Crece el clamor de denuncias a Birmania por la represión contra los rohinyás

Carlos Sardiña Galache

Bangkok, 22 may (EFE).- Este sábado se cumple el plazo impuesto por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a Birmania para entregar un informe sobre sus medidas para evitar actos genocidas contra la minoría rohinyá, mientras organizaciones de derechos humanos denuncian que el Gobierno no ha hecho nada para mejorar su situación.

'A los rohinyás en el estado de Rakáin (también conocido como Arakan, en el oeste de Birmania) se les continúa negando sus derechos a la nacionalidad, a la libertad de movimientos y al acceso a servicios, incluida la atención sanitaria', denuncia Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional (AI), en un comunicado publicado este viernes.

Por su parte, Parlamentarios de la ASEAN por los Derechos Humanos (APHR) pedía en otro comunicado que los mandatarios de países del Sudeste Asiático exigieran a Birmania que 'introduzca reformas auténticas' que pongan fin a 'decenios de opresión, violencia y restricciones de derechos contra' esta minoría predominantemente musulmana.

REPRESIÓN EN MEDIO DE LA GUERRA

Los rohinyás han sufrido durante décadas una feroz represión por parte de sucesivos gobiernos, que a principios de los años noventa arrebataron la ciudadanía a la inmensa mayoría de ellos por considerarlos 'inmigrantes ilegales' procedentes de Bangladés, pese a su presencia en el estado Arakan desde hace siglos.

'A pesar de la orden de la Corte Internacional, nada ha cambiado para los aproximadamente 600.000 rohinyás que viven en Rakáin en condiciones deplorables, entre ellos unos 126.000 confinados indefinidamente en campos por las autoridades', señaló Bequelin, de AI.

Además, en los dos últimos años, Arakan se ha convertido en escenario de una nueva guerra que ya ha desplazado a casi 160.000 personas de sus hogares, entre las Fuerzas Armadas birmanas y el Ejército de Arakan, una guerrilla que lucha por la autonomía de los rakáin, la etnia predominantemente budista mayoritaria en el estado.

UN JUICIO QUE PODRÍA DURAR AÑOS

Gambia denunció el 11 de noviembre del año pasado a Birmania ante la CIJ por violar la Convención contra el Genocidio en un juicio cuya primera vista, para dictaminar la imposición de medidas provisionales, se celebró entre los días 10 y 12 de diciembre y que se podría prolongar durante años hasta que el Tribunal dicte sentencia.

La acusación se refiere a 'operaciones de limpieza' lanzadas por el Ejército birmano en el norte de Arakan durante los años 2016 y 2017 como respuesta a ataques a la guerrilla del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA) contra puestos policiales y militares.

Las campañas militares empujaron a más de 800.000 rohinyás a huir a la vecina Bangladés, donde permanecen como refugiados. Tambiñen provocaron el asesinato de al menos unas 10.000 personas, según el informe de una comisión de investigación de la ONU hecho público en 2018 que acusaba al Ejército birmano de haber actuado con 'intención genocida'.

MEDIDAS CAUTELARES

La CIJ decidió el pasado 23 de enero imponer a Birmania una serie de medidas cautelares para prevenir crímenes contra los rohinyás en su territorio, como el asesinato de sus miembros, que incluyen 'la preservación de pruebas relacionadas con las alegaciones' de genocidio, que se estudiarán en futuras audiencias orales, y la entrega de informes periódicos mientras dure el juicio.

El pasado 9 de abril, la Oficina de la Presidencia birmana emitió dos directivas en las que instaba a todos los cuerpos del Gobierno a no cometer actos contemplados en la Convención contra el genocidio y prohibía la destrucción de cualquier prueba en la región de Arakan donde se produjeron las operaciones militares en 2016 y 2017.

Sin embargo, la organización Human Rights Watch (HRW) ya denunció en febrero de 2018 que efectivos de seguridad birmanos habían derruido con ayuda de maquinaria pesada todas las estructuras de al menos 55 poblaciones rohinyás en la zona y el Gobierno no permite el libre acceso de investigadores independientes a la zona. EFE

EFE

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