Comisión de acta con Brasil emite informe sin acuerdo sobre responsabilidades
Asunción, 30 oct (EFE).- La comisión parlamentaria que investiga el acta bilateral de compra de energía con Brasil, que dejó al borde del juicio político al presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, aprobó este miércoles emitir a las dos Cámaras sus conclusiones, con una mitad de las mismas responsabilizando al mandatario de ese acuerdo.
Las conclusiones hasta el momento de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del Congreso se circunscribieron a las responsabilidades sobre ese acuerdo de compra de potencia a la hidroeléctrica de Itaipú, compartida con Brasil.
Ese país dejó sin efecto el acta en julio y con ello ayudó a desactivar la mayor crisis política del Gobierno de Abdo Benítez, a un año en el poder.
El informe, que será también enviado a la Fiscalía junto a toda la documentación obtenida tras meses de estudio y de comparecencias de testigos, comprende seis posicionamientos que agrupaban a los diez parlamentarios que integran la CBI.
Los dos legisladores del Partido Liberal, el mayor de la oposición, entre ellos el presidente de la CBI, Eusebio Ramón Ayala, responsabilizaron de ese acta a Abdo Benítez, así como al entonces canciller, Luis Alberto Castiglioni, y al jefe de la delegación paraguaya, el entonces embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier.
En el mismo sentido se manifestó el senador Jorge Querey, del Frente Guasu (izquierda), quien manifestó que el acta 'dañó los beneficios legítimos de Paraguay'.
Querey se remitió al Congreso para considerar la responsabilidad política del presidente y el canciller por mal desempeño de sus funciones.
A esa postura se sumó también el senador Antonio Barrios, del gobernante Partido Colorado, pero inscrito en la corriente del expresidente Horacio Cartes, el sector del oficialismo enfrentado a Abdo Benítez.
En otra conclusión, los cuatro legisladores liderados por el oficialista Walter Harms llevaron el peso de la responsabilidad de esa negociación a Saguier y su equipo por llegar a 'acuerdos no convenientes a los intereses nacionales'.
Esa posición fue suscrita por el senador oficialista Enrique Bacchetta y por Gregorio Soroka, del sector de Abdo Benítez, quienes concluyeron que el acta, en tanto que luego fue derogada, no fue perjudicial para el país.
Tras el pleno, se acordó que la CBI prosiga su labor en el análisis de otros frentes de ese acuerdo, entre ellos el referente a la supuesta comercialización de la potencia que habría estado también en el acta, y que salpicó al vicepresidente, Hugo Velázquez.
El documento desencadenó una crisis política que estuvo a punto de costar un juicio político a Abdo Benítez.
Ello después de que a finales de julio se conociera que Paraguay había firmado en mayo un acta de compra de energía con Brasil que la oposición calificó como una traición a la patria y una cesión de la soberanía energética al Gobierno de Jair Bolsonaro.
Abdo Benítez reaccionó con la destitución de varios altos cargos de su Ejecutivo, entre ellos Castiglioni, pero la oposición insistió con el juicio político.
Esa iniciativa se esfumó tras la unión de los dos movimientos del Partido Colorado, Colorado Añetete, de Abdo Benítez, y Honor Colorado, de Cartes (2013-2018), hasta ese momento enfrentados. EFE
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