Condenan a tres líderes antimineros de Perú a penas de 7 a 16 años de cárcel
EFE
Lima, 19 ene (EFE).- Una comisión del Congreso peruano acusó este martes al Poder Judicial de 'criminalizar' a tres líderes antimineros que fueron condenados a penas de entre siete y dieciséis años de cárcel por liderar en 2015 las protestas contra el proyecto cuprífero de Tía María, en la región sureña de Arequipa.
La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso manifestó en un comunicado su 'profunda discrepancia' con la sentencia contra los tres dirigentes del Valle de Tambo, donde sigue latente el conflicto entre los pobladores y la empresa Southern, filial del Grupo México.
Las tensiones se remontan hasta 2009, cuando la compañía decidió emprender el millonario proyecto minero de Tía María, que los vecinos del cercano Valle de Tambo rechazan por temor a posibles daños ambientales y afectación de la agricultura.
ENTRE 7 Y 16 AÑOS DE CÁRCEL
El Primer Colegiado Supraprovincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa leyó el pasado 7 de enero el adelanto de la sentencia contra los tres dirigentes acusados de liderar las protestas contra la mina.
Los magistrados condenaron a los imputados a penas de entre 7 y 16 años de cárcel, por los delitos de tentativa de extorsión, disturbios, motín y entorpecimiento de los servicios públicos.
La pena más alta fue para Pepe Julio Gutiérrez Zeballos, expresidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, quien fue sentenciado a 16 años de cárcel.
Jesús Mariano Cornejo Reynoso, presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, fue condenado a siete años y cuatro meses de cárcel, mientras que Jaime De la Cruz Gallegos, exalcalde del distrito de Deán Valdivia, recibió una pena de 12 años y cuatro meses de prisión.
Además, el Poder Judicial ordenó que los tres condenados abonen 100.000 soles (unos 28.000 dólares) en concepto de indemnización al Estado por las protestas, una cantidad que se suma a los 500.000 soles (unos 138.000 dólares) que Pepe Julio Gutiérrez y Jaime de la Cruz Gallegos tendrán que pagar además por los delitos de disturbios y entorpecimiento.
El tribunal, que hará la lectura integral de la sentencia a finales de enero, absolvió a otras 13 personas, que también estaban siendo investigadas por los actos durante las protestas de 2015.
'CRIMINALIZACIÓN DE LOS DEFENSORES AMBIENTALES'
La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso peruano, que preside el parlamentario Lenín Bazán, del ecologista Frente Amplio de izquierdas, reveló en redes sociales su 'disconformidad' con la sentencia.
Para la comisión parlamentaria, el fallo 'criminaliza a los defensores ambientales' y 'contraviene directamente con los estándares internacionales sobre el derecho humano a la protesta social'.
'Nuevamente las consecuencias terminan recayendo sobre el eslabón más débil de la cadena de conflictos sociales: los defensores y defensoras ambientales; mientras a los que los provocan, en este caso la empresa Southern, no les pasa nada', denunció la comisión.
También manifestó su 'profunda discrepancia por cómo se da prioridad a las acciones punitivas' en los conflictos socioambientales en Perú y criticó que hasta la fecha no se hayan determinado las responsabilidades relativas a la 'represión estatal violenta y desproporcionada' que provocó la muerte de tres manifestantes heridos de bala durante las protestas de 2015.
Así, la comisión exhortó a las instancias judiciales a aplicar los estándares internacionales sobre el derecho humano a la protesta para 'evitar que se siga criminalizando su ejercicio legítimo'.
120.000 TONELADAS DE COBRE CADA AÑO
La empresa Southern Perú busca desde 2009 desarrollar el proyecto minero para explotar 120.000 toneladas de cobre refinado cada año en la región de Arequipa, que es el principal productor de cobre (20 % del total) y de molibdeno (45 %) del Perú, así como el tercer productor de oro (14 %).
En concreto, el proyecto Tía María prevé una inversión de 1.400 millones de dólares y dar trabajo, directa e indirectamente, a 13.000 personas, entre la etapa de construcción y la puesta en operación del yacimiento.
Sin embargo, el proyecto ha estado paralizado durante años como resultado de la presión ejercida por los agricultores del Valle del Tambo, que perciben la mina como una amenaza para sus actividades ante el temor a que pueda contaminar el agua con la que riegan sus cultivos.
Las protestas cobraron fuerza entre 2011 y 2015, cuando los enfrentamientos violentos entre la Policía y los manifestantes costaron la vida a siete personas, y en 2019 los vecinos de la región organizaron un paro que se dilató por más de 100 días. EFE
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