Congreso salvadoreño espera decisión de Supremo sobre ley de reconciliación
San Salvador, 13 nov (EFE).- El plazo dado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la Asamblea Legislativa de El Salvador para elaborar una ley que beneficie a las víctimas de la guerra civil concluye esta miércoles a la espera de que el Supremo resuelva una solicitud de los diputados de más tiempo para evitar el desacato.
La referida sala anuló en 2016 una ley de amnistía de 1993 y ordenó a los diputados aprobar una legislación que garantice a las víctimas del conflicto armando (1980-1992) el acceso a la Justicia y a medidas de reparación.
El fallo daba como plazo final para la aprobación de la ley el 13 de julio pasado, pero la misma sala amplió el período hasta este 13 de noviembre.
De acuerdo con Saúl Baños, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), la solicitud de prórroga de la Asamblea Legislativa demuestra 'poca seriedad y poca voluntad política'.
'Entendemos que la Sala de lo Constitucional, al no existir la aprobación de la ley de reconciliación de acuerdo a los parámetros que establece la sentencia de julio de 2016, no tendrá otra opción que aprobar otra nueva prórroga', dijo Baños a Efe.
Apuntó que las organizaciones sociales seguirán pendientes de que los parlamentarios aprueben una iniciativa 'que no sea una ley de impunidad'.
Wilfredo Medrano, de Tutela Legal 'María Julia Hernández', explicó el martes a Efe que si el órgano Legislativo no cumple con el plazo, que vence este miércoles, 'caerían en desacato'.
'En desacato ya estamos', aseguró el diputado opositor René Portillo Cuadra, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), durante la sesión extraordinaria del Congreso en la que se aprobó solicitar más tiempo a los jueces constitucionales.
Con la aprobación de la solicitud de prórroga los diputados se comprometieron públicamente por primera vez en discutir la iniciativa de las víctimas.
La Comisión Política, que reúne los líderes de los partidos con representación legislativa, únicamente ha discutido tres propuestas, mismas que las organizaciones de derechos humanos han catalogado como 'amnistía de facto' de los crímenes de lesa humanidad registrados durante la guerra.
La última propuesta, que se basa en las primeras dos, cuenta con el apoyo, según los activistas sociales, de Arena, del Partido de Concertación Nacional (PCN) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC), todos de derecha.
Entre los puntos cuestionados a la propuesta de los partidos de derecha se encuentra un articulo que busca que las decisiones administrativas de la Fiscalía puedan otorgar el estatus de 'cosa juzgada' a los casos, contrario a lo que establece la legislación salvadoreña que otorga este poder a los fallos judiciales.
De acuerdo con los activistas, el proyecto también estipula dar 'beneficios carcelarios para evitar el cumplimiento real de las penas', resta valor a los archivos históricos como pruebas y la reparación a las víctimas que establece 'no responde a los estándares' dictados en la referida sentencia de 2016.
La anulación de la amnistía de 1993 ha permitido la reapertura de procesos como el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y la matanza de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres (1989).
Por los crímenes cometidos en la guerra civil solo purgan penas de 30 años el coronel Guillermo Benavides, condenado por el crimen de los jesuitas, y José Dimas Valle, cabo de la extinta Guardia Nacional sentenciado por ejecutar a un funcionario local y a dos asesores estadounidenses. EFE