Arranca juicio por muerte de un ucraniano en el servicio de frontera luso
Lisboa, 2 feb (EFE).- El juicio contra tres inspectores del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) luso acusados del homicidio del ciudadano ucraniano Ihor Homenyuk comenzó hoy en Lisboa, casi un año después del suceso que agitó el país y acarreó duras críticas contra el ministro de Administración Interna.
Los tres inspectores empezaron a declarar en el Campus de Justicia de Lisboa acusados del homicidio de Homenyuk, que fue retenido en marzo de 2020 a su llegada al aeropuerto de Lisboa.
Según la Fiscalía, los inspectores le propinaron puñetazos, patadas y golpes con una porra extensible hasta provocarle la muerte.
Tras la paliza, dejaron a la víctima abandonada en una sala del aeropuerto de Lisboa esposado y con los pies atados, y horas después, al ver que no reaccionaba, llamaron a los servicios médicos, que certificaron su muerte.
Los acusados, que están en prisión domiciliaria desde finales de marzo, se declaran inocentes y niegan haber agredido a Homenyuk, con quien sólo usaron la fuerza para esposarle, defienden.
'No fue necesario pegarle porque ya estaba en una posición frágil', declaró uno de ellos este martes en el tribunal y -según recogen medios locales- explicó que fueron llamados porque el detenido estaba 'muy agitado' y cuando llegaron a la sala lo encontraron ya inmovilizado con cinta aislante.
Entonces procedieron a esposarlo 'para garantizar su integridad física', defendió el inspector, que reveló además que el uso de la porra extensible era 'común' en el SEF: 'Es una herramienta de trabajo y nadie me dijo nunca que no podía usarla'.
Otro de los acusados denunció ante el juez que la muerte de Homenyuk 'fue fruto de las deplorables condiciones en las que los ciudadanos extranjeros son detenidos' por el SEF.
DIMISIONES Y BRONCA POLÍTICA
El caso generó en el país una ola de críticas al SEF y provocó, nueve meses después, la dimisión de su responsable y el anuncio de que la entidad será sometida a una reestructuración para 'redefinir el ejercicio de las funciones policiales relativas a la gestión de fronteras'.
En el centro de las críticas se situó el ministro de Administración Interna, Eduardo Cabrita, a quien diputados de varios grupos llegaron incluso a pedir que dimitiera.
Cabrita defendió, no obstante, que él fue 'el primero en actuar' tras la muerte de Homeniuk para investigar lo ocurrido, que 'es inaceptable y está en contradicción con los patrones de respeto que Portugal adopta'.
El Gobierno anunció en diciembre que pagaría una indemnización a la familia de Homeniuk, que finalmente ascenderá a 712.950 euros, cantidad definida por la Defensoría del Pueblo.
Este anuncio se produjo días después de que la viuda del ciudadano ucraniano revelase en una entrevista que tuvo que afrontar sin ayuda los gastos de repatriación y que, hasta ese momento, ningún miembro del Gobierno portugués se había puesto en contacto con ella. EFE
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