Cesado alto cargo de la Lucha contra la Corrupción en Túnez

Túnez, 20 ago (EFE).- El presidente tunecino, Kais Said, destituyó hoy al secretario general de la Instancia Nacional de Lucha Contra la Corrupción (INLUCC), Anouar Ben Hsan, horas después de que las fuerzas de seguridad evacuaran a los empleados de su sede situada en la capital.

En un comunicado de prensa publicado por la Presidencia, la fuente declaró que el responsable será sustituido de manera provisional por un encargado de asuntos administrativos y financieros del organismo sin precisar el motivo de su decisión.

La ONG local Iwatch, especializada en la lucha contra la corrupción, instó al encargado del ministerio del Interior, Ridha Gharsalaoui- en el cargo desde el pasado 29 de julio- a revelar las razones de su actuación y a preservar los expedientes recogidos por la INLUCC que contienen información sensible.

En este sentido, la asociación subrayó la necesidad de proteger la identidad de los lanzadores de alerta que han colaborado con el organismo para denunciar los casos de corrupción.

Semanas antes, la justicia tunecina abrió una investigación contra el expresidente de este organismo, Chawki Tabib, por los cargos de fraude y falsificación de documentos en un caso en el que estaba implicado el entonces primer Ministro Elyes Fakhfakh, acusado de conflicto de intereses y que le llevo a dimitir en julio del año pasado.

La INLUCC fue creada en 2011 con el objetivo de luchar contra una lacra endémica que mancha todos los estratos de la sociedad y que fue uno de los alicientes de las revueltas populares que terminaron con la dos décadas de dictadura de Zine el Abedin Ben Ali.

Sin embargo se trata de un órgano provisional, dependiente del primer Ministro, y que espera desde hace tres años a que el Parlamento nombre a sus miembros para poder ser reemplazada por una instancia constitucional independiente como marca la ley.

En el último informe mundial sobre corrupción de la ONG Transparencia Internacional, Túnez se situó en el puesto 69 de un total de 180 países, apenas cuatro puntos menos que hace una década.

En 2018 la Asamblea aprobó una pionera ley contra el enriquecimiento ilícito y el conflicto de intereses que obliga a los cargos públicos a declarar su patrimonio ante la Instancia en el momento de posesión del cargo, cada dos años y una vez abandonado el puesto, así como cuando haya un cambio significativo en sus rentas.

El pasado 25 de julio el presidente anunció el cese del jefe de Gobierno, Hichem Mechichi, y la suspensión de la Asamblea durante 30 días así como la retirada de la inmunidad parlamentaria 'para recuperar la paz social'; decisión que el partido islamista Ennahda, principal fuerza política, califica de 'golpe de Estado' mientras que otras formaciones consideran que se trata de una 'rectificación' del proceso democrático.

Desde entonces, la justicia ha abierto numerosas investigaciones y ha adoptado medidas cautelares- como la prohibición de abandonar el territorio y arrestos domiciliarios- contra altos cargos de instituciones, magistrados, hombres de negocios y diputados. EFE

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