Costa no ve responsabilidad política en envío de datos de activistas a Rusia

Lisboa, 14 jun (EFE).- El primer ministro portugués, António Costa, considera que no hay responsabilidad política del Ayuntamiento de Lisboa por el envío de datos de activistas rusos a autoridades de Moscú y aseguró que nadie cuestiona la posición de Portugal respecto a Rusia.

'No veo cómo puede haber responsabilidad política de algo que no pasa del mostrador del Ayuntamiento de Lisboa', dijo en respuesta a medios portugueses a la salida de la cumbre de la OTAN, en Bruselas.

Costa se refirió así a la polémica que saltó la semana pasada, cuando se conoció que el consistorio lisboeta -de signo socialista, como el Gobierno luso- había compartido con las autoridades rusas nombres, direcciones y contactos de tres activistas que organizaron en enero una protesta junto a la Embajada rusa por la liberación del opositor Alexéi Navalni.

El alcalde lisboeta, Fernando Medina, pidió disculpas por el 'lamentable error' y aseguró que era el procedimiento habitual en todas las manifestaciones, y que el Ayuntamiento ya cambió este protocolo en abril.

'Obviamente, cualquier violación de protección de datos es grave', reconoció hoy Costa, que no obstante subrayó que Medina ya 'adoptó las medidas que se justificaban' y que 'nadie tiene dudas sobre cuál es el papel de Portugal sobre Rusia'.

Costa, que fue alcalde de Lisboa entre 2007 y 2015, dijo que durante su mandato nunca oyó hablar de que hubiese ocurrido un problema similar: 'No es un asunto en el que cualquier político, que yo sepa, haya intervenido o haya tenido conocimiento sobre esa materia', insistió.

Tras conocerse el caso de Rusia, también salió a la luz que el Ayuntamiento de Lisboa había compartido en 2019 datos de activistas propalestinos con la Embajada de Israel; de los organizadores de una protesta en apoyo al Tibet con China, y de ciudadanos que convocaron una acción 'por el pueblo de Venezuela' con las autoridades venezolanas.

El consistorio achaca lo ocurrido a la ley de manifestaciones, que data de 1974 y que el Gobierno socialista va a reformar este año para evitar errores de interpretación.

La Comisión Nacional de Protección de Datos (CNPD) de Portugal ha abierto un proceso de investigación sobre lo ocurrido y los activistas cuyos datos fueron compartidos con las autoridades rusas anunciaron que llevarán el caso a la Justicia.

La polémica ha calentado además la precampaña de las elecciones municipales, que se realizarán después del verano, todavía sin fecha exacta definida. EFE

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