Detienen a dos anarquistas chilenos condenados por atentado en España en 2013

Santiago de Chile, 24 jul (EFE).- La Policía chilena detuvo este viernes a una pareja de anarquistas imputados por el envío y colocación de varias bombas en la capital del país entre 2019 y 2020, y que en 2013 habían sido condenados en España por cometer un atentado en la Basílica del Pilar de Zaragoza.

Se trata de Francisco Solar (41 años) y Mónica Caballero (32 años), a quienes se les responsabiliza del envío de una bomba al exministro del Interior chileno Rodrigo Hinzpeter y otra a una comisaría en 2019, además de la colocación de un artefacto explosivo en un acaudalado barrio de Santiago de Chile en 2020.

'Los antecedentes que ha reunido la Fiscalía dan cuenta de cuantiosa evidencia que dice relación con evidencia biológica, fotográfica, fílmica, y una serie de otras evidencias que dan cuenta de manera clara y precisa la participación que tuvo cada uno de ellos en los hechos que se les va a imputar en la audiencia', dijo el fiscal Hérctor Barros.

Los detenidos son viejos conocidos de la Justicia chilena, pues en 2006 habían sido acusados junto a otras personas de instalar más de un centenar de bombas en la capital chilena desde ese año, caso conocido como 'Bombas I' y por el que al final resultaron absueltos en 2012.

'Este es un caso completamente diferente. Y nosotros estamos hablando de evidencia biológica, de un estándar mucho más alto del que se exige normalmente y con evidencia fílmica', explicó el fiscal al respecto.

ATENTADO EN ESPAÑA

Tras ello, ambos se trasladaron a España, donde fueron detenidos y condenados por colocar en octubre de 2013 en la Basílica del Pilar de la ciudad de Zaragoza (noreste) un artefacto que estalló en la nave central y que estaba compuesto por una bombona de butano, dos kilos de pólvora y un reloj activador.

El atentado causó daños en algunos bancos de madera situados frente al altar mayor y lesiones en un oído a una mujer que se encontraba en el templo.

La Audiencia Nacional de España los condenó a 12 años de cárcel, pero el Tribunal Supremo rebajó la pena, al considerar que los daños por el atentado no afectaron gravemente a bienes de interés cultural e histórico.

La defensa de los condenados invocó el artículo 89 del Código Penal español, que establece que las penas de más de un año de prisión en contra de un ciudadano extranjero pueden ser reemplazadas por su expulsión del territorio nacional, y ambos regresaron en 2017 a su país en condición de ciudadanos libres, ya que carecían de causas pendientes con la Justicia chilena. EFE

EFE

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