De Nobel de la Paz a alienado político, Oscar Arias expresidente acusado de abuso sexual
EFE
El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, decidió ayer apartarse de las actividades del Partido Liberación Nacional (PLN), hasta que no se esclarezca una denuncia de violación sexual en su contra.
La Secretaría del PLN, con el que Arias llegó al poder en los periodos 1986-1990 y 2006-2010, indicó en un comunicado que dio espacio al expresidente para que se comunicara con el partido y que al hacerlo este jueves, decidió que se aparta de la agrupación.
“El expresidente Arias ha comunicado a esta Secretaría que se apartará del partido y se abstendrá de participar en el directorio Político Nacional, mientras no se aclare definitivamente su situación jurídica”, indica un comunicado del PLN.
El presidente electo del PLN, Guillermo Constela, dijo en un vídeo en sus redes sociales que conversó con Arias para “sugerirle que se retirara temporalmente del partido mientras asume su defensa ante las dolorosas acusaciones por acoso sexual”.
“Mi recomendación sincera a don Óscar es que debe dar un paso al lado”, añadió Constenla.
Arias fue denunciado ante la Fiscalía el pasado lunes por una supuesta violación sexual en perjuicio de una médica activista por el desarme nuclear, caso revelado el martes por el Semanario Universidad.
La violación sexual habría sido cometida en diciembre de 2014, durante una reunión en la que ella buscaba apoyo para su causa antinuclear.
La identidad de esta mujer no trascendió inicialmente, pero los medios ya la han identificado como Alexandra Arce von Herold, hija de una exdiputada del PLN.
Después de esta denuncia, aparecieron dos testimonios más las periodistas Nono Antillón y Emma Daly, quienes aseguran que Arias cometió abusos sexuales contra ellas en los años 1986 y 1990, respectivamente.
Los medios costarricenses también han dado cuenta este jueves de dos testimonios más de mujeres que dicen haber sufrido hostigamiento sexual por parte del Nobel de la Paz.
Se trata de Marta Araya, editora del libro de Arias “Con velas, timón y brújula”, quien asegura que en el 2012 el político la hostigó ofreciéndole masajes.
La otra denunciante es la periodista de la revista costarricense Perfil, Mónica Morales, quien publicó el miércoles en su medio que el exmandatario la hizo pasar “un momento incómodo” durante una entrevista en el 2013.
“Al finalizar la entrevista se desplazó a su escritorio para buscar algunas fotos en su computadora. Allí me insinuó (con un gesto) que me sentara sobre su pierna para que pudiera ver en la pantalla. No sé qué cara hice pero recuerdo que me mencionó que su esposa no se iba a enojar”, relató la comunicadora.
Arias, de 78 años, se ha limitado hasta ahora a enviar, el martes a través de su equipo legal, un comunicado rechazando los cargos que presentó la médica y anunciando que no se referirá más al asunto.
Sobre las otras denuncias no se ha pronunciado hasta el momento.
Los casos denunciados
Los casos revelados en las últimas horas son el de la periodista costarricense Nono Antillón, cuyo testimonio publica el diario La Nación, y el de Emma Daly, directora de comunicaciones de la organización Human Rights Watch, quien denunció su caso en el Washington Post.
Ellas revelaron sus testimonios luego de que el martes el Semanario Universidad publicara que una médica y activista para el desarme nuclear denunció a Arias ante la Fiscalía por una presunta violación sexual cometida en diciembre de 2014, durante una reunión en la que ella buscaba apoyo para su causa antinuclear.
La identidad de esta mujer no ha trascendido, solo el detalle de que es hija de una exdiputada del mismo partido al que pertenece Arias.
Emma Daly denunció su caso en el Washington Post y relató que fue en un hotel de Managua, Nicaragua, en 1990, cuando se acercó al político para hacerle una pregunta y en lugar de responder le tocó los senos y le dijo: “No estás usando brassier”.
Daly, quien en ese tiempo se desempeñaba como periodista para el periódico costarricense en inglés The Tico Times, comentó en el reportaje que no presentó una denuncia formal contra Arias porque consideraba que para la época ese tipo de comportamientos eran comunes en América Central.
Por su parte, Antillón dijo a los medios locales que el hecho ocurrió en 1986, cuando tenía 25 años y trabajaba como asesora de prensa de Arias en la campaña hacia las elecciones presidenciales de ese año.
“Estaba sentada frente a su escritorio, se me acercó, me tomó la mano y me la puso en su pene que estaba erecto. Yo lo empujé y me puse de pie y él se me lanzó. Me cogió por los hombros, me tiró contra un ropero y me empezó a toquetear”, relató Antillón a La Nación.
En las redes sociales se pueden apreciar comentarios de todo tipo en favor y en contra de las denunciantes, y también ha nacido la etiqueta #Yotecreo, con la que las personas están mostrando apoyo a las denunciantes.
Arias, de 78 años, se ha limitado hasta ahora a enviar, el martes a través de su equipo legal, un comunicado rechazando los cargos que presentó la médica y anunciado que no se referirá más al asunto.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, dijo este miércoles que se deben cumplir “las garantías para las mujeres denunciantes en este y cualquier caso, para que se proceda como corresponda” y también “el derecho a la defensa” del expresidente Arias.
La expresidenta Laura Chinchilla (2010-2014), quien fue vicepresidenta entre 2006 y 2008 del segundo Gobierno de Arias (2006-2010), expresó en las redes que ha sido defensora de los derechos de las mujeres y que “como tal condeno toda conducta de violencia y acoso de cualquier naturaleza hacia las mujeres”.
“La experiencia confirma que para las mujeres víctimas de acoso sexual, resulta en extremo difícil denunciar el caso por las relaciones de poder que operan en su contra y las intimida, y por la estigmatización de que pueden ser objeto. Como sociedad tenemos la obligación de apoyar a las víctimas para que rompan su silencio y los abusos no queden impunes”, afirmó.
Sobre el caso de Arias señaló que “la justicia está obligada a actuar con celeridad y seriedad”, y que “ante el rechazo de cargos que ha hecho don Oscar, se le deberá garantizar su derecho a la defensa y a plantear su descargo”.
La presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, también se pronunció y mostró su esperanza de que el proceso judicial sea respetuoso con las partes y se haga justicia.
La abogada especialista en Derechos Humanos y género, Larissa Arroyo, explicó hoy a Efe que la violencia de género es un problema estructural en Costa Rica que deja en evidencia las falencias del sistema judicial.
Arroyo, directora de la ONG de Derechos Humanos Asociación Ciudadana Acceder, afirmó que en el caso de violación sexual, las leyes sí dan garantías en el proceso penal, pero en los de abusos o hostigamientos no hay garantías y la mujer queda prácticamente al juicio social y público.
Violencia de género, una situación estructural
La abogada especialista en derechos humanos y género, Larissa Arroyo, dijo que la violencia de género es un problema estructural en Costa Rica, un país que ha sido sacudido por tres denuncias de supuesto abuso sexual contra el expresidente costarricense y Premio Nobel de Paz Óscar Arias.
“En general el asunto de la violencia basada en género contra las mujeres es un problema estructural, no es algo que pasa solamente en Costa Rica, sino alrededor del mundo, en donde hay roles y estereotipos de género que están todavía en el seno del mismo sistema de justicia y hace que las mujeres no se vean incentivadas a poner la denuncia”, explicó Arroyo este miércoles a Acan-Efe.
El tema ha tomado relevancia especial en el país luego de que una médica activista de una ONG por el desarme nuclear presentara ante la Fiscalía el pasado lunes una denuncia contra Arias por una supuesta violación sexual que habría ocurrido en diciembre de 2014.
Este miércoles dos mujeres más hicieron públicos sus testimonios en los que afirman haber sufrido abusos sexuales del exmandatario.
Arroyo, directora de la ONG de derechos humanos Asociación Ciudadana Acceder, afirmó que en el caso de violación sexual, las leyes sí dan garantías en el proceso penal, no así cuando se trata de abusos u hostigamientos por lo que en esos casos la mujer queda prácticamente al juicio social y público.
“Queda en evidencia que aquella mujer que denuncia se va a ver expuesta a un juicio mediático en donde asumen que la mujeres que denuncian lo hacen por dinero. Además hay otro gran problema como lo es la prescripción y el caso de las pruebas, porque la violencia sexual usualmente se da en espacios cerrados, donde no hay testigos, en si la mujer fue gentil o si dijo que no”, destacó.
Según Arroyo, este tipo de violencia no ha sido atendida por los Estados, que son los principales encargados de romper con los estereotipos en el sistema judicial o realizar campañas de sensibilización.
“Todo esto tiene que ver con la violencia intrafamiliar, los feminicidios, que un expresidente es acusado por violencia; por eso cuando decimos que es violencia estructural hablamos de que está en todos lados, en la familia, en el cine, en la televisión, en el sistema de salud, en la desigualdad, y todo es parte de un mismo problema”, dijo la abogada.
Según Arroyo, existen en la sociedad diferencias entre los hombres y las mujeres, que no necesariamente son percibidas como personas que pueden tomar decisiones, sino como “objetos de la mirada y del deseo masculino”.
“Por eso es que cualquier medida que se vaya a tomar tiene que tomar en consideración que se trata de un problema estructural, que no es Óscar Arias, o algo aislado, sino un problema sistemático y de cómo los manejan los Estado”, puntualizó Arroyo.
La especialista en derechos humanos y género recomendó a las mujeres que sufren o han sufrido este tipo de violencia que hablen y busquen apoyo de organizaciones de mujeres, ya que el proceso puede ser desgastante.
“El hablar hace que se evite la violencia para otra mujer, es decir, cuando hablamos y denunciamos no solo lo hacemos por nosotras sino también por otras mujeres que no han tenido las condiciones. Esto también hará que salgan otros casos a la luz, como lo sucedido en Costa Rica”, afirmó Arroyo.
En Costa Rica desde el 2007 se cuenta con la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer que tiene como objetivo principal la protección de los derechos de las víctimas de violencia y la sanción de todas sus manifestaciones, física, psicológica, sexual y patrimonial, en contra de las mujeres mayores de edad.
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