Datos de fortunas de políticos paraguayos exacerban hastío ante corrupción

Asunción, 25 jun (EFE).- Las fortunas de los políticos paraguayos que salieron a la luz pública a través de sus declaraciones juradas, y cuando el país vive la zozobra económica del coronavirus, han provocado que organizaciones ciudadanas insten a la Fiscalía a una investigación ante sospechas de enriquecimiento ilícito desde la labor pública.

Referentes de algunos de esos grupos señalaron este jueves a Efe que muchas de esas declaraciones evidencian vicios estructurales del país como la corrupción, impunidad y la inacción de la Justicia para combatirlos.

Ello un día después de que la Contraloría General de la República (CGR) diera acceso desde su portal a unas 2.000 declaraciones de bienes de altos cargos entre 1998 y 2017, tras una acción judicial de organizaciones civiles y medios de prensa.

En ese rastreo, algunos medios locales detectaron, en mayor o menor medida, aumentos patrimoniales en las declaraciones de expresidentes como Nicanor Duarte (2003-2008) y Horacio Cartes (2013-2018), ambos del gobernante Partido Colorado (conservador), si bien el segundo era una de las fortunas empresariales del país antes de lanzarse a la política.

En el listado también aparecen congresistas que declararon importantes activos durante su función pública, algunos de los cuales están imputados o investigados por presunta corrupción.

TRANSPARENCIA FRENTE A DEUDAS ESTRUCTURALES

Marta Ferrara, directora ejecutiva de la organización civil Semillas para la Democracia, señaló que a partir de la publicación de esos datos 'se ha visto que los que estuvieron en la Presidencia de la República y en el Congreso en la mayoría de los casos aumentaron de manera descarada su patrimonio'.

Pero al mismo tiempo, consideró que la transparencia es una 'herramienta de consolidación' de la democracia tras la larga dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89), aunque remarcó que es la sociedad civil y algunos medios quienes enarbolaron una bandera que antes logró la aprobación de la ley de acceso a la información pública.

'Tenemos deudas estructurales gravísimas que se van desnudando y la transparencia es una herramienta formidable para ver la radiografía y ahora lo que necesitamos es Justicia para saldar este tipo de corrupción que nos está matando', expresó Ferrara.

Por ello, manifestó que las declaraciones juradas deben ser investigadas ahora por los órganos punibles correspondientes como el Ministerio Público, para juzgar y condenar a 'todo aquel que tiene claramente un patrimonio que no coincide con el trabajo que hizo'.

Sin embargo, Ferrara alertó de decisiones judiciales como la que esta semana sobreseyó al senador oficialista Javier Zacarías y a su esposa Sandra McLeod, que en veinte años se sucedieron como intendentes de Ciudad del Este, segunda urbe del país

Ambos, cuyas declaraciones juradas figuras entre las divulgadas por la Contraloría, afrontan varias causas penales por los delitos de enriquecimiento ilícito y lesión de confianza, y por esta última fueron favorecidos este lunes con el sobreseimientos definitivo.

'Es como un sabor amargo al ver cómo la Justicia le brinda tanta impunidad a los poderosos y cómo persigue a los que no tienen recursos económicos', resaltó Ferrara.

CRITICA A LA FISCALÍA

Al respecto, la activista María Esther Roa, líder de los Ciudadanos Autoconvocados de la Comisión Escrache, dijo que en un 'mundo ideal' la Fiscalía debería haber ya respondido este jueves 'con una resolución para detectar si hay hecho punible' en algunas de las declaraciones expuestas la víspera.

'Pero, sin embargo, la realidad es otra, tenemos un Ministerio Público corrupto que está secuestrado por la clase política corrupta que gobierna nuestro país', lamentó, al tiempo de expresar que 'toda esa cantidad de información, seguramente como otros tantos juicios, va a quedar impune'.

Roa recordó que el vicepresidente del país, Hugo Velázquez, también entre los políticos incluidos en los datos de la Contraloría, fue denunciado por presuntas prácticas corruptas hace varios años, cuando era diputado, por la Coordinadora de Abogados del Paraguay, de la que es parte, sin que la Fiscalía abriera expediente alguno.

Y contrastó lo revelado por la Contraloría con la pobreza de parte de la población, la más afectada por el parón de sus actividades a causa de la cuarentena del coronavirus y que durante la época dura de las restricciones hubo de acogerse a la solidaridad de las ollas populares.

'Esta pandemia, por ejemplo, va a ser otra vez que se hagan nuevos ricos otro grupo de políticos o las mismas autoridades sigan incrementando su patrimonio mientras el pueblo se debate entre la pobreza y la miseria, sobreviviendo con ollas populares', afirmó Roa. EFE

EFE

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