Comisión del Congreso salvadoreño avala proceso para desaforar a viceministro
EFE
San Salvador, 4 dic (EFE).- Una comisión especial de la Asamblea Legislativa avaló este viernes la solicitud de la Fiscalía de someter a un proceso de desafuero al viceministro de Seguridad y director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, decisión que debe ser ratificada en una sesión plenaria.
El Ministerio Público solicitó a principios de noviembre al Legislativo retirar el fuero a Arriaza Chicas para que enfrente un proceso penal por el cargo de incumplimiento de deberes al negarse a llevar por la fuerza a dos ministros ante una comisión especial del Congreso.
En la comisión especial de antejuicio contra el viceministro de Seguridad se emitió 'un dictamen favorable' que fue aprobado con cinco votos. Dos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), dos de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y uno del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
Esta decisión debe ser ratificada por sus colegas en pleno con al menos 43 votos de los 84 legisladores.
De acuerdo con un representante de la Fiscalía General de la República que presentó la solicitud, Arriaza Chicas 'ha incumplido sus deberes al no acatar una solicitud de un órgano de Estado, por lo consiguiente hay un quebrantamiento al Estado de derecho y a la democracia del país'.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, nombró recientemente a Arriaza como viceministro de Seguridad, con lo que le otorgó inmunidad constitucional frente a posibles investigaciones penales solicitadas por el Congreso.
Este nombramiento se dio después de que la Asamblea Legislativa notificara a la Fiscalía la negativa del uniformado de trasladar por la fuerza al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y al de Salud, Francisco Alabí, para explicar el uso de fondos públicos para enfrentar la pandemia por la covid-19.
La legislación salvadoreña establece que el presidente, diputados, jueces del Supremo, ministros, fiscal general y otros funcionarios responderán a la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan.
El Gobierno de Bukele criticó la solicitud de la Fiscalía y varios de sus funcionarios señalaron que es un intento de desmontar el plan de seguridad gubernamental, denominado Plan de Control Territorial. EFE
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