Detención de un rapero tunecino reaviva el debate sobre el consumo de drogas

(corrige el cuarto párrafo)

Natalia Román Morte

Túnez, 12 may (EFE).- La reciente detención de un popular rapero tunecino por posesión de marihuana ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el consumo de drogas, un delito castigado con entre uno y cinco años de cárcel y multas de hasta 960 euros, y que representa el 30 % de las encarcelaciones en el país.

Ala Ferchichi, conocido como A.L.A, fue liberado el pasado 8 de mayo tras 72 horas de detención después de que la policía encontrase un cigarrillo de 'zatla' (cannabis en dialecto tunecino) en su vehículo y por el que deberá comparecer ante la justicia el próximo 17 de junio acusado de 'detención por posesión' de estupefacientes.

Ferchichi, sin embargo, evitará la prisión gracias a una enmienda aprobada en 2017 que permite a un juez tener en cuenta las circunstancias atenuantes, como ser un consumidor sin antecedentes, algo que le permite recurrir a un tratamiento médico o multa como alternativa, explicó a Efe su abogado, Ghazi Mrabet.

Una medida legal anunciada como 'provisional' a la espera de una revisión de la política penal que no llega a pesar de las diferentes promesas electorales.

'Aunque fue un logro político, a día de hoy todavía hay entre 5.000 y 6.000 personas en prisión provisional por este tipo de casos', afirma el letrado, que milita desde hace años contra la conocida 'ley 52', que castiga por igual drogas blandas y duras.

Sin embargo, Mrabet confía en que el nuevo primer ministro, Elyes Fakhfakh, que se mostró favorable a su despenalización durante la campaña electoral para las presidenciales, sí cumplirá su palabra.

'Con la legislación actual el consumidor es un criminal o, en el mejor de los casos, un enfermo », denuncia Karim Chaiir, miembro del Colectivo por la Legalización del Cannabis (COLEC), creado hace año para defender un proyecto de ley que legalice su producción, comercialización y consumo a través de una institución pública de gestión basada en el modelo canadiense.

'Nuestra prioridad es legalizar el consumo médico para más tarde aprobar el consumo recreativo. Queremos dar solución a un problema de salud pública pero también socioeconómico', explica este profesor universitario de matemáticas, para quien la clave está en sensibilizar a la opinión pública.

Los beneficios, argumenta Chaiir, serán la reducción de la población carcelarial, el control sanitario, la lucha contra la drogodependencia y la criminalidad pero, sobre todo, una fuente de ingresos para las arcas públicas estimada en 460 millones de euros anuales y la creación de 150.000 empleos directos e indirectos.

'Según la Asociación Tunecina de la Lucha contra la Dependencia, con 12 millones de habitantes, hay un millón de consumidores, de los cuales 400.000 serían dependientes', revela el activista, preocupado por el consumo cada vez más precoz de las nuevas generaciones.

Una de las defensoras de esta iniciativa es Khawla Ben Aïcha, exdiputada del partido Machrou Tounes, que duda que se logren avances durante esta legislatura debido a que el gobierno es heterogéneo- formado por una coalición de cinco partidos- y existe una mayoría parlamentaria conservadora 'ya sean islamistas o se reivindiquen demócratas'.

Para que esta propuesta salga adelante, insiste, necesitará el apoyo de un mínimo de diez parlamentarios dispuestos a debatir en la Asamblea y deberá ser aprobada por 109 votos de un total de 217 representantes.

'De la misma manera que el Estado tiene el monopolio del alcohol y del tabaco, este proyecto propone hacer lo mismo con el cannabis', sostiene este consultora en marketing, convencida del servicio público que supondrá reinvertir los beneficios en sanidad y educación.

'Pasar por un año de cárcel no sólo no evita la reincidencia sino que destruye la vida de los jóvenes', defiende Ben Aïcha y señala al Ministerio de Sanidad como el principal responsable al 'rechazar la clasificación de las drogas'.

La 'ley 52', considerada anacrónica y represiva por las organizaciones de Derechos Humanos, nació en la década de los noventa tras el escándalo del 'Couscous Connection', una red internacional de tráfico de drogas y blanqueo de dinero en el que se vio implicado el hermano del exdictador Zine el-Abidine Ben Ali.

'Ben Ali quería mostrar al mundo su lucha contra las drogas', recuerda Khaled, detenido en 1998 cuando apenas contaba la treintena. Una noche mientras dormía en casa, relata, una docena de policías acompañados de perros registraron su domicilio 'como si fuera el mismísimo Pablo Escobar'.

'Entonces no teníamos ni derecho a un abogado, ni a contactar a nuestras familias ni a una rebaja de la pena', asegura Khaled, quien no cree que la ley salga adelante, mientras revive sus dos años de encierro, acusado sin pruebas de importación y consumo de estupefacientes. EFE

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