Demandan otra vez a la periodista filipina Maria Ressa por ciberdifamación

Manila, 19 jun (EFE).- La conocida periodista filipina Maria Ressa tiene pendiente una segunda demanda por ciberdifamación, interpuesta por el empresario Wilfredo Keng el pasado 13 de febrero a causa de un tuit publicado un año antes por la directora de Rappler, informó hoy ese medio.

Maria Ressa ya fue declarada culpable el lunes de ciberdifamación a raíz de una demanda presentada también por Keng en 2017 debido a un artículo publicado por Rappler en mayo de 2012, en el que el empresario era vinculado con el tráfico de drogas y la trata de personas, alegaciones basadas en un informe de la inteligencia.

Por esa demanda, Ressa y el periodista Reynaldo Santos -autor del artículo- pueden enfrentarse a entre 6 meses y 6 años de prisión, aunque la sentencia aún no es firme.

En esta nueva querella, Keng demanda a la periodista por un tweet del 19 de febrero de 2019, que mostraba capturas de pantalla de un artículo ahora retirado en la página web del periódico Philstar, que relacionaba al empresario con el asesinato del exconcejal de Manila Chika Go.

El Philstar retiró el artículo al día siguiente de su web después de que los abogados de Keng amenazaran con emprender acciones legales.

La dirección del medio indicó que querían ser 'prudentes' ya que 'el alcance y los límites de la Ley de Prevención de Delitos Cibernéticos de 2012 -la que sirvió de base para condenar a Ressa- aún no han sido explorados', informa hoy Rappler.

Según la querella de Keng de once páginas, al publicar ese artículo, Ressa 'difundió imputaciones maliciosas' contra él 'con sus 350.000 seguidores y cualquier persona con acceso a internet'.

Los supuestos vínculos de Keng con las drogas y el tráfico de personas que citaban los artículos de Rappler y de Philstar se basaron en un informe confidencial de inteligencia, obtenido por el veterano periodista de investigación Aries Rufo, fallecido en 2015 y quien contribuyó en la historia de Santos.

La condena por ciberdifamación de Ressa y Santos del pasado lunes ha sido muy cuestionada por expertos legales en Filipinas, ya que el delito de difamación prescribe después de un año y la demanda de Keng se produjo 5 años después de la publicación del reportaje.

Sin embargo, el Departamento de Justicia admitió a trámite la demanda en base a una reciente ley de Delitos Cibernéticos y estableció que la ciberdifamación prescribe a los 12 años.

Otra irregularidad es que la ley se aprobó en octubre de 2012, cinco meses después de la publicación del reportaje, por lo que se aplicó con carácter retroactivo. La fiscalía se apoyó en el hecho de que un error tipográfico se corrigió en 2014, para alegar la 'republicación' del mismo y eludir el escollo de la retroactividad.

Ressa tiene otros siete casos criminales pendientes relacionados con evasión de impuestos y la ley de propiedad de medios filipinos, causas que ella achaca a una 'persecución política' por el periodismo crítico de Rappler con el gobierno de Rodrigo Duterte, quien no ha ocultado su animadversión hacia el medio. EFE

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