialmente en casos de lucha contra el terrorismo. EFE

EFE

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