Costa Rica aprueba moratoria fiscal para hacer frente al impacto del COVID-19

San José, 19 mar. (EFE).- El Congreso de Costa Rica aprobó este jueves una ley que establece una moratoria por tres meses al pago de diversos impuestos con el fin de atenuar los efectos económicos que está causando el coronavirus COVID-19.

Esta moratoria aplica para los pagos parciales del impuesto sobre las utilidades, el pago del impuesto al valor agregado (IVA) y de los impuestos para nacionalizar mercadería, en los meses de abril, mayo y junio de 2020.

Según el Gobierno, esta legislación pretende evitar que ante la falta de liquidez y de capacidad para adquirir obligaciones crediticias, las empresas se vean forzadas a utilizar su presupuesto para cumplir con las obligaciones tributarias, en detrimento del pago de las responsabilidades con sus trabajadores.

Este proyecto forma parte del conjunto de medidas extraordinarias que anunció el Gobierno el pasado fin de semana para hacer frente en el ámbito económico a la emergencia que está provocando el coronavirus COVID-19.

El Gobierno ha aclarado que la moratoria se refiere al pago de los impuestos, no a la presentación de las declaraciones, que deberán realizarse dentro de los plazos acostumbrados.

Al finalizar la moratoria, los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre de 2020, para pagar los impuestos de abril, mayo y junio sin intereses.

REDUCCIÓN DE TASAS Y UN PLAN DE AYUDA

Otras acciones económicas anunciadas por el Gobierno costarricense son la reducción en 100 puntos base de la Tasa de Política Monetaria del Banco Central, lo que pretende impulsar una reducción de las tasas de interés para los ciudadanos.

En esa línea, el Gobierno firmó el miércoles una directriz para instruir a los bancos comerciales del Estado para que tomen las medidas necesarias para readecuar los créditos de los deudores afectados por la emergencia generada por el coronavirus.

La directriz insta a los bancos a valorar medidas como: una disminución en las tasas de interés según las condiciones de cada crédito, extensión del plazo de los créditos, prórroga en el pago del principal y/o los intereses por el tiempo que resulte necesario, así como pagos extraordinarios al monto principal sin penalidad.

Este jueves el Gobierno también presentó al Congreso un paquete de iniciativas a las que ha llamado el Plan PROTEGER, las cuales ascienden a unos 1.800 millones de dólares (equivalentes al 3 % del Producto Interno Bruto).

Los recursos provienen de leyes como la del impuesto a las pensiones de lujo, otra para el uso de superávit de entidades públicas, titularización de utilidades del estatal Instituto Nacional de Seguros, así como de empréstitos internacionales con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

“Contamos con la liquidez para financiar una serie de medidas que tendrían como objetivo fundamental proteger a las personas, los trabajos y las empresas. Estos recursos nos dan el resguardo necesario como país para poder atender ante esta emergencia en lo social y económico, por eso le solicitamos a los diputados su apoyo”, dijo el presidente Carlos Alvarado.

CIFRAS DE LA PANDEMIA

Costa Rica acumula hasta este jueves 89 casos de COVID-19 y una persona fallecida, y para controlar el crecimiento de los contagios el Gobierno ordenó el cierre de sus fronteras para extranjeros, la suspensión del curso lectivo y el cierre de bares, discotecas, casinos, gimnasios, instalaciones deportivas, iglesias, parques, y ha suspendido todo evento masivo.

La Cámara Nacional de Turismo dijo que el sector vive una crisis sin precedentes en plena temporada alta, pues la ocupación es prácticamente nula, por lo que ha solicitado al Gobierno medidas que ayuden al sector y a evitar despidos masivos.

El Gobierno también presentó al Congreso un proyecto para la flexibilización de jornadas laborales y la suspensión de contratos a causa de la emergencia. EFE

EFE

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