Devolución de pensiones en Perú enfrenta nuevamente a Ejecutivo y Congreso

Mónica Martínez

Lima, 25 ago (EFE).- El Congreso de Perú puso contra las cuerdas nuevamente al Ejecutivo al aprobar un proyecto de ley que ordena la devolución de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, una iniciativa rechazada por el Ministerio de Economía y que llegará muy probablemente al Tribunal Constitucional para ser resuelta.

Con esta medida, el Parlamento busca que los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones, que son más de 4,7 millones de personas, que aún no llegan a la edad de la jubilación o que no hayan podido acceder a una pensión a los 65 años, por cotizar menos del tiempo mínimo, puedan hacer el retiro de sus aportes, hasta por un máximo de 4.300 soles (1.200 dólares).

Asimismo, que los actuales pensionistas, que ascienden a medio millón de personas, puedan recibir un bono equivalente al sueldo mínimo de 930 soles (265 dólares), con el fin de afrontar la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19.

MÁS DE 5.000 MILLONES DE DÓLARES

Este desembolso equivaldría a cerca de 20.000 millones de soles (5.700 millones de dólares) y al cual se opone la ministra de Economía, María Antonieta Alva, porque el sistema estatal de pensiones funciona como un esquema de reparto, donde el aporte de cada trabajador se destina al pago de los pensionistas actuales.

En forma similar al sistema privado de pensiones, los trabajadores aportan 13 % de su salario para recibir una pensión de jubilación a partir de los 65 años administrada por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Sin embargo, en el caso del sistema privado, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) llevan cuentas individuales por cada afiliado y su pensión dependerá del tamaño del fondo acumulado.

Eso no ocurre con los fondos del sistema público, que ingresan en una cuenta general común de la que se extrae el dinero para pagar a los jubilados.

Con el argumento de la caída de ingresos por la pandemia, este mismo Congreso aprobó en abril el retiro del 25 % de fondos de las AFP para sus afiliados y prometió una medida equivalente con los aportantes del sistema público.

'Acá hay una sumatoria de leyes que están siendo aprobadas, seguramente el Ejecutivo la va a observar, probablemente llegue al Tribunal Constitucional porque en el fondo hay una actitud de gasto y todos sabemos que el Congreso si hay algo que no puede hacer es eso', declaró a Efe el economista César Peñaranda.

CONGRESO ACELERA DEVOLUCIONES

En una sesión que terminó la madrugada de este martes, el pleno del Parlamento aprobó por 106 votos a favor, tres en contra y 15 abstenciones el texto sustitutorio, que reunió varios proyectos elaborados por distintas comisiones para facilitar el retiro de los aportes de los afiliados a la ONP.

Los legisladores establecieron un plazo de 30 días para la entrega del 50 % de los aportes y de otros 90 días para el saldo, y los afiliados tendrán 30 días, después de publicada la norma, para presentar sus solicitudes.

No obstante, la ministra Alva ha insistido, desde que se empezó a debatir el tema en el Legislativo, en que 'es imposible devolver plata que no existe'.

'Les he explicado siempre que he podido (a los congresistas) que el sistema público de pensiones se llama sistema de reparto, justamente porque la plata ingresa de las personas que trabajan y automáticamente se reparte a los jubilados', afirmó la titular de Economía.

Alva criticó que el Congreso adopte decisiones que puedan 'hipotecar el futuro del país', cuando se está atravesando una pandemia con graves efectos en la economía.

Peñaranda agregó que 'no hubo un entendimiento pleno' del tema en el Congreso, o en todo caso 'a pesar de ello ha procedido de una manera, por decir lo menos, irresponsable porque a ello se suma en un momento tan difícil desde el punto de vista fiscal, donde se proyecta un déficit fiscal para este año del 10 %'.

'Desde todo punto de vista es lamentable conocer esto, complica la situación económica del país y particularmente las finanzas públicas', indicó Peñaranda, tras recordar que la disciplina fiscal de las últimas décadas le permitió a Perú alcanzar el anhelado grado de inversión.

GOBIERNO OBSERVARÁ PROYECTO

El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, confirmó que 'indudablemente, como Gobierno, tenemos que observar la norma, porque no solo trae un desequilibrio económico y es inconstitucional, sino también trae un perjuicio a futuro a todos aquellos que aportaron y que podrían quedarse en el sistema de pensiones y tener acceso a la atención de (la seguridad social) Essalud'.

Martos reconoció a RPP Noticias que 'hay muchas personas que han aportado una cierta cantidad de años pero, si no llegan a cumplir los 20 años (de aportes), no reciben una pensión ni una compensación a cambio. Esto, indudablemente, se tiene que reformular'.

Planteó, en su lugar, otorgar una 'bonificación económica en forma gradual y proporcional' sobre la base de los aportes de los afiliados afectados.

VULNERA DERECHO A LA PENSIÓN

La titular de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, explicó que el proyecto de ley 'afecta el derecho a la pensión que debería ser intangible, dedicado para las pensiones', tal como está previsto en la Constitución Política.

'Independientemente del monto, es inconstitucional por la iniciativa de gasto y la afectación al derecho de las pensiones', comentó Neyra con Canal N.

La reforma del sistema de pensiones es una de las propuestas planteadas por el presidente Martín Vizcarra, que tendrá que ser aprobada por el gobierno y el Legislativo que sean electos el próximo año.

El analista Peñaranda coincidió en que 'hay temas problemáticos en el sistema de pensiones que han debido corregirse hace tiempo, (porque) no hay ningún derecho de que personas que aportan mensualmente a la ONP, si es que no tienen 20 años (de contribución) no van a recibir ni medio, eso es simplemente absurdo'.EFE

EFE

Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.